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Walter Luciani, empleado municipal y ex Secretario de Trabajo, elevó un pedido a la Legislatura para extender el régimen diferenciado a todos los trabajadores que realizan tareas penosas, y están reconocidas como tales por ley. “Nosotros estamos totalmente de acuerdo con que los docentes tienen que tener un régimen diferenciado, pero estamos en contra de que solamente se trate el régimen diferenciado para los docentes, porque hay otros trabajadores que a nivel nacional están reconocidos por tareas penosas e insalubres, con envejecimiento prematuro”, aseguró. Sostuvo que están “todas las herramientas” e incluso el decreto reglamentario que establece como autoridad de aplicación el Ministerio de Trabajo, para llevar adelante la calificación de este tipo de tareas.

Río Grande.- Walter Luciani, empleado municipal y ex Secretario de Trabajo, dio a conocer por Radio Universidad 93.5 y Provincia 23 el proyecto presentado a la Legislatura junto con Rodolfo Perpetto para extender a todas las tareas reconocidas como penosas el régimen diferenciado que están pidiendo los docentes.

“Nosotros estamos totalmente de acuerdo con que los docentes tienen que tener un régimen diferenciado, pero estamos en contra de que solamente se trate el régimen diferenciado para los docentes, porque hay otros trabajadores que a nivel nacional están reconocidos por tareas penosas e insalubres, con envejecimiento prematuro, como por ejemplo la gente que trabaja en el matadero. Hay un decreto-ley a nivel nacional que considera tarea insalubre la faena, y nosotros tenemos una ley que se dictó cuando era Secretario de Trabajo, que reconoce las tareas penosas, insalubres, riesgosas y que provocan envejecimiento prematuro. En esa época se le otorgó la jubilación al veterinario Pedro Méndez, dentro de este régimen. Fue el único que tuvo esa posibilidad, fuera de los docentes y radiólogos, de jubilarse por un régimen especial que ya está establecido. Los trabajadores del cementerio también necesitan un régimen especial”, dijo.

“Se tendría que tener en cuenta a los sectores que ya están reconocidos a nivel nacional y en la legislación provincial. Tenemos todas las herramientas e incluso el decreto reglamentario dice que el Ministerio de Trabajo es la autoridad de aplicación para llevar adelante la calificación de este tipo de tareas, pero miran para otro lado como los pingüinos del escudo”, cuestionó.

Malas liquidaciones

Además criticó la forma en que se liquidan los haberes jubilatorios porque “la caja es una sola, pero en el sistema jubilatorio había 32 estamentos distintos para establecer los coeficientes de aumento para cada sector. La jubilación se liquida en función del lugar en que trabajó y es totalmente contrario a lo que debiera ser. Si tenemos un sistema solidario de reparto, debe haber una uniformidad en los aumentos jubilatorios. El tema es que algunos pícaros llevaron adelante este invento del coeficiente, que es inconstitucional, porque esto corresponde hacerlo por ley y no lo puede hacer el Ejecutivo”, afirmó.

“Dentro de este coeficiente hay gente que tiene un día de antigüedad, porque entró ayer a trabajar, y gente que tiene 25 años de antigüedad; y los jubilados en su mayoría tienen entre 25 y 30 años. Es decir que le están dando un aumento a los jubilados de acuerdo a cómo cobró el aumento una persona que entró a trabajar ayer. El que se jubiló con categoría 23, con antigüedad, tendría que estar cobrando 150 mil pesos en actividad y como jubilado cobra 90 mil pesos”, sostuvo.

De acuerdo a este ejemplo, no llega al 82% móvil y “ese porcentaje es ficticio, porque es el 82% móvil de los últimos 120 recibos de sueldo, y hace 120 recibos de sueldo atrás seguramente cobraba un 20% menos de antigüedad. Esto no pasaba cuando conformaban en el haber previsional con los sueldos de los dos últimos años y los dos mejores meses de esos dos últimos años. También estaba mal y no digo que hay que robarle a la caja, sino que se pague lo justo”, planteó.

“Acá nos regimos por lo que dice el gobernante de turno y no por la Constitución, que es clara. El jubilado tiene que cobrar un porcentaje cercano a lo que cobra el trabajador activo, pero acá se quiere favorecer a todos y el que aportó 30 años cobra lo mismo que el que nunca aportó. Esto empezó entre 2014 y 2015 -en la gestión Ríos- y es contemporáneo con haber unificado en uno solo todos los ítems de los haberes jubilatorios, y así esconden todo. Si lo pusieran detallado, se darían cuenta de que les están robando, pero igual se dan cuenta de que les roban porque la plata no les alcanza. La reforma de Bertone perjudicó muchísimo, y el que puso en funciones este coeficiente fue Rubén Bahntje, porque según su ideología nos tendríamos que morir jóvenes para no gastar plata. Además, están yendo contra el derecho a la información que tienen los jubilados, porque les deben informar lo que les están pagando. Lo esconden para que no se den cuenta”, reiteró.

“No hemos escuchado decir a ningún sindicalista que el sueldo básico de los empleados públicos está por debajo del salario mínimo vital y móvil, y estamos 10 mil pesos por debajo. La ley dice que ningún trabajador puede cobrar menos de 47 mil pesos de base, que es el básico de un trabajador, y resulta que un empleado categoría 24 de la municipalidad no llega a cobrar el salario mínimo vital y móvil. Ellos intentan hacerle creer a la gente que, como se suma la zona, forma parte del salario, pero no es así. El sueldo básico tiene que ser de 47 mil pesos como mínimo”, dijo.

Por otra parte, consideró inconstitucional la ley del FUCO, “donde agarran todo el dinero de la seguridad social y encima en la misma ley dice que el gobernador puede usar la plata de esa cuenta y devolverla a los doce meses. La Constitución dice que es intangible el fondo de la seguridad social”.

Recordó que en la gestión Bertone se dictó la ley de emergencia previsional y “en los artículos 25, 26, 27 y 28 de esa ley están reconociendo la deuda histórica de 208 millones de dólares a los trabajadores, pero todavía no la pagaron. En 2015 tanto la caja de previsión como la obra social funcionaban muchísimo mejor que ahora. Tenemos legisladores de extracción gremial y, si bien tengo un gran respeto por Daniel Rivarola, me gustaría que le preguntaran qué pasaría si le dieran el manejo de la obra social del centro de empleados de comercio a los dueños de La Anónima. Sin embargo, hace meses están pensando si está bien que la obra social estatal la tenga el gobierno o los trabajadores. Lo primero que hay que hacer es leer la Constitución Nacional en su artículo 14, donde dice que la administración de la seguridad social tiene que estar en mano de los trabajadores”, recomendó.

“Los contratos de servicio aportan a ANSES, no a la caja provincial”, dijo finalmente.