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La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Natalia Gracianía, fundamentó su voto a favor del proyecto impulsado por Jorge Lechman poniendo el eje en la crisis financiera de la provincia y la necesidad de priorizar recursos.

Ushuaia.- En el marco del debate legislativo que culminó con la derogación de la Ley Provincial N° 1529, la legisladora Natalia Gracianía dejó planteada una posición que combinó coherencia política, cuestionamientos a la agenda del Ejecutivo y una fuerte advertencia sobre la situación financiera de la provincia. Desde el bloque de La Libertad Avanza, la dirigente ratificó una postura que, según señaló, sostiene desde antes de asumir su banca: la reforma constitucional no forma parte de las prioridades de la sociedad fueguina en el contexto actual.

“La agenda impulsada por el Ejecutivo no coincide con las urgencias de la gente”

Gracianía enmarcó su intervención en una crítica directa a la desconexión entre las decisiones del gobierno provincial y la realidad que atraviesan los fueguinos. Señaló que la agenda impulsada por el Ejecutivo no coincide con las urgencias de la población y sostuvo que esa distancia se profundiza en un escenario marcado por la escasez de recursos. En ese sentido, remarcó que la provincia enfrenta dificultades para cumplir con sus obligaciones básicas y que, incluso, ha debido recurrir a adelantos de coparticipación nacional para sostener su funcionamiento.

A partir de ese diagnóstico, la legisladora planteó que el debate sobre la reforma constitucional queda relegado frente a la necesidad de garantizar el funcionamiento de áreas que definió como indelegables: educación, salud y seguridad. Según expresó, el Estado provincial no cuenta hoy con los recursos suficientes para dar respuesta a las demandas existentes en esos sectores, lo que obliga a priorizar cada decisión que implique el uso de fondos públicos.

En su exposición, también hizo referencia a una serie de situaciones concretas que reflejan la gravedad del escenario económico. Mencionó la crisis de la obra social estatal OSEF, las dificultades en el financiamiento del sistema educativo y los problemas en el área de seguridad, poniendo especial énfasis en la situación de los policías territoriales, quienes —según indicó— acumulan una deuda millonaria tras meses sin percibir sus haberes previsionales. A esto sumó los datos expuestos previamente por el Ministerio de Economía, que hablan de un déficit estructural superior a los 220 mil millones de pesos y un rojo mensual cercano a los 27 mil millones, cifras que, a su entender, condicionan cualquier decisión que implique nuevas erogaciones.

“La provincia no está en condiciones de afrontar gastos”

En ese marco, Gracianía puso el foco en el costo concreto del proceso electoral convocado para elegir convencionales constituyentes. Recordó que el decreto firmado por el gobernador Gustavo Melella instruye al Ministerio de Economía a garantizar los recursos necesarios para llevar adelante la elección, lo que implica realizar adecuaciones presupuestarias en un contexto de fuerte restricción fiscal. Frente a ello, planteó la necesidad de actuar con responsabilidad en el manejo de los fondos públicos y cuestionó la oportunidad de avanzar con un gasto de esa magnitud cuando existen múltiples áreas críticas que requieren financiamiento urgente.

La legisladora también dejó en claro que no cuestiona la potestad institucional del Ejecutivo para convocar a elecciones, marcando un respeto por las atribuciones constitucionales del gobernador. Sin embargo, sostuvo que esa facultad no exime a la dirigencia política de evaluar el contexto en el que se ejercen esas decisiones. En esa línea, consideró que la Legislatura tiene la responsabilidad de intervenir cuando entiende que el rumbo adoptado no responde a las prioridades de la provincia.

Finalmente, Gracianía confirmó el acompañamiento de su bloque al proyecto de derogación impulsado por Jorge Lechman, argumentando que se trata de una decisión coherente con la postura que viene sosteniendo desde el inicio del debate. “No estamos en condiciones de afrontar este gasto”, sintetizó, dejando en claro que, desde su perspectiva, el problema no radica únicamente en la discusión constitucional, sino en la capacidad real del Estado para financiarla.

Su intervención volvió a poner en evidencia uno de los ejes centrales que atravesaron toda la sesión: la tensión entre la agenda institucional y las limitaciones económicas. En ese cruce, el bloque de La Libertad Avanza optó por priorizar el orden fiscal y la asignación de recursos a las áreas críticas, contribuyendo así a consolidar la mayoría que terminó dejando sin efecto la ley de reforma constitucional.