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“La gobernanza del fondo de desarrollo para nosotros es una cuestión crítica”

El Secretario de Industria dio a conocer las reuniones técnicas de las que está participando para reglamentar algunos aspectos de la prórroga, hacer aclaraciones ante dudas de interpretación, y marcó dos puntos esenciales: el futuro del sector textil y el manejo del fondo de desarrollo. La provincia ya sentó su posición y consideró “crítica” la gobernanza del fondo. La expectativa es participar de la toma de decisiones con mayor protagonismo. “Creemos que por la vía de la reglamentación se pueden establecer mecanismos de participación de la provincia más de índole administrativa”, sostuvo. Hasta ahora ve “buena predisposición” del gobierno nacional y, como puntos urgentes para resolver por la vía reglamentaria, mencionó “los mecanismos de adhesión al régimen, que tienen que estar este año”, y el beneficio para las empresas que exporten a terceros países, “porque se habla de exportaciones incrementales, y habría que determinar con claridad cuál es la base sobre la que se mide el incremento. Hasta que eso no se defina las empresas no pueden acceder a un beneficio que ya está vigente”, sentenció.

Río Grande.- El secretario de Industria Juan Ignacio García dio a conocer por Radio Nacional Ushuaia el avance de las negociaciones con funcionarios nacionales para lograr modificaciones a la prórroga por la vía reglamentaria en dos puntos críticos, el futuro del sector textil y el manejo del fondo de desarrollo, donde la provincia reclama más protagonismo.

“Tuvimos algunas reuniones más de carácter técnico, de revisión de toda la normativa, repaso de las reglamentaciones que hay que sacar pronto, y las aclaraciones que todavía hacen falta. Hay posiciones en las que no hay coincidencia y estamos conversando sobre esto. La mesa de carácter político con relación a este tema no fue parte de las reuniones en las que estuve hasta ahora, pero claramente el tema está sobre la mesa”, señaló.

Aseguró que “hay buena predisposición del gobierno nacional, por lo menos por los términos en que estamos conversando ahora sobre cuáles deberían ser los plazos, y cuáles son los procesos que hay que revisar. Son mesas de trabajo constructivas hasta ahora. Si existe el temor de que algunos sectores no tengan continuidad o algo por el estilo, por lo que yo estoy viendo hay mesas de trabajo donde estamos analizando cómo seguir”.

 

Cambios en manejo del fondo

 

Con la ratificación del DNU que crea el fondo industrial con el aporte de las empresas radicadas, se le preguntó si hay margen para cambios en ese punto en particular, dado que la provincia no acuerda con que las decisiones la tomaran solamente representantes del Ejecutivo nacional. “Como provincia ya hemos planteado nuestra posición frente al tema. Con los textiles quedó una indefinición de alguna manera, porque se tomaron decisiones con las que no estamos de acuerdo y ha habido planteos. Ojalá haya margen para trabajar sobre temas como la gobernanza del fondo de desarrollo, que para nosotros es una cuestión crítica. Dentro de la propuesta que veníamos trabajando y presentó la provincia, la diferencia sustancial tiene que ver con estos dos puntos, el sector textil y la gobernanza del fondo, que quedó cristalizada de una manera donde la provincia no tiene el protagonismo que debería tener”, subrayó.

El funcionario planteó dos ejes de discusión vinculados con ambos puntos, uno más técnico relacionado con los textiles y otro con aristas más políticas respecto del manejo del fondo. “En el caso de las textiles claramente la producción de Tierra del Fuego genera un conflicto directo con la producción continental y el Ministro de Producción tiene que hacer equilibrio entre esas situaciones. Hay una mirada muy crítica sobre el sector y no son novedad las opiniones que se han ido manifestando sobre el régimen. Más allá de que salió el decreto de prórroga, con este fondo, uno se olvida de que hace un año estábamos escuchando declaraciones que ponían en duda las chances de que el régimen pudiera seguir. Hay una mirada muy crítica de todo el arco político y esto no es patrimonio de un sector. Yo estoy convencido de que nos fue muy bien, haciendo un balance de esta prórroga, que para mí es un hito histórico por muchas razones. Las principales son el fondo de desarrollo con el aporte de las empresas, que viene a cambiar una lógica de 50 años; y la prórroga que, si las cosas se hacen bien, va a ser por 30 años, cuando siempre eran por 10 años”, destacó.

“Estas dos cuestiones ponen esta prórroga en un lugar de acompañamiento del Estado nacional muy contundente, a pesar de tener una mirada muy crítica del régimen”, opinó el secretario.

 

Fondo garantizado

 

Consultado sobre la posibilidad de que el fondo no pase el filtro del Congreso cuando cambie la composición, analizó que el fondo “no es la parte cuestionable del régimen, porque se financia con plata que van a poner las empresas. Lo que se cuestiona desde muchos sectores es la otra parte que no se somete ahora a debate en el Congreso, que es la prórroga del subrégimen. Eso es lo que muchos quieren y no tienen, de ahí los cuestionamientos históricos, también algunos sienten una competencia desleal o creen que se gasta mucha plata para financiarlo”.

“El fondo de desarrollo es la pata que viene a empezar a generar las transformaciones para que la estructura productiva dependa cada vez menos del subrégimen y es algo que va a ser sano para la provincia y también para las políticas nacionales. Debería haber muchas menos críticas sobre esa situación. Yo tengo expectativas de que ese fondo no se va a cuestionar”, confió.

 

Prórroga y estabilidad

 

También se le consultó sobre la estabilidad que puede tener en el tiempo esta prórroga, que salió por decreto, si cambia el color político del gobierno, para que los inversores actuales y futuros realmente cuenten con estos 30 años de beneficios. “Esto no me genera incertidumbre. Para continuar por otros 15 años las empresas deben cumplir con la normativa laboral y, si una empresa no cumple con las obligaciones laborales le corresponde la aplicación del marco legal que ya existe, y lo que se agrega es que también se involucran los beneficios para las empresas que no cumplen”, expuso.

No ve inconvenientes en este punto porque “Tierra del Fuego se caracteriza por tener un sector industrial formalizado, que cumple con las obligaciones de aportes que tiene que hacer y eso no debería ser un escollo. Además corresponde que las empresas estén obligadas a cumplir con todo. El resto de los parámetros tiene que ver con que se está planteando algo novedoso, como el aporte y la inversión de las empresas, y hay que ver cómo se cumple. Tenemos antecedentes de procesos productivos con un criterio de mayor integración que las empresas judicializaron. Ese antecedente le sirvió a las empresas para sostener algunos negocios muy puntuales todo este tiempo pero también generó la sensación de pérdida de control del gobierno nacional sobre este régimen: si el gobierno nacional quería generar un nivel de integración que justificara la producción en Tierra del Fuego y no pudo hacerlo en algunos procesos, qué herramienta le queda después para imponer una política que sea razonable”, se preguntó.

“En ese marco se terminaron generando mecanismos de reaseguro para ver si realmente se está cumpliendo con los objetivos planteados y no me parece mal. Debería ser algo sencillo de cumplir y ni siquiera creo que se tenga que reglamentar”, aseveró.

Observó que “incluso los sectores textiles han cumplido con los procesos productivos y con los proyectos, lo que pasa es que en algún momento judicializaron los procesos nuevos para seguir con los viejos, y tiene un marco de legalidad porque el amparo judicial se los permite. A nosotros nos toca controlar el desempeño del régimen y podemos presentar todos los informes de la comisión del área que demuestran que las empresas cumplen”, remarcó.

 

Diferencias de interpretación

 

Para evitar interpretaciones encontradas, indicó que el trabajo actual se centra en lo que se debe reglamentar y aclarar cosas, e “implementar esto requiere de un trabajo más técnico. Estamos empezando a desentrañar y definir desde distintas miradas lo que entendemos que debe ser aclarado. Muchas veces ante una misma normativa a algunos le parece clara y la interpreta de una manera, y al otro le genera dudas, por eso merece algún tipo de reglamentación y estamos colaborando en este proceso para que salga la mejor normativa posible”.

 

Los temas urgentes

 

Respecto de los plazos para estas reglamentaciones, dijo que “hay temas que tienen urgencia diferente. Lo primero es establecer con claridad los mecanismos de adhesión al régimen y tiene que estar este año, porque las empresas tienen un plazo acotado de tres meses para poder hacerlo. Luego hay un beneficio para las empresas que exporten a terceros países que también debería reglamentarse pronto y hay que hacer alguna aclaración, porque se habla de exportaciones incrementales, y habría que determinar con claridad cuál es la base sobre la que se mide el incremento. Hasta que eso no se defina las empresas no pueden acceder a un beneficio que ya está vigente”, expuso.

“Hay cuestiones de carácter urgente y otras que tienen distintos tiempos, como la discusión de la gobernanza del fondo. Creemos que por la vía de la reglamentación se pueden establecer mecanismos de participación de la provincia, más de índole administrativa. En la historia del régimen la provincia siempre tenía que recibir la comunicación sobre las presentaciones que las empresas hacían ante la nación, y son cuestiones que nuevamente hay que aclarar”, advirtió.

“No necesariamente vamos a resolver toda la reglamentación en esta instancia, en algunos casos solamente serán aclaraciones de interpretación, pero son resoluciones del Secretario de Industria que van a ir saliendo en función de cada artículo. Por ejemplo, hay un artículo que abre la posibilidad de presentar nuevos proyectos bajo nuevas convocatorias que deberá hacer la Secretaría de Industria hasta el 2023. Ahí saldrán resoluciones y hasta el 2023 hay tiempo para que la Secretaría de Industria defina las convocatorias para fabricar un nuevo producto en Tierra del Fuego”, recordó.

“Después del 2023 hará falta un nuevo decreto, como pasó siempre porque esto siempre se hizo por decreto. Las empresas que están van a poder seguir, pero se terminó para las que nunca iniciaron producción. Las que no tuvieron actividad aun con proyecto aprobado perdieron la posibilidad de iniciarlo. La posibilidad de que ingresen nuevas empresas va a estar ligada a los nuevos productos que eventualmente defina la Secretaría de Industria”, concluyó García.

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