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La CAFIN adelantó acciones administrativas y judiciales

El apoderado de la Cámara Fueguina de la Industria Nacional aseguró que ya están gestionando audiencias con las autoridades nacionales para buscar una modificación al decreto de prórroga, e incluir a textiles y confeccionistas. De no tener éxito, está previsto judicializar la norma, que colisionaría con el subrégimen vigente, al cambiar las condiciones del contrato firmado hasta el 31 de diciembre de 2023. Alberto Garófalo reconoció que no le sorprendió la “discriminación” al sector textil y confeccionista, conociendo la postura del ministro Kulfas y “el lobby de empresarios del continente” que tienen cercanía con funcionarios nacionales. “Si algún proceso estaba en observación la solución era enfocarse en ese proceso y no dejar afuera a todo el sector textil y confeccionista de la extensión del subrégimen”, sentenció. Espera que en treinta días haya un decreto modificatorio del publicado el pasado viernes y puso en duda que la legalidad del aporte a partir del 1° de enero de 2022 de las empresas radicadas.

Río Grande.- El licenciado Alberto Garófalo, apoderado general de CAFIN –Cámara Fueguina de la Industria Nacional-, dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre las acciones que ya se han puesto en marcha para lograr una modificación del decreto de prórroga del subrégimen industrial.

Desde el sector habían advertido al gobierno provincial sobre lo que podía suceder, conociendo la posición ideológica del ministro Matías Kulfas. Recordó que “hace ya dos años, cuando la CAFIN levantó como bandera que la eventual prórroga debía incorporar a todos los sectores, sabíamos por qué lo hacíamos. Conocíamos una mirada no positiva hacia el sector textil de Tierra del Fuego desde el Ministerio de Producción de la Nación. Ahora que salió esto no podemos decir que nos sorprenda, pero sí nos enoja. Se ha hecho de una forma desprolija, porque si el argumento de una mirada distinta hacia el sector textil tiene que ver con algunos procesos productivos, esta no es la forma de solucionarlo. Si algún proceso estaba en observación la solución era enfocarse en ese proceso y no dejar afuera a todo el sector textil y confeccionista de la extensión del subrégimen”, sentenció.

“El decreto habla de una prórroga plurianual por dos años, pero no sobre qué condiciones podrá ser otorgada. Frente a esto la CAFIN está movilizada, ayer tuvimos una reunión plenaria y vamos a agotar todas las vías administrativas. Prevemos trabajar junto con la gobernación para hablar con las autoridades nacionales involucradas y, si no es así, lo haremos por nuestra cuenta. Cuando se agote la instancia administrativa iremos por la judicial para que se incorporen los textiles al resto de los sectores”, anticipó.

“Las actuaciones van a ser encabezadas por la CAFIN y, si no tenemos suerte, quedará en cada empresa decidir cómo defender los derechos que les corresponden”, observó sobre la alternativa de acciones judiciales individuales de cada empresa afectada.

En cuanto a las facultades para esta exclusión, indicó que “el artículo 32 de la ley 19640 faculta al Ejecutivo a tomar este tipo de decisiones, no sólo a prorrogar el régimen como sucedió con decretos anteriores, sino incluso a efectuar una discriminación entre sectores, que de hecho es lo que sucedió. Han discriminado al sector textil y confeccionista”.

“Hay toda una vertiente que dice que el artículo 32 no corre más porque la facultad de legislar por decreto ha caducado. Todo esto va a estar de nuevo sobre la mesa y no me parece lo más razonable bombardear todo el decreto, porque nos privaría en caso de tener éxito de conseguir al menos los 15 años. No son los 50 que tiene Manaos, pero es un horizonte de previsibilidad para las fábricas de Tierra del Fuego. Acá van a chocar las bibliotecas y vamos a ver qué surge”, dijo.

 

Crónica anunciada

 

Volviendo sobre la advertencia anticipada de CAFIN, dijo que se explica en “los ataques de cierto lobby del continente hacia Tierra del Fuego, que son permanentes, y hay mucha gente que tiene llegada al Ministerio de la Producción. Esto es harto conocido y diría que es histórico. Insisto en que si hay un proceso productivo que genera dudas, hay una solución para ello, y esa solución no es excluir a todo el sector de los beneficios de la ley”.

Se le preguntó si cree que el gobierno fue engañado, y la respuesta fue un cuestionamiento a la ausencia de una participación democrática como se dio en oportunidades anteriores. “No podría decir exactamente cómo fue porque no pude participar. Esta es la quinta prórroga del régimen a la que asisto y es la primera vez que me entero por los diarios. Tanto cuando era funcionario como a través de la CAFIN, siempre pude participar de manera democrática de las definiciones, pero esta vez no. La provincia participó pero pareciera ser que en el último tramo tampoco les dejaron ver qué se estaba escribiendo y llegamos a esto”, barajó.

 

Competencia de la zona franca

 

Como funcionario que participó de la génesis de la 19640, se le consultó si la zona franca de Río Gallegos pone en riesgo la producción industrial fueguina, y mencionó que “en noviembre de 1994 con el tratado de Ouro Preto, Brasil y Argentina se reconocieron mutuamente como zonas francas industriales y pasamos a ser las únicas reconocidas dentro del Mercosur al menos por Brasil y Argentina. El resto de las zonas francas comerciales no tienen tratamiento intra zona para el Mercosur, es decir que para ingresar las mercaderías tienen que pagar todos los impuestos como si fueran desde el extranjero. La zona franca de Santa Cruz es comercial, no industrial, por lo tanto no tiene previsto radicación industrial. Hasta ahora no deja de ser un gran free shop”, definió.

 

Situación del sector plástico

 

En cuanto al sector plástico, no se ve afectado y “quedaron en la misma situación que las electrónicas o las pesqueras. Las únicas que han sido apartadas son las textiles y confeccionistas”, precisó, teniendo en cuenta que también son nucleados por CAFIN.

Ataque al régimen general

 

Dentro de los riesgos del decreto, se centró en la quita de beneficios a los automóviles, porque “han salido del subrégimen industrial y se han metido con el régimen general. Lo que han hecho es un achicamiento de costo fiscal, como ellos lo llaman, con una redacción preocupante, porque al final dice que la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de la Producción, en lo sucesivo podrá incluir o excluir posiciones arancelarias del listado de bienes del Anexo II; es decir que estamos a tiro de resolución de que otros productos pasen a tributar impuestos cuando sean importados del exterior. Hay un tope que, al ser valor FOB es un poco más generoso que si fuera precio final, pero no deja de ser un tope”, dijo.

“La inclusión de aranceles para otros productos queda a tiro de resolución y ya ni siquiera va a hacer falta un decreto para eso. Creo que todavía no se avizoraron los riesgos que esto puede llegar a implicar, también estamos en un momento muy particular donde la prioridad era conseguir este anuncio, que vino con sorpresas y ahora habrá que afrontarlas”, expresó.

 

¿Desconocimiento justificado?

 

Acerca de si cree que está justificado el desconocimiento de la redacción final del decreto que argumenta ahora el gobierno provincial, consideró que “la provincia tenía conocimiento de la letra desde el momento que salió y un poquito antes. Ya el viernes todo el mundo sabía cómo se había escrito y el fin de semana hemos estado en contacto permanente analizando esto”.

“En la reunión de ayer con las cámaras el gobernador se puso a disposición para colaborar con la gestión de las audiencias tanto de las confeccionistas como de las textiles. Nosotros solicitamos acompañamiento del gobierno provincial en estas audiencias y entiendo que así va a ser. Nosotros ya estamos movilizados, solicitando las audiencias a todos los que encabezan las áreas involucradas en el decreto”, afirmó.

 

Cambio en la comisión del área

 

También se le pidió opinión sobre la quita de representantes de la comisión del área aduanera especial, como el sector del comercio y la Legislatura. “Lo que veo en esta nueva comisión que hay mucha representación del Estado, provincial y municipal. Creo que en el fondo no se entiende cómo funciona la promoción industrial, porque cuando una empresa se acoge está firmando un contrato con el Estado. El Estado nacional da beneficios y exige obligaciones por determinado plazo. A partir de ese momento tenemos dos accionistas fundamentales, la autoridad de aplicación que representa al Estado nacional, y las cámaras que representan a los beneficiarios. Quienes deberían estar en ese círculo cercano al núcleo es obviamente el Estado provincial, los organismos de control como la AFIP y la representación de los trabajadores. Todo lo demás es periférico y sin embargo no es eso lo que se ve reflejado en esta composición”, manifestó.

 

Administración del fondo

 

En materia de administración del fondo que se conformará con los aportes de las empresas, la provincia quedó como un órgano consultor junto con los municipios, sin una decisión vinculante. “Eso es razonable porque hay recursos nacionales involucrados y por lo tanto debe decidir el Estado nacional. Yendo a la composición del consejo consultivo, quienes permiten la existencia del fondo, porque son los que van a aportar, en el mejor de los casos van a tener un representante”, cuestionó.

Apuntó que “el 60% del aporte de las empresas puede ser destinado a inversiones en áreas que no tienen que ver con el subrégimen industrial y las propias empresas pueden derivar el 40% de sus aportes a inversiones en Tierra del Fuego en otras áreas, pero esos proyectos tienen que ser aprobados por el comité ejecutivo. El 40% para infraestructura es decisión del gobierno cómo lo va a administrar”.

“El 15% de aporte decimos que es excesivo, porque hablamos del 3.15% sobre la facturación. Si a eso le sumamos Ingresos Brutos y la Tasa de Verificación de Procesos Productivos, que es del 2%, estaríamos en un 8% sobre la misma base imponible y eso nos acerca a una alícuota medio confiscatoria. Las empresas tienen seis meses para adherir, pero hay dos aspectos muy cuestionables, porque como empresa yo tengo un contrato firmado hasta el 31 de diciembre de 2023, y por lo tanto estas modificaciones que corren a partir del 1° de enero de 2024 se ajustan a derecho y tendré que adherir si quiero seguir a partir de esa fecha. Sin embargo se ponen seis meses y se adelanta la decisión, y lo que no cierra es que tengan que empezar a aportar a partir del 1° de enero de 2022, porque eso está cambiando el contrato ya firmado con el Estado hasta el 31 de diciembre de 2023. Ese contrato no establecía que yo tenía que pagar ese aporte”, remarcó.

“Si pasados los seis meses no me puedo acoger, parece medio coercitivo y en esa redacción hay un problema, porque esto no puede ser así”, sostuvo, poniendo la mirada sobre un aspecto que ameritaría un cuestionamiento legal.

 

Margen de cambios

 

En cuanto a las expectativas de lograr una modificación, existen y el plazo que ha puesto la cámara es exiguo. “Un decreto se modifica por otro decreto y tenemos esperanza de que así suceda; si no, no estaríamos discutiendo. Personalmente entiendo que puede haber posibilidades. Yo espero que en 30 días podamos tener una modificación que vuelva a poner a las textiles y confeccionistas dentro del mismo esquema general que le han dado al resto”, señaló.

“Tanto la UIF como CAFIN que tienen socios de la industria textil están trabajando en esto. El tema de tener voz y no voto en la comisión del área nunca nos preocupó porque dentro de la comisión siempre se trató de llegar a consensos, se discute de buena voluntad y si uno aporta elementos son tenidos en cuenta. Pero si van a seguir estando los invitados, vamos a reclamar ingresar a la comisión”, advirtió.

En estos días se han reunido “con todos los empresarios textiles y hay sensaciones dispares, como siempre sucede, porque es imposible que haya unanimidad. Las cámaras tratan de ordenar para que no haya esfuerzos individuales y descoordinados. Vamos a ir primero por las audiencias, agotar la instancia administrativa, en una segunda etapa habrá una instancia judicial para reclamar que sean incorporados el resto de los sectores y hasta ahí llegan las cámaras. Luego cada uno verá cómo defender sus derechos. Como cámara no puedo avalar una acción que ponga en riesgo el decreto, que a otros sectores los beneficia. El objetivo es todos adentro como pedimos desde un principio”, precisó.

Dado que abre nuevamente espacio para la incertidumbre la discusión judicial, por la posibilidad de que caiga la prórroga, observó que “el decreto tiene que servir para dar previsibilidad, y en estas condiciones no lo está haciendo”.

Finalmente Garófalo puso en duda que el aporte de las empresas comience el 1° de enero de 2022. “A mí eso me hace ruido y me parece que no va a ser así. El decreto le ha dado de baja de forma fulminante a todo proyecto que no se haya puesto en marcha al momento de su publicación y eso obviamente no incluye a empresas que han estado produciendo en la isla y por determinado motivo debieron cesar su producción, siempre con intención de retomarla en la medida que se dieran las condiciones. Las empresas que tengan concursos van a seguir estando dentro del régimen, van a tener que cumplir con todas sus obligaciones, como aportes y pago de sueldos, pero alguien va a tener que rescatarlas, porque no hay decreto que las salve”, concluyó.

 

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