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La ministra de Obras y Servicios Públicos Gabriela Castillo planteó la crítica situación en la capital fueguina, donde casi la mitad de la población no tiene agua potable y todavía no hay ninguna planta de tratamiento de líquidos cloacales que esté funcionando. Se aspira a trabajar junto con el Municipio para resolver el caos que se observa en los barrios altos, con cruces de cables de electricidad con mangueras de gas, que representan un riesgo para la población.

Río Grande.- La ministra Gabriela Castillo expuso un panorama crítico en materia de servicios en la capital fueguina, donde “el 40% de la población no tiene agua potable y todavía la ciudad no tiene planta de tratamiento”, según dijo por Radio Universidad 93.5.

Planteó la “ausencia del estado en el proceso de regularización de los barrios no formales, por lo cual los vecinos fueron tirando los servicios como pudieron. En algunos lugares hay tendido eléctrico que pasa sobre un troncal pero no están las derivaciones a las distintas calles, y hay otros cables que pasan por la vereda, o vemos una esquina con 10 medidores. Hay tendidos que van por la tierra a la buena de dios y es un riesgo importante para la población; hay cables que pasan por canaletas donde corren aguas servidas, agua de chorrillo, de lluvia, o cruzan la calle enganchados de un poste junto con la manguera de agua. Hemos visto mangueras de gas que han tendido vecinos porque el garrafero no llega hasta donde está la casa, y lo ponen en un punto más abajo y hacen tendidos con manguera de gas hasta la casa. La accesibilidad también es una deuda con algunos vecinos porque hay lugares donde no hay calle”, manifestó.

“Esta es una cara distinta de la ciudad de Río Grande. No sólo tiene que ver con la geografía y con que la ocupación en Río Grande se dio en una zona llana, sino que hubo un Estado que durante muchos años abrió calles, puso servicios, y hoy la foto es totalmente distinta”, comparó.

Respecto de Tolhuin, dijo que “hay barrios donde se entregó el terreno formalmente y no tienen servicios, y en Ushuaia hay un 40% de la población que vive sin un régimen de servicios ordenados. Esto hay que regularizarlo. En Ushuaia no hay faltante de suministro de agua en la distribución urbana, pero la población que no tiene redes formales sigue sacando agua de chorrillos. Hay un 40% de la población que no tienen redes formales para que les llegue agua potable. Para eso se está construyendo una cisterna en el barrio La Reina, Los Leñadores, arriba de Andorra, para poder abastecer a esa parte”, señaló.

“Hay tres plantas funcionando en el proceso de potabilización, pero también por la retracción de los glaciares que llevaban agua al Arroyo Esperanza, que alimenta la primera planta de agua, hoy no alcanza el caudal y se está derivando agua de Arroyo Grande, desde el lado de Andorra. Es necesario hacer otra obra para juntar agua y garantizar que haya siempre para la potabilización”, dijo.

Con relación a los efluentes, indicó que “se están construyendo, pero hoy la ciudad de Ushuaia no tiene planta de tratamiento, se diga lo que se diga. Hay solamente estaciones elevadoras que hacen un filtrado. En Río Grande tenemos 23 plantas elevadoras y en Ushuaia hay alrededor de 15, pero solamente se hace filtrado. La planta de pre-tratamiento de Bahía Golondrina se está terminando, pero no es de tratamiento. Tiene un caño que sale de atrás del aeropuerto, con un dispersor, y se van a hacer análisis para ver si realmente hay absorción en el canal. Si no, en función de la manda judicial, hay que hacer una segunda obra que tiene que ver con el emisario marino. La planta de Arroyo Grande sí es de tratamiento, pero se está construyendo y le falta un año de obra”, apuntó.

Saneamiento en margen sur

En cuanto a la situación con las cloacas en Río Grande, indicó que “la planta que está al lado de Chacra II está en funcionamiento y se está construyendo la planta de la margen sur. Viene retrasada porque empezó tarde y en unos días viene la instancia de un importante hormigonado. Se va a avanzar hasta el invierno en la construcción de obra gruesa. Esta obra tiene financiamiento del FFFIR y el mutuo que está aprobado no contempla las redeterminaciones de precios. Esa obra tenía financiamiento completo del FFFIR hasta donde estamos, que son los certificados básicos. El problema es que es una obra de 2017 y la actualización de los precios, o redeterminaciones, hacen que hoy se necesiten 300 millones de pesos más”, señaló.

Recordó que “la obra se licitó en 400 millones y hoy cuesta prácticamente el doble. Por eso es necesario ampliar ese fondo, pero no estaría siendo aprobado por el FFFIR en función de las reuniones que tuvo parte de mi equipo en Buenos Aires. Es necesario resolver esto y por eso es importante pensar las nuevas obras para el Fideicomiso Austral y hacer provechosa la plata de los bonos”.

“Por ejemplo, si pudiéramos conseguir plata para hacer el puente, uno puede pedir autorización para cambiar el destino del dinero que tenemos para el puente y construir escuelas, gimnasios, o hacer redes y viviendas. Esos cambios los aprueba la Legislatura pero para eso hay que tener claro cuánta plata vamos a necesitar para las redeterminaciones de las obras que están aprobadas”, observó.

“Igualmente las redeterminaciones nunca compensan el aumento de precio del mercado, porque se dan por índices nacionales y no reflejan el real incremento de los precios. Pero tampoco existe otra figura en el Estado para renegociar el contrato y establecer otro parámetro de ajuste de la obra. Hay procedimientos administrativos muy lentos, que estamos reformulando, pero en el caso de las redeterminaciones hay un decreto nacional que regula cómo se calculan en las obras con financiamiento nacional. Por otro lado, las que son con fondos provinciales por endeudamiento tienen otra norma provincial. Mientras esté establecida en el pliego la forma de ajuste, no hay posibilidad de modificarlo”, lamentó.

Agregó que “también es necesario construir una planta en la zona norte y el señor gobernador ha estado en diálogo con el intendente Martín Pérez para poder buscar financiamiento nacional, porque el proyecto está armado. Es una obra prioritaria para que todas las zonas de Río Grande puedan tener tratamiento completo de efluentes”.

Natatorio municipal

También entre las conversaciones que se mantienen con el intendente de Río Grande se encuentra la obra del natatorio. “La piscina está en Río Grande. La obra civil quedó muy avanzada y solamente queda una obra complementaria y hacer la parte de calefacción para poder colocar el emplacado de la pared. Esa obra también tuvo un incremento de costos y hoy faltan unos 100 millones de pesos. Ya se ha reunido el gobernador con Martín Pérez precisamente para poder avanzar en este acompañamiento para conseguir fondos nacionales. La provincia va a acompañar al municipio para conseguir los fondos que permitan terminar la piscina. Es una obra que tampoco puede quedar sin terminar. El equipamiento está resguardado en un galpón en Río Grande y la piscina está paga”, afirmó.

Cancha de césped sintético

En cuanto a las críticas a la obra de la cancha de césped sintético, afirmó que “esa obra quedó bien. Había que comprar un poco más de caucho, porque había resultado poco, pero esto no tiene nada que ver con problemas ni del suelo, ni del césped, ni de los drenajes. Hubo un preparado de suelo que hizo el personal de servicios públicos, que terminó la superficie. Se hizo un drenaje y un recambio con piedra bola, además de los bancos de suplentes, la reja y la iluminación. Había cosas que agregar, como un poco más de caucho, pero no porque la obra estuviera mal hecha”, aseguró.

“Con Martín Pérez hay un compromiso de trabajo conjunto, lo mismo con todos los intendentes, y es respetar la elección que ha hecho la ciudadanía de la provincia. Hay que ser equitativos en lo que se da por fuera de la coparticipación a las gestiones municipales y es una decisión acompañarlos a todos y llevar adelante acciones conjuntas”, dijo.

“Para esta semana tengo prevista una reunión con parte del equipo municipal de Ushuaia para ver cómo avanzamos en la colocación de los servicios, porque la DPE tiene que llevar el tendido eléctrico, la DPOSS tiene que llevar redes y la calle tiene que estar abierta por el municipio. Es importante trabajar articulados para no destinar fondos a lo mismo desde dos organismos y planificar para no gastar el doble”, planteó.

Traspaso de la DPOSS

Otro tema de consulta fue el traspaso de la DPOSS, dado que “a fin del año pasado se firmó un acta entre la ex gobernadora Bertone y el intendente Vuoto. Hubo un proyecto en la Legislatura que no se trató y hoy no están dadas las condiciones. Hay que ser gradual y acordar el modo de hacerlo. Aunque se traspasen los fondos, la situación es deficitaria entre la cantidad de usuarios que hay, y en medio hay obras en ejecución y contratos, donde la responsabilidad es de la provincia. Uno no puede traspasar esas responsabilidades asumidas en medio de un proceso. Encima la DPOSS no hace el mantenimiento de las plantas elevadoras con personal propio, sino con personal tercerizado. Hay una empresa contratada para hacer ese servicio y habría que ver si se transfiere ese contrato, si se da de baja, si se transfieren las deudas que tengan con esa empresa. Hay un montón de cosas que establecer en el medio, más allá de si existe o no la voluntad. En medio está un servicio que se presta a los vecinos de manera directa”, remarcó.