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El agrimensor Martín Ibarra aspira a que el próximo gobierno pueda dar respuesta al reclamo de más personal en el área de Catastro, donde se produce un “cuello de botella”. El área depende de la AREF y desde principios de año reclaman una audiencia con Arturo Capellano, que no fue concedida. Aseguró que en la zona norte las demoras son mayores, y también los requerimientos duplican la cantidad de Ushuaia. Con un promedio de seis meses, se complica el avance de obras y la escrituración.

Río Grande.- El agrimensor Martín Ibarra dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre los problemas del sector por la demora de Catastro, que depende directamente de la AREF, en dar respuesta a los requerimientos, en particular en la zona norte.

La semana pasada participó de la tercera reunión anual de la Federación de Agrimensores, de la que es autoridad, y hubo “avances bastante positivos en algunos puntos que se están trabajando en todas las provincias. En San Juan hay compromisos asumidos de las nuevas autoridades para la colegiación independiente. En esto venimos trabajando hace muchos años y es uno de los ejes de trabajo que se mantienen dentro de la Federación”, dijo.

El agrimensor Martín Ibarra dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre los problemas del sector por la demora de Catastro, que depende directamente de la AREF, en dar respuesta a los requerimientos, en particular en la zona norte.

“Nos hemos vuelto conformes por el compromiso del gobernador Uñac de San Juan y el compromiso del gobernador de Santiago del Estero”, señaló respecto de este punto. “Otro eje de trabajo es la aplicación integral de la ley nacional de catastro en todas las provincias. Esta ley data del 2006 y se promulgó en 2007. Es complementaria del código civil y necesitamos ponerla en funciones, dado que en la mitad de las provincias del país no se está aplicando”, indicó.

También apuntan a una modernización y agilización a nivel local. “Desde la provincia de Tucumán nos comentaron que toda la gestión catastral es íntegramente digital. En Tierra del Fuego tenemos un sistema de información geográfico bastante adecuado y la matrícula en sí está muy actualizada, y estamos adecuados en lo que es equipos y capacitación, pero hay pocos agrimensores. Tenemos permanentemente en análisis el tema de las demoras, porque nos afecta como profesionales independientes, además de que afecta otras cuestiones, como las económicas, porque una venta inmobiliaria se demora si no hay una mensura, una escritura posterior y por ende tampoco pueden acceder los futuros propietarios”, planteó.

“No hay un factor específico en la demora, a veces se da en los propios profesionales, a veces en la oficina catastral. A nuestro criterio faltan profesionales en la oficina catastral provincial. La semana pasada nos reunimos con algunos colegas de Río Grande y planteamos que mínimamente necesitaríamos incorporar cuatro agrimensores junior a la plantilla de Catastro para darle más dinámica a la función. Hoy tenemos 32 matriculados y somos pocos. En actividad plena, que son los autónomos y dedican todo su día laboral a la agrimensura somos pocos; y hay agrimensores que tenemos doble función, porque trabajamos en el estado provincial y, como no tenemos bloqueo, podemos ejercer la profesión en forma independiente. Para el ejercicio de la profesión en la provincia tenemos que estar matriculados en el Consejo Profesional de Agrimensura, por lo tanto los matriculados somos todos los que estamos”, dijo.

“Un camino para mejorar la situación sería la incorporación de profesionales y de personal técnico que pueda adquirir los conocimientos, porque en todas las instituciones públicas se van jubilando nuestros compañeros y no van quedando recambios. Hacen falta auxiliares de Catastro y para eso se necesita una decisión política, por la importancia de tener un Catastro fluido y lo que impacta en la base tributaria. Hoy necesitamos poder formar más profesionales. Nuestro anhelo sería hacer lo que hizo la provincia de Misiones, que abre la carrera de Ingeniería en Agrimensura en Oberá. Nos interesaría poder tenerla en la isla, porque desde Bahía Blanca hacia el sur no tenemos escuelas de agrimensura”, manifestó.

Advirtió que “todo lo que no esté en el universo catastral son propiedades que no figuran en ningún lado, no pagan, no está la posibilidad de dar el alta a las partidas, y eso hace a la equidad tributaria. Hoy hay un gran porcentaje mensurado en la provincia, y es más lo que está activo que lo que está en trámite. Generalmente se hace un cuello de botella en la oficina catastral, que depende de la AREF. Por lo menos en la zona norte hay una demora mayor de lo que debería ser. Hay muchos expedientes y la zona norte prácticamente duplica el caudal de mensura de la zona sur. Hablamos de no menos de cinco o seis meses de demora para una revisación previa, y es un tiempo importante. Hemos tenido casos de doce meses, pero nunca menos de tres meses. Entre tres y seis meses es el promedio habitual y generalmente son mensuras particulares y subdivisión de lotes. Sería un buen avance para destrabar un poco la incorporación de más profesionales y de auxiliares”, insistió.

“En muchos casos la demora en la mensura demora la obra, o a veces se tienen que tramitar a la par el avance de la obra con la escritura”, dijo, lamentando la falta de interés de Arturo Capellano en este tema. “Hemos intentado tener reuniones con las autoridades, desde el Consejo Provincial a principios de año se presentó una nota con un pedido de audiencia, pero no hemos tenido respuesta. Ya están en un proceso de dejar los cargos y no insistimos más en el tema. Tenemos contacto con Eduardo Villa, que es el gerente de Catastro, y tratamos de ser lo más objetivos posible al momento de dar las discusiones. En algunos momentos nos planteó que la capacidad de Catastro era suficiente y le rebatimos que a nuestro criterio no lo era, por la demora. No se logró avanzar y, al estar cambiando el gobierno, va a ser una discusión que vamos a tener que dar con las nuevas autoridades”, se resignó.

Además expuso la necesidad de coordinar acciones para llevar adelante un plan estratégico. “No hubo en este último tiempo una convocatoria formal, tenemos contacto fluido con representantes de algunas áreas, tanto municipales como de gobierno, pero aisladamente y no como para armar un plan estratégico. Es un tema que se debe tratar interdisciplinariamente y nosotros podemos dar nuestras recomendaciones en lo inherente a la parte de agrimensura, pero las otras profesiones tendrán que aportar su profesionalismo en pos de que se genere ese plan estratégico. Esperamos que a la brevedad podamos tener novedades porque dedicamos mucho tiempo a elaborar y proyectar, y queremos hacer nuestro aporte”, subrayó.

Entre dichos aportes, mencionó un proyecto que tiene elaborado para Tolhuin, donde estaba el edificio Eolo. “El edificio ya no está más y no hemos tenido una reunión de trabajo con el actual intendente de Tolhuin, pero siempre estamos con el teléfono abierto para compartir las ideas y los proyectos. Cuando nos hemos encontrado hemos podido conversar fugazmente de las cosas que queremos hacer. Yo le voy a acercar el proyecto con el video y la descripción de lo que se podría llegar a hacer allí. El porcentaje que se está aprovechando del lago es muy bajo, y es un recurso natural bello, es un lugar que personas de distintas partes del mundo quieren conocer”, sostuvo.

“Lamentablemente se ha descuidado bastante, porque hay vertido de efluentes y ese es un punto a tratar y tomar cartas en el asunto. Tanto el lago como las aguas termales son dos diamantes en bruto que deberíamos tener en cuenta no sólo para la explotación turística sino para el bienestar de los propios ciudadanos. Hay mucha actividad centralizada en Tolhuin, como la turba, la actividad forestal, tenemos concentradas la mayor cantidad de rutas provinciales en el corazón de la isla, y hay una gran matriz económica a desarrollar. No me voy a meter en el conflicto judicial, pero hay que darle una solución a las aguas termales”, reclamó.

Finalmente se le preguntó por la regularización de las 80 viviendas del ex campamento YPF. “Eso era propiedad de COVIARA y este año el gobierno provincial firmó un convenio de transmisión de dominio. No sé si pasó a gobierno o al IPV. Entiendo que algunos poseedores de esas viviendas lo han hecho de buena fe, después lo que figure en las escrituras se deberá tratar también con la parte legal. Son situaciones especiales y hay que tomar los recaudos para que sea lo más saludable posible el proceso de adquisición de dominio”, concluyó.