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El ajuste del incentivo docente implicaría 300 millones para Tierra del Fuego

El ministro de Educación Diego Romero aseguró que desde la cartera educativa de Nación desmintieron el recorte, pero en agosto habrá una nueva reunión y se volverá a consultar sobre el tema. Estimó en 300 millones de pesos el impacto en la provincia, de eliminarse el incentivo docente, que alcanza a los trabajadores de la educación del sector público y privado. Advirtió que el fondo de incentivo docente aporta a los salarios en todas las provincias “y aparte es una ley, por lo que tendrían que derogar esa ley”.

“En Tierra del Fuego implica 300 millones de pesos, porque comprende a los docentes de gestión pública y gestión privada”, recordó Romero y, respecto de la posibilidad de que no empiecen las clases luego del receso invernal, como inmediata consecuencia del ajuste, reiteró que hasta el momento no está confirmado.

Río Grande.- El ministro de Educación Diego Romero fue consultado por FM La Isla sobre el impacto en la provincia de la eliminación del fondo de incentivo docente, a partir de los rumores de ajuste en el sector educativo por parte del gobierno nacional.

Ante todo aclaró que “las áreas de Salud y Educación en la provincia son las más sensibles y siempre tienen un mayor impacto en la sociedad. Con la gobernadora se ha tratado de hacer una gestión administrativamente responsable y uno tiene esa tranquilidad. Hemos tratado de llevar una administración prolija, tratando de controlar el gasto, de no prometer cosas que no se van a cumplir”, sostuvo, lamentando que no haya un acompañamiento de Nación, si intenta avanzar con estos recortes.

Admitió haber escuchado el rumor de la eliminación del incentivo docente y dio a conocer que este tema fue planteado “en una reunión especial con el Ministro de Educación de la Nación. Le pedimos que nos explique y nos diga qué va a pasar con el incentivo docente. Él negó los rumores que había de que se va a sacar a nivel nacional el incentivo, pero vamos a ver en qué queda”, señaló, deslizando dudas sobre esta primera respuesta del ministro.

“En agosto vamos a tener otra reunión y veremos qué nos expresa. Hasta ahora lo niega y dice que el fondo se va a seguir aportando. Todas las provincias completan el salario con el fondo, que aparte es una ley, por lo que tendrían que derogar esa ley”, observó, limitando la posibilidad de que se ajuste por decreto.

“En Tierra del Fuego implica 300 millones de pesos, porque comprende a los docentes de gestión pública y gestión privada”, recordó Romero y, respecto de la posibilidad de que no empiecen las clases luego del receso invernal, como inmediata consecuencia del ajuste, reiteró que hasta el momento no está confirmado.

“Si bien el Ministro de Economía me planteó estos rumores que había, yo se lo planteé al Ministro de Educación de la Nación y lo negó terminantemente, por eso vamos a esperar a que nos confirmen si es así o no. Es una preocupación que tenemos nosotros y todo el caudal de docentes de todas las jurisdicciones. Creo que se va a revertir este rumor”, confió.

Por otra parte, se refirió a los cambios en las condiciones de inscripción, con el fin de terminar con las colas de padres para conseguir una vacante. “Desde que iniciamos la gestión hemos tratado de tomar algunas experiencias en el nivel secundario, primero con un sorteo generalizado en todas las escuelas, porque era conflictivo tener mucha gente en un gimnasio y que tengan que elegir escuela. Ese sistema tampoco me gustaba, aunque era por sorteo. El año pasado hicimos un cronograma para el nivel secundario donde implementamos por institución las inscripciones, y cada padre podía ir a inscribir a sus hijos en la escuela que deseara y hacer los sorteos solamente institucionales. Eso nos ha dado resultado y por eso solicité a todos los equipos del ministerio que se haga una proyección en el cronograma escolar, para que se pueda implementar este año en todos los niveles y modalidades, con este tipo de sorteo. No hay una sola forma que sea la mejor de todas, pero creo que esta es la menos conflictiva y la más clara también”, dijo.

Se le preguntó si hay datos de cuántos chicos tienen que ir lejos a concurrir a clase porque no encuentran lugar en un establecimiento cercano, y señaló que “en los lugares que más dificultades teníamos era en Ushuaia, donde las condiciones climáticas son distintas a las de Río Grande. Por eso en Ushuaia se van a inaugurar dos escuelas ahora, en barrios que están alejados, y vamos a implementar un nuevo sistema, con un edificio donde va a haber primaria y secundaria. De esa forma vamos a tratar de canalizar la demanda que tienen los distintos sectores. Esto se va a fusionar y va a ser interesante en este segundo cuatrimestre, porque vamos a empezar con la escuela primaria tanto en Alakalufes como en Andorra, y el año que viene comenzaría el primer año de la secundaria”, informó.

“En Río Grande esto se produce en menor medida, pero hay casos. Aquellos casos en los que la situación social de la familia era desfavorable y no tenían la vacante cercana, también hemos tratado de organizarlo con un transporte para que pueda llevar a los niños a la escuela, principalmente para nivel inicial y primario. Ese transporte está garantizado, y primero se hace un análisis con las trabajadoras sociales para ver la situación económica de la familia”, explicó.

Asimismo, tuvo en cuenta nuevas exigencias para el próximo ciclo lectivo, porque la ola migratoria no frena. “En todos los niveles y modalidades hoy tenemos 52 mil estudiantes en la provincia. Para el año que viene se está previendo la migración interna, como pasó especialmente en enero y febrero de este año, cuando ya teníamos todas las inscripciones dadas y llegó una ola de gente. Obviamente cuando viene la familia, a los niños hay que asegurarles la vacante en la escuela. Lo que no tenemos universalizado es la sala de 3 años y hemos tratado de tomar como metodología hacer un multigrado en las salas de 4 donde hay pocos niños, y las supervisoras van ubicando a los niños de 3 y 4 años en la misma sala”, dijo.

Consultado sobre la situación del IPES Florentino Ameghino, que generó un álgido debate en la última sesión de la Legislatura, a partir de un proyecto del MPF que no prosperó y pretendía dictar la nulidad de la intervención. “Se está trabajando muchísimo con la institución sobre todo en recursos humanos. Hace dos semanas saqué una resolución para lanzar nuevos concursos para cubrir las horas y cargos que sean necesarios, y los jurados van a ser de la institución”, subrayó.

Romero aseguró que “no es una intervención lo que se ha hecho en la escuela, porque las autoridades siguen siendo las mismas, solamente hubo un ordenamiento en las cuestiones administrativas, con relación a las horas contra cuatrimestre y las horas institucionales que se estaban utilizando, porque no había claridad en las mismas”.

Como balance de la primera mitad del año, dijo que se continúa trabajando con la óptica del año pasado: tenemos una metodología de capacitación en forma de talleres, y no solamente es escuchar a un disertante, sino que hay trabajos que se van haciendo en estas capacitaciones, con un fuerte impulso a la inclusión de los niños con discapacidad en la provincia. Algunos padres no mandan a sus hijos a la escuela especial y quieren que estén incluidos en las escuelas comunes, y estamos trabajando en ese proceso”, sostuvo.

Destacó que “las escuelas especiales cumplen un rol importante dentro del sistema educativo y las vamos a seguir apoyando, pero no podemos evitar que los padres quieran mandar a sus hijos a una escuela común. Esto no depende del padre solamente sino de las sugerencias que vayan haciendo nuestros equipos técnicos interdisciplinarios de las escuelas. De todas maneras, todos los niños pueden estar incluidos en las escuelas comunes y ese lugar se le tiene que dar a todos los niños de la provincia”, sentenció.

Finalmente se le preguntó sobre el debate sobre la despenalización del aborto que también se ha instalado en las escuelas, y defendió el derecho de los estudiantes a abordar el tema. “El debate se puede establecer porque las instituciones educativas son instituciones democráticas, y ningún docente ni las autoridades del Ministerio pueden interrumpir eso. El debate tiene que darse y no tiene que estar direccionado. Es uno de los objetivos, especialmente en las escuelas secundarias y algunos espacios curriculares, donde estos temas están también dentro de la currícula, como espacio de construcción de ciudadanía. El debate no debe ser direccionado y nosotros debemos brindar información de todas las posturas que pueda haber con relación a esto, con los principios que puedan traer los estudiantes de sus hogares, para que puedan plasmarlos y compartirlos con su compañero. No hay ningún problema con esto y no es el único tema que se toma como debate en la escuela. Todos estos temas que van surgiendo a nivel de la ciudadanía están insertos en nuestro diseño curricular y se permite dialogar, compartir e investigar”, aseguró.

Apuntó que “hubo situaciones conflictivas con relación a esto, por manifestaciones de un docente en contra, a quien se lo separó del cargo. Nosotros tenemos que estar donde se vulnera uno de los derechos que tiene tanto el estudiante como el docente de poder expresar lo que opina y lo que piensa. Los jóvenes siempre son apasionados en la forma de llevar el debate, pero esto no es una dificultad. Lo que pasó en una institución concreta, que fue de público conocimiento, fue una situación que se dio en las redes sociales y un hecho que sucedió en la institución educativa, con una separación preventiva del cargo hasta que el área de sumarios se expida sobre esto. Yo personalmente dialogué con las autoridades del colegio, con el docente y con los padres, pero ha sido un único lugar donde tuvimos dificultades”, dijo.

“En los temas como el aborto y también de la educación sexual integral, uno trae los principios que fueron inculcados dentro de la familia, y tiene que ver también con cuestiones de formación religiosa. Uno también tiene que aceptar esos principios”, planteó.

Adelantó que “con el centro de estudiantes vamos a tener reuniones en el segundo cuatrimestre sobre la responsabilidad que tenemos en las redes sociales. Nosotros podemos opinar, expresarnos, pero en el caso de los docentes cumplen una función pública y hay una responsabilidad propia de la función docente. No se deja de ser docente al salir de la escuela, y también en las redes sociales se manifiesta como tal. Fue uno de los temas debatidos con algunas instituciones con relación a los maestros y también con los estudiantes. Algunos docentes se han sentido ofendidos conmigo, pero lo que se manifiesta por las redes sociales también se tiene que manifestar por las vías formales, para poder brindar soluciones. Esto tiene que ver con la responsabilidad propia”, concluyó.

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