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La secretaria Legal y Técnica del Municipio de Ushuaia, Dra. Victoria Vuoto, participó en Buenos Aires de la jornada organizada este martes por la Fundación Internacional para el Desarrollo Local, y destacó el respaldo recibido por parte de varios expertos en municipalismo. Adelantó presentaciones de amicuscuriae en la causa iniciada por la AREF, que tramita ante el Superior Tribunal de Justicia, por la cual reclama una declaración de certeza sobre el cobro del impuesto inmobiliario, entendiendo que corresponde al gobierno y no a los municipios. La funcionaria municipal sostuvo que ese impuesto representa “el 40 por ciento de los ingresos propios” y, de resultar favorable el fallo al gobierno, el impacto sería “de gravedad inusitada”. Se prevé la llegada de especialistas de FINDEL a Ushuaia, donde se organizarán jornadas de debate sobre este tema, por la relevancia no sólo económica sino institucional. Vuoto reprochó al gobierno la “política centralista” que pretende implementar, al apropiarse de estos recursos y poner a los municipios “de rodillas”.

“Todos los panelistas coincidieron en que, si se hace lugar a esta medida, hay un retroceso institucional muy grande, y dijeron que lo tenemos que evitar, por eso pusieron a disposición su colaboración y todo su conocimiento, porque plantean que Tierra del Fuego siempre fue un caso paradigmático en términos de autonomía”, dijo la secretaria Legal y Técnica del Municipio de Ushuaia, Dra. Victoria Vuoto.

Río Grande.- La secretaria Legal y Técnica del municipio de Ushuaia, Dra. Victoria Vuoto, dio a conocer ayer por FM Del Sur la decisión de varios expertos de la fundación FINDEL de presentarse como “amigos del tribunal” en respaldo a las municipalidades, en la causa iniciada por la AREF ante el Superior Tribunal de Justicia.
La funcionaria municipal participó este martes de la jornada organizada en Buenos Aires por la Fundación Internacional para el Desarrollo Local -FINDEL-, que nuclea distintos profesionales que trabajan con la gestión municipalista y las autonomías, y contó con la presencia “de grandes profesionales con trayectoria en la temática, de especialistas e investigadores”, destacó.
“En este esquema, hubo un panel para que pudiéramos exponer el caso de Tierra del Fuego. Por mi lado representé al Municipio de Ushuaia, y estuvo el intendente Gustavo Melella representando al Municipio de Río Grande. Expusimos la situación que están atravesando los municipios, con esta esta intención de la AREF de apropiarse de recursos que son municipales, cuando así lo decidió el constituyente y también así se fue desarrollando históricamente en nuestra provincia. También hablamos de las consecuencias en caso de que la justicia haga lugar a la demanda de la AREF, no sólo en términos económicos sino fundamentalmente en relación al aspecto institucional”, indicó.
“Todos los panelistas coincidieron en que, si se hace lugar a esta medida, hay un retroceso institucional muy grande, y dijeron que lo tenemos que evitar, por eso pusieron a disposición su colaboración y todo su conocimiento, porque plantean que Tierra del Fuego siempre fue un caso paradigmático en términos de autonomía. Nuestra provincia es joven y se creó cuando los municipios ya habían avanzado en protagonismo, en competencias y facultades, y cumplían un rol central en el sistema federal por su cercanía con la gente. Un pronunciamiento de estas características borraría de un plumazo esa historia de Tierra del Fuego, que ha sido paradigmática a nivel nacional y fue también puntapié para la reforma constitucional del ’94, que plasmó ese espíritu. Para ellos sería de una gravedad inusitada y se pusieron a disposición para colaborar en lo que consideremos necesario, desde el asesoramiento ala generación de espacios de debate para difundir esta problemática. Así que contaremos con estas herramientas, son todos profesionales e investigadores que integran espacios internacionales como la Unión Iberoamericana, donde se nuclean los expertos en la materia y definen estrategias comunes para fortalecer la solidaridad y hermandad entre los municipios. Nos invitaron a ser parte de esas experiencias, y estamos muy conformes con esta posibilidad que nos brindó la Fundación”, valoró.

Pasos a seguir

Como paso inmediato, habrá presentaciones judiciales en la causa. “A propuesta de los panelistas y expositores va a haber distintas presentaciones de amicuscuriae en la causa, a favor de la postura de los municipios, de voces autorizadas en la materia. El amicuscuriae es una figura de ‘amigos del tribunal’, por la cual una persona o institución con voz autorizada y trayectoria en la temática se presenta en el expediente y expresa su postura, como consejo al tribunal, si se quiere. Algunos de los especialistas que estaban ahí plantearon la posibilidad de presentarse como amicuscuriae y van a estar trabajando en esto en los próximos días”, informó Vuoto.
“Además va a haber otras jornadas, algunas se van a desarrollar en Ushuaia y ya nos hemos puesto a planificarlas, para contar con estos profesionales acá y poder abrir el debate”, dijo.

Un avance “centralista”

La funcionaria cargó contra el “centralismo” del gobierno de Bertone, al pretender quedarse con el cobro de un impuesto, que no representa nada para el presupuesto provincial, pero pone a los municipios “de rodillas”.
“Nosotros tenemos un sistema de competencias divididas, donde el municipio cobra el impuesto inmobiliario urbano y la provincia cobra el impuesto inmobiliario rural. Hay varias provincias con esta misma realidad, como Santa Cruz, Chaco, Salta, Formosa y Corrientes. Son cinco provincias más que tienen la misma distribución de competencias que la nuestra”, precisó, desmintiendo que solamente en Tierra del Fuego se dé esta situación.
“Para el gobierno no es una cuestión económica, porque de traspasarse el impuesto inmobiliario a la provincia, representaría un 0,18% de incremento del presupuesto provincial; pero para el municipio la afectación sería de una magnitud impensada, porque para nosotros el impuesto inmobiliario representa el 40% de nuestros recursos propios. Si nos sacan el 40% de nuestros ingresos propios, nos están sacando la posibilidad de dar respuesta a las demandas de servicios básicos, como la recolección de residuos, que está dentro de esos montos.De no contar con esos recursos no podríamos prestar ese servicio. Además prestamos otros servicios, porque tenemos el área de salud recientemente creada, con un médico itinerante que va a tener un consultorio itinerante; tenemos la Secretaría de la Mujer, cuando hoy la provincia no asiste en los casos de violencia de género y todos los casos de la justicia son derivados al Municipio, que se hace cargo de la asistencia. También en la tercera edad el PAMI se ha retirado de garantizar la promoción de derechos de los adultos mayores y el Municipio ha suplido ese rol, tenemos colonias de adultos mayores, competencias deportivas, y toda la promoción social que no hace PAMI lo hace el municipio, con los mismos recursos que tiene desde hace dos años.Es un disparate pensar que podemos hacer todo esto con menos recursos”, enfatizó.
“Esto no pasa solamente por lo económico, sino por la posibilidad del Municipio de darse sus propias normas. La AREF tiene una concepción del municipio como un ente autárquico o un mero administrador, y no como una institución donde los habitantes eligen a sus autoridades políticas. Nosotros no somos hijos de la provincia, somos municipios y como tales tenemos autonomía”, sentenció la secretaria.
“A nadie le gusta que se invada la libertad del otro, y la acción de la AREF es una invasión a la libertad de los municipios, porque la autonomía no es más que eso: la capacidad de dictar las propias normas, sus reglas administrativas, tener sus ingresos, fijar sus prioridades y darse su propia constitución. Nos pretenden quitar la libertad de decidir, de legislar, de ejecutar las prioridades de la política pública. Si adheríamos a esta ley -en la que se basa el reclamo de la AREF-, teníamos que derogar nuestras ordenanzas, desoír la carta orgánica, y por eso no adherimos”, recordó.
Aseguró que desde el gobierno “se quiere ejercer una política centralista, usando como excusa los recursos. No representa nada en el presupuesto provincial y para la municipalidad es casi todo. Hay una discusión política de centralismo, de coartar la libertad, de ponernos de rodillas, de marcarnos las prioridades, decir cuándo y cómo, y decidir ellos. Por eso la discusión es más institucional que económica”, remarcó.

Judicialización de la política

Mientras la gobernadora Bertone cuestiona la judicialización de la gobernadora Vidal del reclamo por el fondo del conurbano y pide una resolución política, en la provincia aplica otro criterio, y esto fue cuestionado por la Secretaria Legal y Técnica, que consideró “pésima la judicialización de la política, porque quienes gobiernan tienen que generar ámbitos de diálogo, puntos de consenso y deberían agotar las herramientas políticas antes de llegar a la justicia. La justicia termina actuando de mediador entre el Ejecutivo y el Legislador, y le hace mucho daño al sistema republicano de gobierno que cada Poder no cumpla con su rol”.
“Es pésimo que se acuda a la justicia para resolver cuestiones de estas características, habla de inmadurez política y no estoy de acuerdo para nada con la judicialización, como ocurre con el fondo del conurbano. Acá se hizo lo mismo que se cuestiona, se judicializó la política y el gobierno está compartiendo esta locura de la AREF, cuando tendría que haber utilizado los mecanismos institucionales para resolverlo”, concluyó.