radiouniversidad.com.ar

La legisladora justicialista planteó un “salto gigantesco” del gasto, tomando como referencia el proyecto del ejercicio anterior que no fue aprobado, por 42.500 millones, contra los casi 74 mil presentados ahora. También observó que se reserva un 8% para la planta de funcionarios, que equivaldría a 1.400 cargos más. Aseguró que no está detallada la obra pública presupuestada en 5.400 millones, por lo que esperará las explicaciones del Ministro de Finanzas y de la Ministra de Obras Públicas cuando comience el análisis. Además informó que recibió la respuesta del Fiscal de Estado y de la Inspección General de Justicia respecto del proyecto de creación de Terra Ignis. Afirmó que el Fiscal “no comparte para nada la creación de esta empresa, ni siquiera con el cambio de la figura jurídica”. Desde la IGJ se habría expresado que “el capital social tiene que ser el suficiente y que el quórum tiene que estar garantizado en las asambleas ordinarias y extraordinarias”.

Río Grande.- La legisladora justicialista Myriam Martínez fue consultada por Radio Universidad 93.5 sobre el proyecto de presupuesto presentado por el Ejecutivo y aseguró que resulta confuso y difícil de comprender. “Tenemos un presupuesto presentado por casi 74 mil millones de pesos, con un déficit de 14 mil millones. Tenemos un ingreso de recursos previsto en 56.500 millones, y de gastos corrientes hay más de 61.300 millones. No está claro el tema de la deuda de 200 millones de dólares que se tomó, que están incluidos dentro del déficit”, dijo.

“Tanto en 2019 como en 2020 tuvimos presupuestos reconducidos. El primero fue por decisión de la ex gobernadora Bertone, y el segundo fue a solicitud del gobernador Gustavo Melella. No se aprobó el presupuesto porque el gobernador solicitó reconducirlo. Así como le habíamos dado esa posibilidad a la ex gobernadora el año anterior, entendimos que correspondía continuar de la misma manera. El presupuesto que presentamos en 2019 para 2020 fue de 42.500 millones y hay una diferencia de 30 mil millones con el actual; y el anterior fue de 30 mil millones. La relación era muy parecida en los anteriores pero ahora saltamos de una forma gigantesca a 74 mil millones de pesos”, señaló.

Marcó como otra “cuestión llamativa” que en el artículo 19 el presupuesto “prevé hasta el 8% de la dotación pública centralizada y descentralizada destinado a cubrir cargos de personal de gabinete. Estaríamos hablando de 1.400 cargos más, y no nos queda claro para qué. Es toda la planta de gabinete del gobierno”.

Respecto de los 5 mil millones para obra pública, aclaró que “son 4.650 millones para obra pública y llegan a 5.400 millones con los organismos descentralizados, pero no sabemos cuál es la obra pública que van a llevar adelante. También figuran muchísimos programas sociales por otros miles de millones de pesos de los que no tenemos conocimiento, tanto en el área social como en el ámbito de la salud. Entiendo que cuando comencemos con el cronograma de reuniones vamos a tener la posibilidad de interactuar con los ministros, y seguramente vamos a trabajarlo con el Ministro de Finanzas, para poder tener esto más desarrollado. Este presupuesto es muy complejo y no es nada fácil trabajarlo”, sostuvo.

“El gobernador hace un desarrollo con algunos montos determinados y cuando vamos a las planillas de cada ministerio o de cada ente, difieren algunos puntos y hay que ir y venir del fundamento a la planilla. Varía también el déficit, porque cuando hablan del déficit de 14 mil millones toman un ingreso superior al que figura en la planilla. Seguramente la semana que viene vamos a tener más determinado cada rubro”, manifestó.

Fondos para bomberos

“Otro tema que no es menor y estuvimos trabajando en la comisión de presupuesto, a solicitud de la Federación de Bomberos, es que incluyeron en el artículo 23 del presupuesto destinar el 50% de la ley 959, que es la ley de presupuesto de la ex gobernadora Fabiana Ríos, donde destinaban el equipamiento y capacitación a la Secretaría de Protección Civil. Es decir que se van a quedar con el 50% de la recaudación del 1,5% de la totalidad de los Ingresos Brutos, y tendrían que ir a los bomberos. Es mucho dinero”, dijo.

“Estamos convencidos de que la totalidad de la recaudación del 1,5% de Ingresos Brutos tiene que ir a los cuarteles de bomberos. El tema de los bomberos es de todos los gobiernos. La ex gobernadora Ríos tenía como Secretario de Seguridad a Facio, que hoy es Secretario de Protección Civil. En aquella oportunidad no pudo resolver el tema de los bomberos. En la Legislatura recorrían los pasillos todo el tiempo y recorríamos los cuarteles por el tema del envío de los fondos, de la rendición. Después llegó el gobierno de Rosana y se reguló bastante. Parece que muchos están sufriendo las consecuencias del acompañamiento que tuvo la gestión de Bertone”, barajó.

“Los bomberos son esenciales para todos los fueguinos, porque no se ha invertido en los bomberos de la policía de la provincia, no tienen equipamiento, no tienen tecnología ni recursos humanos necesarios. Es decir que obligatoriamente necesitamos contar con los bomberos voluntarios. La responsabilidad nuestra es acompañarlos y generar todos los espacios de diálogo para que puedan resolver esta situación, y es un derecho que les envíen la totalidad de los fondos que les corresponden. Es una cuestión de seguridad de todos los fueguinos”, subrayó.

Fibra óptica

También hizo referencia a las obras que no fueron continuadas, como la fibra óptica, que resulta esencial en esta pandemia. “Faltan 50 millones para terminar la obra y la plata está. Habría que preguntarle a la Ministra por qué suspendió la obra porque la plata la tiene y la Legislatura generó la herramienta y los recursos. En mi caso le pedí expresamente, cuando se autorizó el cambio de algunas obras, que se incorporara la continuidad del tendido de fibra óptica. Esto está explicitado. La plata del endeudamiento está en el banco y está para la obra pública. Por qué la obra pública se detuvo, no lo sé. Tampoco sé por qué se detuvo el Corredor del Beagle, con el tramo 2 y 3, porque quedó solamente el tramo 1. Hay un tema judicial y la justicia ya se expidió casi en todo. La discusión es política y seguramente eso lo vamos a retomar. Vamos a tener la oportunidad de tener la Ministra de Obras Públicas cuando tratemos el presupuesto y vamos a preguntarle qué pasó con la continuidad de las obras, además de tener las obras que va a llevar adelante con estos 5.400 millones de pesos”, adelantó.

Terra Ignis

Consultada acerca de si está contemplado en el presupuesto la creación de la empresa de hidrocarburos, respondió que “no está muy bien especificado, y es un tema entre tantos. Está incluido el Laboratorio del Fin del Mundo, pero se tiene que trabajar porque hay muchas cuestiones alrededor. Han presentado algunas modificaciones del proyecto inicial de la empresa de hidrocarburos. Por ejemplo, le cambiaron la figura jurídica de una sociedad anónima unipersonal a una SAPEM. La SAPEM tiene que tener el 51% de las acciones a favor del Estado. El capital pasa de 10 millones a 50 millones de pesos, que tampoco es nada. El objeto social no está definido, el plan de negocios no lo tenemos. El estatuto estaba incluido en el proyecto anterior, es decir que se aprobaba con el proyecto. Esta vez lo sacaron, para que no pase por la Legislatura. Después evaden todos los controles de la ley 495, que es la ley de administración financiera; también la ley 50 del Tribunal de Cuentas. Estas dos leyes deben estar por Constitución, más aun si es una SAPEM”, remarcó.

“Con respecto al directorio, figuran cinco directores. No está claro qué pasaría si por algún motivo se tiene que disolver la sociedad, porque no dice nada la ley. En junio yo le mandé una nota a la IGJ para que se expida con respecto a si habían tomado algún tipo de intervención con el estatuto, y recién me la están respondiendo ahora. Previamente, como no respondían, le mandé una nota al legislador Federico Greve, que preside la comisión 1, para que intervenga y que me respondan. El legislador le dio curso a mi solicitud y llegó la respuesta de la IGJ, pero también tengo la respuesta del Fiscal de Estado. El Fiscal que la figura jurídica adoptada está alejada del contenido de la ley, con mayores inconvenientes y gravísimos perjuicios para el erario. No comparte para nada la creación de esta empresa, ni siquiera con el cambio de la figura jurídica. Toma en consideración las experiencias anteriores y la exposición que hizo en la Legislatura”, indicó.

“Obviamente vamos a intentar construir los consensos entre todos, si la intención es que la provincia pueda contar con una empresa, para que tengamos el mejor proyecto. La intención no es poner trabas sino hacer las cosas bien. Pero de esta manera con mi acompañamiento no van a contar”, advirtió.

Consideró que “el capital de 50 millones es irrisorio. No alcanza para pagar ni siquiera a los consultores” y, respecto de la posición de la IGJ, dijo que “la que contesta el pedido es Daiana Freiberger, que es la Secretaria de Justicia. Ella recomienda aclarar que el Estado siempre deberá tener el 51% de las acciones y en esto es muy reiterativa. Entiende que el capital social tiene que ser el suficiente y que el quórum tiene que estar garantizado en las asambleas ordinarias y extraordinarias”.

Dictamen para cannabis medicinal

Sin fecha de sesión todavía, se sigue avanzando en las comisiones con otros proyectos y se llegó a dictaminar a favor de la ley de cannabis en la comisión de salud. “Esta ley modifica la ley provincial 1.277, sobre el uso medicinal de la planta. Nosotros aprobamos esa ley en forma unánime, en adhesión a la ley nacional, y le daba la cobertura a todas las personas que sufrían la enfermedad de epilepsia refractaria. El Estado garantiza el medicamento en forma gratuita, mediante un programa nacional. Lo que hicimos ahora fue incorporar todas las patologías, que son más de 50, y quedó abierto a toda aquella que estime el profesional a futuro. También incorporamos un registro de profesionales debidamente capacitados para prescribir este medicamento; y un registro de todas las personas que consumen el medicamento y de sus familiares, porque hay muchos familiares que tienen a cargo a personas que necesitan contar con una guarda judicial”, detalló.

“Estas modificaciones ya tienen dictamen de la comisión 5, y vamos a trabajarlas en la comisión de legislación general la semana que viene. Estoy convencida de que vamos a tener el acompañamiento de todos los legisladores”, confió.

Expresó que “la gente no quiere consumir este medicamento en forma clandestina y tampoco tiene la garantía de que es el que realmente necesita. La ley nacional está reglamentada en cuatro o cinco artículos, pero no sirve tal cual fue votada. Solamente sirve para epilepsia refractaria. Nosotros acá trabajamos con la ley que aprobaron las provincias de Salta y de Santa Fe, para ser pioneros, pero hay que dejar de vender humo”, aclaró, dado que aun con las modificaciones son podrán pasar por encima de la ley nacional.

“La ley 23.737, que es el régimen legal de estupefacientes, considera al cannabis como droga peligrosa. Ese es el grave problema que tienen las familias que quieren cultivar y ya interviene el ámbito federal. Hoy está prohibido el cultivo y por más que lo incorporemos en esta ley, hay una ley nacional que dice que la marihuana es una droga peligrosa. Las semillas que necesitamos que ingresen a nuestro país no pueden ingresar, porque es ilegal”, concluyó.