A seis meses de la intervención federal de la Dirección Provincial de Puertos, el concejal de Río Grande y presidente del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical (UCR) Tierra del Fuego, Maximiliano “Maxi” Ybars sostuvo que la administración nacional no cumplió con las promesas de transparencia ni de modernización. Aseguró que los fondos generados por la terminal portuaria fueron centralizados por el Estado nacional sin traducirse en obras, mejoras operativas ni beneficios para Tierra del Fuego.
Río Grande, 22 de julio de 2026.– El concejal de Río Grande Maximiliano “Maxi” Ybars, presidente de la Unión Cívica Radical de Tierra del Fuego, cuestionó con dureza el balance de los primeros seis meses de la intervención federal sobre la Dirección Provincial de Puertos, al considerar que la medida no produjo los resultados que habían sido anunciados por el Gobierno Nacional y que, por el contrario, significó la pérdida del control provincial sobre recursos estratégicos para Tierra del Fuego.
El edil radical sostuvo que la intervención respondió más a un objetivo de centralización de los ingresos que a una verdadera intención de transparentar la administración del puerto, y remarcó que, hasta el momento, no existen avances concretos que justifiquen la decisión adoptada por la Nación.
“Tomar los recursos de los fueguinos para llevarlos a una intervención nacional sin que haya generado ningún cambio es hablar estrictamente de la caja de puertos”, afirmó.
En ese sentido, Ybars señaló que los recursos económicos generados por la actividad portuaria dejaron de ser administrados por la provincia y pasaron a depender de organismos nacionales, situación que, según advirtió, implica que fondos producidos en Tierra del Fuego ya no son reinvertidos directamente en beneficio de la infraestructura y los servicios locales.
“El dinero del puerto hoy lo administra la Nación, ya sea a través del Ministerio de Economía o del organismo que corresponda. Son recursos que pertenecen a los fueguinos y que deberían volver en inversiones para nuestra provincia”, expresó.
El concejal también puso en duda los argumentos utilizados por el Gobierno Nacional para justificar la intervención, recordando que las acusaciones sobre presuntas irregularidades nunca derivaron en presentaciones judiciales.
“Si realmente había una mala administración, no existe ni una sola denuncia que lo demuestre. El sentido común indica que no se puede intervenir un organismo y quitarle sus recursos sin pruebas concretas”, manifestó.
Asimismo, cuestionó que, transcurrido medio año desde el inicio de la intervención, no se registren mejoras visibles en el funcionamiento del Puerto de Ushuaia.
Según indicó, la administración federal no impulsó nuevas obras, ni incorporó servicios, ni produjo cambios operativos que permitan afirmar que la terminal portuaria funciona hoy en mejores condiciones que antes de la intervención.
Para Ybars, la situación del puerto forma parte de una política nacional más amplia de concentración de recursos y reducción del gasto público.
“El Estado nacional se corrió de la obra pública; eso no hace falta que lo expliquen porque lo ven todos los vecinos. El ajuste lo sentimos todos, especialmente quienes menos tienen. Y, además, se quedan con recursos que nos pertenecen”, sostuvo.
Finalmente, el concejal insistió en que los ingresos generados por la actividad portuaria constituyen recursos propios de Tierra del Fuego y consideró que deben destinarse al fortalecimiento de la infraestructura, los servicios y el desarrollo económico de la provincia.
“Los recursos que genera el puerto tienen que volver a los fueguinos en forma de obras e inversiones. Eso es defender la autonomía provincial y garantizar que el crecimiento de nuestra actividad portuaria beneficie a quienes viven en Tierra del Fuego”, concluyó.





















