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El legislador del Movimiento Popular Fueguino cuestionó duramente el veto del Gobernador a la abrogación de la Ley 1529, sostuvo que la reforma responde a una “aventura política” del oficialismo y desplegó una extensa fundamentación jurídica para defender la facultad de la Legislatura de dejar sin efecto el proceso constituyente. “Tomamos la decisión de enterrar de una vez por todas esta aventura a la que nos ha querido llevar el Gobernador tozudamente desde hace años”.

Ushuaia.- El legislador provincial del Pablo Villegas protagonizó una de las exposiciones más extensas y duras durante la sesión legislativa en la que la Cámara insistió con la derogación de la Ley 1529 de reforma constitucional, rechazando el veto impuesto por el gobernador Gustavo Melella mediante el Decreto Provincial 865/26.

Con un discurso atravesado por críticas políticas, económicas y jurídicas, Villegas acusó al mandatario provincial de impulsar la reforma constitucional por “ambición de poder” y aseguró que el proceso constituyente no responde a las necesidades reales de la sociedad fueguina.

En el inicio de su intervención, el parlamentario del Movimiento Popular Fueguino cuestionó un planteo previo realizado por el legislador oficialista Federico Greve respecto a la incorporación de los fundamentos del veto a la versión taquigráfica.

Villegas aclaró que los fundamentos pertenecían al Poder Ejecutivo y no al bloque oficialista, aunque finalmente Greve pidió incorporarlos como propios del bloque FORJA, moción que fue aprobada por mayoría.

Ya en el núcleo de su exposición, el legislador estructuró su discurso sobre tres ejes: las circunstancias políticas que dieron origen al conflicto, la falta de oportunidad para avanzar con la reforma y una extensa fundamentación jurídica contra el veto del Ejecutivo.

“Esta Legislatura se ve obligada a tratar nuevamente todo aquello relacionado al proceso de reforma constitucional por la conducta antojadiza y caprichosa del gobernador de la provincia”, afirmó.

Según Villegas, el gobernador Melella priorizó un proyecto personal de construcción política por encima de los problemas cotidianos de la provincia.

“Es su proyecto personal de querer construir poder político, de mantener poder político, llevando a todo un pueblo a un proceso electoral que no le va a solucionar la vida”, disparó.

El legislador recordó además que la Ley 1529 fue aprobada en diciembre de 2023 por una Legislatura con otra composición y sin un debate político y social amplio.

“Fue el gobernador Melella quien motivó que aquella Legislatura, sin la participación democrática previa de los actores sociales y políticos de Tierra del Fuego, aprobara sobre tablas esta ley”, sostuvo.

Villegas también cuestionó que el oficialismo siga insistiendo con la reforma en medio de una crisis económica y social que —según describió— atraviesa toda la provincia.

“Tenemos escuelas que no están en condiciones, docentes reclamando salarios, hospitales con servicios resentidos, policías retirados que no cobran haberes compensatorios y una provincia que tiene que pedir adelantos de coparticipación para pagar salarios”, enumeró.

En ese contexto, consideró inadmisible avanzar con un proceso electoral costoso para elegir convencionales constituyentes.

“Vamos a gastar dinero que no tenemos para elegir convencionales que no le van a cambiar la vida a nadie”, afirmó.

Uno de los tramos más extensos de su discurso estuvo centrado en refutar jurídicamente los argumentos del veto provincial. Allí, Villegas rechazó la interpretación del Ejecutivo que sostiene que la declaración de necesidad de reforma constituye una competencia “preconstituyente de naturaleza excepcional”.

“Ni la Ley 1529 ni la ley de abrogación dejan de ser leyes ordinarias en ejercicio de una función propia de este poder del Estado”, sostuvo.

Para fundamentar esa postura, el legislador repasó debates de la Convención Constituyente de 1991 y citó expresamente intervenciones de convencionales constituyentes que rechazaron excluir el derecho de veto del Poder Ejecutivo sobre la ley de necesidad de reforma.

Según Villegas, el hecho de que la Constitución Provincial permita el veto demuestra que la Ley 1529 está sometida al procedimiento legislativo ordinario previsto en los artículos 107 al 113 de la Carta Magna fueguina.

“Si el propio Poder Ejecutivo ejerce una función colegislativa prevista en el artículo 109 de la Constitución Provincial, está reconociendo explícitamente que estamos frente a una ley ordinaria”, argumentó.

El legislador también cuestionó otro de los fundamentos centrales del veto, referido a una supuesta afectación de derechos políticos de la ciudadanía.

“No estamos frente a un proceso electoral consolidado. No tenemos listas oficializadas, no tenemos cronograma electoral, no tenemos convencionales elegidos y mucho menos una convención funcionando”, señaló.

Por ello, consideró que aún no existen derechos subjetivos concretos afectados, sino apenas expectativas electorales.

“En el mejor de los casos hay un interés legítimo, pero no derechos subjetivos vulnerados”, afirmó.

Villegas también respondió a las comparaciones realizadas por Greve respecto a la Convención Constituyente de Ushuaia de 2001.

“Ahí ya había convencionales elegidos y una Convención funcionando. Hoy estamos apenas en los primeros pasos de un proceso de reforma”, diferenció.

En otro tramo del debate, el parlamentario introdujo además una distinción entre la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio del gobernador Melella.

“La legitimidad de origen que pudo haber tenido el gobernador en 2023 es indiscutible. Pero no es la misma legitimidad de ejercicio que tiene hoy”, manifestó.

Asimismo, defendió la potestad constitucional de la Legislatura para abrogar la Ley 1529 y sostuvo que la Constitución fueguina no establece ninguna prohibición para ello.

“La Constitución de Tierra del Fuego no establece manda constitucional alguna que impida a esta Legislatura ejercer la atribución de abrogación de una ley”, remarcó.

Sobre el cierre, Villegas reivindicó la decisión parlamentaria de insistir con la derogación de la reforma constitucional y aseguró que la Legislatura definió correctamente sus prioridades.

“Tomamos la decisión de decirle al pueblo de la provincia que no estamos en condiciones de gastar millones y millones de pesos en un proceso electoral para elegir constituyentes que no le van a resolver los problemas a nadie”, expresó.

Y concluyó con una dura definición política: “Tomamos la decisión de enterrar de una vez por todas esta aventura a la que nos ha querido llevar el Gobernador tozudamente desde hace años”.