La medida judicial se lleva adelante este miércoles 28 de octubre, a partir de una denuncia presentada por la Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego ante los reiterados impedimentos que habría sufrido personal de la Secretaría de Ambiente para ingresar a las instalaciones portuarias. El procedimiento, a cargo de la Prefectura Naval Argentina, busca garantizar las inspecciones sobre residuos peligrosos, posibles focos de contaminación, instalaciones y recursos hídricos. La resolución aclara que los antecedentes reunidos no acreditan por sí mismos la existencia de contaminación ambiental actual.
Ushuaia, 28 de octubre de 2026.- La Justicia dispuso el allanamiento del Puerto de Ushuaia, ubicado en avenida Maipú 510, con el objetivo de garantizar el ingreso de funcionarios y profesionales de la Secretaría de Ambiente de Tierra del Fuego para realizar tareas de inspección, auditoría y fiscalización ambiental en distintos sectores del predio portuario.
La medida se desarrolla este miércoles, en el marco de la causa Nº 42.281/2026, iniciada a partir de una denuncia de la Fiscalía de Estado provincial por los presuntos obstáculos que habrían impedido el normal ejercicio de las facultades de control ambiental.
De acuerdo con los antecedentes que motivaron la intervención judicial, personal técnico de la Provincia habría intentado ingresar a las instalaciones en distintas oportunidades entre agosto y octubre, sin poder concretar las verificaciones previstas.
Ante la reiteración de estos episodios, se autorizó el procedimiento judicial para permitir el acceso de los inspectores y garantizar el cumplimiento de las tareas de fiscalización.
Inspecciones en muelles, talleres y sectores de almacenamiento
La orden judicial comprende diferentes áreas del Puerto de Ushuaia, entre ellas los muelles de Catamaranes y Comercial, la Plazoleta Fiscal, el Taller Mecánico y los sectores destinados al almacenamiento y relleno.
También incluye instalaciones y obras relacionadas con el recurso hídrico, así como los sistemas de drenaje pluvial existentes dentro del predio.
Uno de los principales objetivos de la inspección consiste en determinar si existen residuos peligrosos almacenados en las instalaciones, identificar sus características y comprobar las condiciones en las que se encuentran.
Los profesionales deberán verificar, además, la trazabilidad de esos materiales, es decir, la información que permita establecer su origen, manejo, almacenamiento y eventual destino.
Las tareas también contemplan la búsqueda de posibles derrames, pérdidas o indicios de contaminación, además de la evaluación de las actividades de mantenimiento de embarcaciones y de las instalaciones que pudieran generar impactos sobre el ambiente.
La denuncia por los impedimentos a los controles provinciales
La intervención judicial tiene su origen en la presentación realizada por la Fiscalía de Estado, luego de que funcionarios provinciales denunciaran dificultades reiteradas para acceder al predio portuario.
Según los antecedentes expuestos en la causa, estas situaciones se registraron durante distintos procedimientos de inspección previstos entre agosto y octubre.
La imposibilidad de concretar las verificaciones habría impedido que los organismos técnicos reunieran información suficiente sobre las condiciones ambientales de determinadas instalaciones y sectores de almacenamiento.
Frente a este escenario, la Justicia consideró necesario habilitar el ingreso mediante una orden judicial, con el propósito de garantizar el ejercicio de las competencias de fiscalización ambiental de la Provincia.
El procedimiento permitirá que los profesionales efectúen las observaciones y comprobaciones directamente en el lugar, sin depender de nuevas autorizaciones de acceso por parte de quienes se encuentran a cargo de las instalaciones.
Prefectura Naval Argentina a cargo del procedimiento
La ejecución de la medida fue encomendada al jefe de la Prefectura Ushuaia o al personal que este designe, con la participación de funcionarios y especialistas de las áreas provinciales de Gestión Ambiental y Recursos Hídricos.
La resolución contempla la posibilidad de recurrir a la fuerza pública, aunque establece que esa facultad deberá utilizarse únicamente cuando resulte estrictamente necesario para garantizar el cumplimiento de la orden.
La intervención de los equipos técnicos permitirá realizar las verificaciones correspondientes y documentar las condiciones observadas durante el recorrido por las instalaciones portuarias.
La información obtenida será relevante para establecer si existen irregularidades en el manejo de residuos, en las condiciones de almacenamiento o en otras actividades que pudieran tener consecuencias ambientales.
La Justicia aclara que no está acreditada una contaminación actual
Uno de los aspectos centrales de la resolución es la distinción entre la necesidad de efectuar controles ambientales y la existencia efectiva de un daño al ambiente.
Si bien los antecedentes reunidos plantean interrogantes sobre la ubicación y las condiciones de determinados residuos, la medida judicial no implica que se haya comprobado contaminación en el Puerto de Ushuaia.
Por el contrario, la resolución señala que la información disponible hasta el momento no permite acreditar por sí misma la existencia de contaminación ambiental actual.
Precisamente, las inspecciones presenciales fueron consideradas necesarias para esclarecer esas circunstancias y obtener elementos técnicos que permitan determinar el estado de las instalaciones.
De esta manera, el allanamiento tiene una finalidad de verificación y obtención de información, sin que su realización constituya una conclusión anticipada sobre eventuales responsabilidades o infracciones ambientales.
Un procedimiento en medio de la situación institucional del puerto
El operativo se produce en un contexto de particular atención sobre el funcionamiento y la administración del Puerto de Ushuaia, cuya situación institucional ha generado controversias entre las autoridades provinciales y nacionales.
En ese escenario, la intervención judicial introduce una cuestión específica: la posibilidad de que los organismos provinciales competentes puedan ejercer sus atribuciones de inspección y control ambiental dentro del predio.
Más allá de las controversias administrativas existentes, el procedimiento busca esclarecer los impedimentos denunciados y permitir que los profesionales desarrollen las tareas necesarias para evaluar las condiciones ambientales del puerto.
Los resultados de las inspecciones serán determinantes para conocer el estado de los sectores examinados y establecer si corresponde adoptar medidas adicionales en materia de gestión de residuos, prevención de la contaminación o protección de los recursos hídricos.
