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Durante la audiencia pública desarrollada en la Legislatura fueguina, la presidente del Bloque de La Libertad Avanza realizó fuertes cuestionamientos al procedimiento de selección del Defensor Provincial de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Natalia Gracianía pidió revisar todo lo actuado y comenzar nuevamente el proceso con reglas claras. En tanto, Débora Ranieri, presidente de la Asociación Civil para la Protección de los Derechos Civiles (PRODECI), advirtió sobre la falta de publicación de exámenes y currículums de los postulantes y reclamó transparencia, igualdad de oportunidades e independencia política para quien resulte designado. Hubo varios cuestionamientos de otras expositoras en dicha audiencia, como la de la abogada Carlota Julia López quien reclamó independencia del poder político: “No se puede incomodar al poder si se es parte de ellos”, postuló.

Ushuaia, 23 de agosto de 2026.- El proceso destinado a seleccionar al Defensor Provincial de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes recibió fuertes cuestionamientos durante la audiencia pública realizada en la Legislatura de Tierra del Fuego, donde diferentes participantes plantearon observaciones respecto de la transparencia, publicidad y reglas aplicadas durante el concurso.

Entre las intervenciones estuvieron las de la legisladora Natalia Gracianía, presidente del bloque de La Libertad Avanza, y Débora Ranieri, representante de la Asociación Civil para la Protección de los Derechos Civiles (PRODECI), quienes coincidieron en señalar la falta de acceso público a documentación considerada fundamental para poder evaluar el procedimiento.

Gracianía: “No ha sido un concurso de antecedentes y oposición”

Gracianía sostuvo que la instancia reviste particular importancia debido a que determinará quién ocupará una función central para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes durante los próximos años.

Recordó que el concurso despertó una importante expectativa y que inicialmente se inscribieron más de 60 personas, entre profesionales y postulantes con experiencia y trayectoria vinculadas a la niñez.

Sin embargo, cuestionó duramente la manera en que se desarrollaron las sucesivas etapas.

“Este concurso, que generó muchísima expectativa porque más de 60 personas se inscribieron para participar, no ha sido, lamentablemente, un concurso de antecedentes y oposición”, afirmó.

La legisladora argumentó que los antecedentes de los participantes no estuvieron disponibles durante buena parte del procedimiento y señaló que tampoco se hizo pública toda la documentación respaldatoria.

“Los antecedentes estuvieron escondidos hasta último momento”, cuestionó, y agregó que tampoco existieron condiciones suficientes para ejercer impugnaciones debido a que la información disponible sobre los postulantes era limitada.

Gracianía señaló además que no pudieron conocerse las correcciones de los exámenes y consideró que quienes participaron tenían derecho a saber de qué manera habían sido evaluados los restantes concursantes.

“Esto hubiera traído también esa necesaria transparencia de este concurso”, expresó.

El cuestionamiento por los 45 excluidos

Otro de los puntos planteados por Gracianía estuvo relacionado con las 45 personas que quedaron excluidas en las primeras instancias del procedimiento.

Según explicó, la exclusión estuvo relacionada con la acreditación del requisito de cinco años de residencia en Tierra del Fuego, pese a que, sostuvo, se trataba de personas que efectivamente llevaban más de ese período viviendo en la provincia.

La parlamentaria afirmó que durante el proceso “no había reglas claras” y cuestionó que los reglamentos fueran conociéndose mientras avanzaban las distintas etapas.

“Cualquiera puede pensar que los reglamentos fueron hechos de acuerdo a las personas que iban quedando en cada etapa. Y esto no es justo para nadie”, manifestó.

Para Gracianía, esa situación afecta no solamente a quienes participaron del concurso, sino también a la ciudadanía y a las propias instituciones provinciales.

“Fui la única legisladora, pero hubo muchas personas que manifestaron preocupación”

La representante de La Libertad Avanza también respondió a los cuestionamientos surgidos por haber sido la única integrante de la Legislatura que manifestó públicamente objeciones al procedimiento.

“Sí, fui la única legisladora. Pero hay un montón de personas que también manifestaron su preocupación. Muchos postulantes también manifestaron preocupación”, sostuvo.

Incluso afirmó que existirían personas que no expresan públicamente sus cuestionamientos por temor a eventuales consecuencias laborales o profesionales.

A partir de esas observaciones, Gracianía consideró que el concurso perdió legitimidad y pidió expresamente revisar lo actuado.

“Tenemos la oportunidad histórica de revisar todo lo actuado, de empezar de cero y que el Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes realmente sea elegido con reglas claras, por idoneidad y con la publicidad necesaria de todos los actos de gobierno”, reclamó.

La legisladora advirtió que resulta necesario despejar cualquier sospecha sobre el resultado final del procedimiento y evitar que quede instalada en la sociedad la percepción de que el concurso pudiera haber sido diseñado para favorecer a determinadas personas.

“No podemos quedarnos con esa mancha en este concurso”, sostuvo.

PRODECI también reclamó la publicación de exámenes y currículums

Posteriormente intervino Débora Ranieri, presidente de la Asociación Civil para la Protección de los Derechos Civiles (PRODECI), entidad conformada por abogados que desde 2010 trabaja en temáticas relacionadas con niñez, familia, docentes y profesionales de la salud.

Ranieri explicó que, tras recibir la información para participar de la audiencia, ingresó al sitio correspondiente al concurso y advirtió que los exámenes de los postulantes no se encontraban publicados.

“No hay manera de saber si hubo una igualdad en la corrección de los exámenes para cada uno si no hay publicidad de los actos de gobierno”, planteó.

También manifestó que no pudo acceder a los currículums completos de los participantes y advirtió que esa situación dificulta cualquier posibilidad de controlar los antecedentes declarados o efectuar eventuales impugnaciones.

“¿Cómo se puede impugnar si alguien está diciendo en su CV un dato falso y no se puede controlar?”, interrogó.

Para la representante de PRODECI, el procedimiento no debe quedar limitado a quienes participan directamente del concurso, debido a que se trata de una instancia institucional que involucra a toda la sociedad.

“Esto es una instancia democrática en la que no solamente tienen que tomar noticia aquellos que están implicados, sino también la ciudadanía toda”, remarcó.

La referencia al concurso nacional

Ranieri vinculó estas observaciones con su experiencia en el concurso nacional realizado en 2025, en el que participó como integrante del Consejo Asesor.

Según explicó durante la audiencia, posteriormente se conocieron irregularidades relacionadas con los resultados de los exámenes y recordó que la falta de publicidad impidió conocerlas oportunamente.

A partir de ese antecedente, instó a las autoridades provinciales a garantizar condiciones de igualdad y transparencia antes de avanzar con la designación.

“En un rol tan importante durante cinco años del Defensor del Niño, tiene que haber igualdad de oportunidades, que lo dice la Constitución, y transparencia de los actos de gobierno”, afirmó.

Cuestionamientos a los proyectos presentados

Ranieri también efectuó observaciones sobre el contenido de algunos de los proyectos presentados por los postulantes.

Aseguró que varias propuestas reproducían iniciativas correspondientes al proceso nacional de 2025 y consideró que algunas se encontraban alejadas de problemáticas específicas que atraviesan actualmente las infancias en Tierra del Fuego.

En ese marco, hizo especial hincapié en la educación, la aplicación de la denominada Ley Lucio y la necesidad de que el futuro Defensor mantenga independencia respecto del poder político.

“Independencia del Defensor del Niño respecto del poder político de turno. Eso es clave para que pueda tener una función de contralor necesaria para que los niños sean protegidos realmente en sus derechos”, sostuvo.

Ranieri también expresó durante su exposición posiciones vinculadas a la perspectiva de género, la protección de la vida desde la concepción y lo que definió como una educación “sin ideología y sin adoctrinamiento”, planteamientos que formuló como criterios que, a su entender, debería considerar quien ocupe la Defensoría.

Reclamos de transparencia en una definición institucional

Las intervenciones de Gracianía y Ranieri confluyeron así en uno de los principales cuestionamientos planteados durante la audiencia: la necesidad de garantizar la publicidad de los antecedentes, exámenes, criterios de corrección y demás actuaciones correspondientes al concurso.

Mientras la representante de PRODECI reclamó que esas condiciones sean garantizadas para asegurar el control ciudadano y la igualdad entre los participantes, Gracianía fue más allá y pidió revisar integralmente el procedimiento.

La legisladora sostuvo que todavía existe la posibilidad de corregir las objeciones planteadas antes de avanzar hacia la designación definitiva y reclamó que la elección de una autoridad que tendrá bajo su responsabilidad la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes quede respaldada por un procedimiento cuya legitimidad no pueda ser puesta en duda.

Para Gracianía, el objetivo debe ser que quien finalmente ocupe el cargo sea elegido “por idoneidad”, bajo reglas conocidas previamente y con la publicidad de los actos necesaria para garantizar confianza en el resultado.

López reclamó independencia del poder político: “No se puede incomodar al poder si se es parte de ellos”

Otra de las intervenciones que incorporó cuestionamientos y advertencias durante la audiencia pública fue la de la abogada Carlota Julia López, quien llegó desde Rosario, provincia de Santa Fe, y señaló contar con más de 30 años de ejercicio profesional, particularmente en derecho de familia y defensa de los derechos de niñas y niños.

López centró buena parte de su exposición en un aspecto que, según sostuvo, encontró escasamente desarrollado luego de analizar los planes de trabajo de los postulantes: la violencia institucional contra niñas, niños y adolescentes.

“He leído cada uno de sus planes de acción, planes de trabajo, y he notado que se ha obviado un tema que es fundamental, que es la violencia institucional”, planteó.

La abogada sostuvo que una de sus manifestaciones se produce cuando un niño víctima de abuso debe atravesar reiteradamente diferentes instancias institucionales y volver a relatar situaciones traumáticas.

“Considero que hay violencia institucional cuando se revictimiza al niño, un niño abusado que tiene que deambular por varios estadios y pasar por varios estadios que le obligan a repetir su dolor, su sufrimiento”, expresó.

Como ejemplo mencionó las horas de espera ante intervenciones médico-forenses y sostuvo que el sistema debe evitar que los procedimientos destinados a proteger a las víctimas terminen generando nuevas situaciones de sufrimiento.

López extendió el concepto de violencia institucional a las condiciones de alojamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal y también a determinadas prácticas educativas que, a su criterio, no contemplan adecuadamente la edad y madurez de los estudiantes.

En ese contexto aclaró expresamente que sus observaciones no implican un rechazo a la Educación Sexual Integral (ESI).

“Esto no quiere decir que estoy en contra de la ESI, al contrario. La ESI es una herramienta que, según la Ley 26.150 y la 26.206, sirve para que los niños puedan ser protegidos, entre otras cosas, de los abusos, pero con el debido respeto a su madurez”, afirmó.

También vinculó la violencia institucional con la estigmatización de la pobreza y formuló fuertes cuestionamientos a situaciones que, según relató, conoció en efectores de salud de Rosario respecto de adolescentes embarazadas. Asimismo, hizo referencia a niñas y niños que permanecen durante extensos períodos esperando una adopción y consideró que las demoras y procedimientos pueden convertirse también en formas de maltrato institucional.

“Ustedes están en el desafío de enfrentar al poder”

En el tramo final de su intervención, López dirigió un mensaje directamente a quienes participan del concurso y puso el acento en una condición que consideró indispensable para quien finalmente ocupe la Defensoría: la independencia respecto del poder político.

“Queridos postulantes, ustedes están en el desafío de enfrentar al poder”, señaló.

La abogada retomó además una expresión pronunciada durante el proceso por la postulante Flores Lafitte, quien había sostenido que la función de la Defensoría debía estar dispuesta a “incomodar”.

A partir de esa definición, López dejó una de las frases más contundentes de su exposición:

“No se puede incomodar al poder si se es parte de ellos”.

Para López, la autonomía formal del organismo no resulta suficiente si quien ejerce la función mantiene condicionamientos políticos o ideológicos que puedan interferir en su tarea de control.

“Se requiere del Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes que sea alguien que tenga independencia de conciencia política e ideológica para poder enfrentar y defender como se debe los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, concluyó.

Su intervención sumó así otro elemento al debate generado durante la audiencia pública. Mientras Natalia Gracianía y Débora Ranieri habían puesto especialmente el foco en la transparencia del concurso, la publicidad de los antecedentes y exámenes y las condiciones de igualdad entre los postulantes, López incorporó una discusión que alcanza directamente al futuro funcionamiento de la institución: la necesidad de que quien resulte elegido pueda ejercer su tarea de contralor con independencia suficiente para cuestionar al propio Estado cuando considere vulnerados los derechos de niñas, niños y adolescentes.