El presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Daniel González, expresó la preocupación del sector privado por las modificaciones tributarias incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027. Advirtió que una mayor presión fiscal terminará siendo absorbida por la rentabilidad de los comercios o trasladada a los precios y cuestionó la suspensión del beneficio para contribuyentes cumplidores. También reclamó al Gobierno provincial revisar el gasto antes de aumentar impuestos.
Ushuaia, 4 de septiembre de 2026.- El presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Daniel González, cuestionó las modificaciones en las alícuotas de Ingresos Brutos impulsadas por el Gobierno provincial y advirtió que el sector privado fueguino atraviesa un momento económico que no le permite afrontar un nuevo incremento de la presión tributaria.
En declaraciones a Costo Político por Radio Provincia, González señaló que la iniciativa generó sorpresa y preocupación entre los comerciantes, especialmente por producirse en un escenario caracterizado por la caída de las ventas y las dificultades que atraviesa la actividad privada.
“Cualquier aumento en el coeficiente es un aumento. Si un coeficiente que hoy está en 5 pasa al 6, es un aumento, para entenderlo simple”, explicó.
El dirigente empresarial sostuvo que el debate no pasa únicamente por la magnitud de las modificaciones propuestas, sino por el momento elegido para aplicarlas.
“No es el momento adecuado para aumentar impuestos al sector privado de ninguna manera. No podemos estar de acuerdo en eso”, afirmó.
“Principalmente Río Grande está viviendo una situación muy compleja”
Aunque representa al comercio de Ushuaia, González hizo especial referencia a la situación económica de Río Grande y al impacto que viene sufriendo el sector privado en el norte provincial.
“Ya el sector privado y principalmente Río Grande está viviendo una situación muy compleja”, señaló.
Por eso cuestionó que las necesidades fiscales provinciales pretendan ser compensadas mediante una mayor contribución de la actividad privada.
“Promover un aumento de impuestos para que algún que otro desfasaje del presupuesto lo tenga que apalancar el sector privado, en este momento no estamos en condiciones”, advirtió.
Su planteo se suma a las críticas que comenzaron a surgir después de conocerse las modificaciones tributarias contempladas dentro del esquema fiscal para 2027, en medio de una economía fueguina atravesada por dificultades en el comercio, la industria y el empleo privado.
El dilema de los comercios: rentabilidad o precios
González explicó además cuál sería, desde la perspectiva empresarial, el efecto concreto de una mayor presión impositiva.
Ante un incremento de costos, señaló, los comerciantes disponen básicamente de dos alternativas: absorberlo mediante una reducción de sus márgenes de rentabilidad o trasladarlo al precio final.
“Otro camino no hay, alguien lo tiene que pagar”, resumió.
Explicó que en períodos de bajas ventas muchas empresas optan por resignar parte de su rentabilidad para evitar nuevos aumentos que puedan profundizar la caída del consumo.
“O lo absorbe el comercio dentro de la rentabilidad, que muchas veces sucede porque en situaciones de bajas ventas normalmente lo que hacés es absorber diferentes costos para poder vender, para no tener que aumentar precios”, señaló.
Pero esa capacidad tiene límites y, cuando el comercio no puede continuar absorbiendo los mayores costos, estos terminan trasladándose.
“En definitiva, claramente lo paga la gente, porque el producto final lo paga igual la gente”, sostuvo.
Cuestionó la eliminación del beneficio para quienes cumplen
Otro de los aspectos cuestionados por el titular de la Cámara de Comercio fue la suspensión del beneficio de reducción de alícuotas establecido por la Ley Provincial 1075 para determinados contribuyentes que mantienen sus obligaciones al día.
González consideró que eliminar ese incentivo puede terminar produciendo un resultado contrario al que busca el propio Estado.
“Entendemos que esto es un perjuicio para el mismo Estado, porque el que cumple entiende que no hay diferencia entre cumplir y no cumplir”, manifestó.
Para el empresario, una política tributaria debería incentivar precisamente el comportamiento de quienes mantienen regularizadas sus obligaciones fiscales.
“Esto genera que sea más beneficioso no cumplir que llevar las cuentas en orden. Creo que esto no es favorable para el mismo Gobierno, me parece que esto juega en contra”, señaló.
Primero revisar el gasto
González también puso bajo discusión el camino elegido para equilibrar las cuentas provinciales y sostuvo que antes de incrementar la carga tributaria debería analizarse cómo se utilizan actualmente los recursos públicos.
Para explicarlo, trazó un paralelismo con la economía familiar.
“Normalmente cuando una familia tiene un problema financiero, el primer camino o la primera decisión que tenés que tomar es rever las cuentas, cómo estás gastando para que el dinero no te alcance”, expresó.
Indicó que una lógica similar funciona dentro de una empresa, donde ante dificultades financieras primero se revisan gastos y costos.
“Lo primero que empezás a ver es cómo recortás, cómo economizás para que el dinero te alcance y puedas cubrir los costos fijos”, agregó.
A su entender, ese mismo criterio debería aplicarse a la administración provincial antes de trasladar mayores exigencias hacia los contribuyentes.
“Rever cómo se está gastando el dinero”
El presidente de la Cámara de Comercio consideró que la discusión presupuestaria debería comenzar por establecer cuáles son las prioridades del Estado y cómo se distribuyen los recursos disponibles.
“Si lo trasladamos al Gobierno provincial, lo ideal justamente es rever eso, cómo se está gastando el dinero que hay hoy para que el dinero realmente te alcance para cubrir los costos más importantes que tiene el Estado”, afirmó.
La posición de González incorpora de esta manera la voz del sector comercial al debate abierto por el paquete tributario del Presupuesto 2027.
Su cuestionamiento coincide con la preocupación expresada por Gustavo Ventura respecto del impacto de una mayor presión impositiva sobre la actividad económica, aunque desde una perspectiva estrictamente sectorial: González advierte que, en un escenario de bajas ventas y dificultades para sostener la rentabilidad, los comercios tienen cada vez menos margen para absorber nuevos costos y cualquier incremento tributario puede terminar repercutiendo sobre los precios que pagan los consumidores.





















