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La Asociación de esposas, pensionadas/os y familiares de Policías provinciales de origen territorial volvió a cuestionar el funcionamiento de la Caja de Previsión Social de la Policía y reclamó que se apliquen plenamente las leyes provinciales 1627 y 1628. La entidad sostiene que resoluciones internas continúan condicionando el destino de los recursos y denuncia que persisten demoras que perjudican a retirados que realizaron aportes durante más de tres décadas.

Río Grande, 28 de julio de 2026.– La Asociación de esposas, pensionadas/os y familiares de Policías provinciales de origen territorial volvió a plantear públicamente su preocupación por la situación de los retirados provenientes de la antigua Policía Territorial y cuestionó el funcionamiento de la Caja de Previsión Social de la Policía provincial.

A través de un documento denominado “El Reino del Revés de la Isla”, elaborado en tono satírico, la organización puso nuevamente en discusión un conflicto que lleva tiempo atravesando a numerosos exintegrantes de la fuerza y sus familias: el pago de sus beneficios previsionales y la administración de los recursos destinados a sostenerlos.

Detrás de la ironía utilizada en el escrito, la Asociación formula un cuestionamiento institucional concreto. Sostiene que las leyes provinciales 1627 y 1628 deberían prevalecer sobre cualquier resolución interna de la Caja y reclama que las autoridades adopten las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento.

Según expresa la entidad, existen policías provinciales de origen territorial que realizaron aportes durante más de treinta años y que atravesaron extensos períodos de demora para percibir sus haberes de retiro.

La organización recuerda que esta situación llegó oportunamente a la Legislatura provincial, donde se discutieron y posteriormente sancionaron las leyes 1627 y 1628, normas que los familiares consideran fundamentales para comenzar a resolver el conflicto.

El cuestionamiento a las resoluciones internas

Uno de los principales ejes del reclamo está dirigido hacia las resoluciones internas Nº 148 y Nº 040 de la Caja.

La Asociación cuestiona que esos instrumentos administrativos puedan prevalecer, en la práctica, sobre normas sancionadas por la Legislatura provincial y plantea que existe una contradicción entre las prioridades establecidas internamente y las obligaciones surgidas de las nuevas leyes.

En su documento, la organización utiliza precisamente la figura de una “pirámide jurídica invertida” para denunciar lo que considera una alteración del orden normativo.

El planteo de los familiares es que ninguna resolución administrativa debería constituirse en un obstáculo para la aplicación de una ley provincial vigente.

Qué reclaman sobre las leyes 1627 y 1628

De acuerdo con la interpretación realizada por la Asociación, la Ley 1627 estableció limitaciones sobre la utilización de determinados recursos provenientes de los aportes vinculados con los policías de origen territorial, buscando garantizar que esos fondos sean destinados prioritariamente al cumplimiento de las obligaciones previsionales.

La entidad sostiene que la norma debería impedir que esos recursos sean utilizados para determinados gastos administrativos, viáticos o representaciones mientras permanezcan obligaciones pendientes con los beneficiarios.

Respecto de la Ley 1628, los familiares señalan que incorporó un mecanismo destinado a garantizar el flujo de recursos hacia la Caja ante eventuales demoras en las transferencias correspondientes.

La Asociación considera que ambas normas fueron sancionadas precisamente para otorgar herramientas que permitieran comenzar a normalizar la situación financiera y garantizar el pago de los beneficios.

Sin embargo, asegura que los problemas continúan.

Más de treinta años de aportes

El documento pone especial énfasis en la historia de quienes integraron la Policía durante la etapa territorial de Tierra del Fuego.

La Asociación sostiene que se trata de hombres y mujeres que prestaron servicios durante décadas, realizaron sus correspondientes aportes y contribuyeron a construir institucionalmente la fuerza de seguridad en una etapa muy diferente de la provincia.

Por esa razón, considera particularmente injusto que después de más de treinta años de aportes deban continuar reclamando para percibir en tiempo y forma aquello que entienden como un derecho previsional adquirido.

El planteo trasciende, según remarcan, una discusión exclusivamente económica. Para las familias también existe una cuestión de reconocimiento hacia quienes formaron parte de la historia institucional de la Policía fueguina.

Reclamo al Directorio y al poder político

Las críticas de la Asociación alcanzan directamente al Directorio de la Caja, al que responsabilizan por no haber avanzado con la aplicación que consideran adecuada de las normas sancionadas.

También reclaman respuestas del Gobierno provincial y de los organismos encargados de garantizar el funcionamiento del sistema previsional policial.

En ese marco, el documento cuestiona que continúen existiendo gastos administrativos mientras permanecen obligaciones pendientes con retirados y pensionados, aunque esas afirmaciones corresponden al planteo realizado por la organización y requieren ser contrastadas con la información financiera y administrativa de la Caja.

La Asociación también reclama una intervención efectiva de los organismos de control y de la Justicia para determinar si las disposiciones actualmente aplicadas se ajustan a las leyes vigentes.

“¿Las leyes se cumplen o solamente cuando conviene?”

La pregunta que atraviesa todo el documento sintetiza el eje político e institucional del reclamo: “¿Las leyes se cumplen… o se cumplen solamente cuando conviene?”.

Para los familiares, la discusión central consiste en determinar si las leyes 1627 y 1628 están siendo efectivamente aplicadas y, en caso contrario, establecer las responsabilidades correspondientes.

La entidad sostiene que el conflicto ya no puede reducirse únicamente a una discusión administrativa dentro de la Caja, debido a que involucra derechos previsionales, recursos económicos y normas sancionadas por la Legislatura.

En el cierre del documento, la Asociación resume su postura mediante una reflexión: “Cuando las leyes de máxima jerarquía se vuelven opcionales para quienes ejercen el poder, la justicia deja de ser justicia”.

Con ese planteo, los familiares de los policías provinciales de origen territorial vuelven a colocar el conflicto en la agenda pública y reclaman respuestas concretas sobre la administración de los recursos, la aplicación de las leyes provinciales y, fundamentalmente, el cumplimiento de las obligaciones previsionales con quienes prestaron servicio durante décadas.