La concejal Alejandra Arce cuestionó al Gobierno provincial por las demoras de más de 40 días en las transferencias de coparticipación y advirtió sobre las dificultades financieras que enfrenta Río Grande. Reclamó al Ejecutivo municipal avanzar con medidas judiciales para recuperar los fondos y alertó que la falta de recursos podría comprometer el pago de salarios, aguinaldos y la prestación de servicios esenciales. “Los municipios no son un gasto, son los recursos que les corresponden a los vecinos”, afirmó.
Río Grande, jueves 12 de noviembre de 2026.- En el marco del inicio del análisis del proyecto de Presupuesto Municipal 2027, la concejal Alejandra Arce expresó su profunda preocupación por la situación económica y financiera que atraviesa el Municipio de Río Grande y cuestionó al Gobierno provincial por las demoras en la transferencia de los recursos de coparticipación.
Las declaraciones se produjeron luego de la exposición de la secretaria de Finanzas municipal, Dra. Valeria Capotorto, durante la primera reunión de la Comisión de Presupuesto del Concejo Deliberante, desarrollada en las instalaciones del Museo Municipal Virginia Choquintel.
La edil sostuvo que las demoras en el envío de fondos generan un escenario de asfixia financiera que amenaza el normal funcionamiento de la administración municipal, el cumplimiento de las obligaciones salariales y la continuidad de servicios fundamentales para la comunidad.
“Es lamentable que funcionarios del Gobierno provincial vayan a la Legislatura a decir que los municipios son un costo, cuando sabemos que la coparticipación es un derecho de los habitantes de Río Grande”, cuestionó.
Más de 40 días de demora en la coparticipación
Arce denunció que el Gobierno provincial mantiene una demora superior a los 40 días en la transferencia de recursos que, según sostuvo, corresponden legítimamente al Municipio.
En ese sentido, cuestionó que las sucesivas reuniones entre los equipos económicos provinciales y municipales no hayan permitido alcanzar una solución concreta.
La concejal también señaló que el cronograma de transferencias anunciado para esta semana representa aproximadamente un 25% menos de los fondos que, según indicó, se habían acordado durante el último encuentro con el ministro de Economía de Tierra del Fuego, Alejandro Barrozo.
Para Arce, esta situación profundiza la incertidumbre financiera y dificulta cualquier planificación presupuestaria, especialmente cuando se aproxima el cierre del ejercicio económico.
Preocupación por el pago de salarios y aguinaldos
Uno de los aspectos más sensibles de su intervención estuvo relacionado con las obligaciones salariales del Municipio y, particularmente, con la posibilidad de afrontar el pago del sueldo anual complementario.
“Nos deja una gran preocupación que realmente se pueda cumplir con el pago del aguinaldo y con los beneficios que les corresponden a los trabajadores”, expresó.
La concejal advirtió que el debate del Presupuesto 2027 se desarrolla mientras el Ejecutivo municipal todavía enfrenta dificultades para cumplir con las previsiones financieras del ejercicio vigente.
En ese contexto, consideró que la falta de certezas sobre los recursos que ingresarán durante las próximas semanas constituye un problema que requiere respuestas urgentes.
Reclamó avanzar con medidas judiciales
Ante la falta de resultados de las negociaciones administrativas, Arce planteó la necesidad de que el Ejecutivo municipal evalúe y concrete acciones judiciales para reclamar los fondos pendientes.
“Las instancias administrativas y las promesas de distintas reuniones ya no están teniendo resultados. Es necesario saber cuáles van a ser las medidas judiciales que va a tomar el Municipio para defender los recursos de Río Grande”, afirmó.
De esta manera, la edil reclamó pasar de las reuniones y los compromisos políticos a medidas concretas que permitan exigir el cumplimiento de las obligaciones financieras que, según sostiene el Municipio, mantiene el Gobierno provincial.
Salud, agua potable, transporte y recolección de residuos
Arce también advirtió que las consecuencias de las demoras en la coparticipación no se limitan a las cuentas públicas, sino que pueden afectar directamente la calidad de vida de los vecinos.
Entre los servicios que podrían verse comprometidos mencionó la atención sanitaria municipal, el transporte público, la recolección de residuos y la producción y distribución de agua potable.
Sobre este último punto, recordó que Río Grande es el único municipio fueguino que tiene a su cargo la prestación del servicio de potabilización de agua, una responsabilidad que implica importantes costos operativos y de mantenimiento.
Asimismo, cuestionó la falta de un convenio entre el Municipio y la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), situación que, según afirmó, permanece sin resolverse desde hace siete años.
“Río Grande tiene 15 centros de salud y no se concreta un convenio con la obra social. Es un capricho político que termina afectando a los vecinos y a los beneficiarios de las políticas públicas municipales”, sostuvo.
“Avizoramos un fin de año muy complejo”
La concejal consideró que el escenario financiero actual pone en dificultades la elaboración de las proyecciones económicas para 2027.
Si bien reconoció la necesidad de cumplir con los procedimientos institucionales correspondientes al tratamiento del Presupuesto, advirtió que resulta complejo planificar el próximo ejercicio sin conocer con certeza los recursos disponibles.
“Hoy la realidad es que no tenemos los recursos y, al no tenerlos, avizoramos un fin de año muy complejo, de mucho ahogamiento político hacia el Intendente”, manifestó.
En ese marco, cuestionó al gobernador Gustavo Melella por lo que considera una contradicción entre su actual posicionamiento y las expresiones que había formulado anteriormente en defensa de la autonomía municipal.
También recordó que continúa pendiente la discusión sobre el impuesto inmobiliario y su distribución, una cuestión que, según señaló, requiere definiciones legislativas para garantizar los recursos que Río Grande considera propios.
“Los municipios no son un gasto”
Finalmente, Arce convocó a los representantes políticos de Río Grande a defender los intereses de la ciudad por encima de las diferencias partidarias.
La edil sostuvo que el debate sobre la coparticipación no debe reducirse a cuestionar cuánto gasta cada administración municipal, sino que debe contemplar las obligaciones legales de transferencia y las responsabilidades que tienen las ciudades en la prestación de servicios públicos.
“Entiendo que tiene que haber un control, pero no podemos plantearlo como si fuera suficiente con este poquito que le mandamos. Los riograndenses tienen que recibir lo que les corresponde”, enfatizó.
En esa línea, pidió al gobernador Melella revisar las expresiones de sus funcionarios y reconocer el papel que desempeñan los municipios en la atención de las necesidades cotidianas de la población.
“Los municipios no son un gasto. El gobernador debería hablar de la inversión que se hace en las distintas ciudades. No estamos reclamando algo de favor: son los recursos que les corresponden a los vecinos de Río Grande”, concluyó.
