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El legislador provincial Jorge Lechman, del bloque Somos Fueguinos, realizó un amplio análisis de la situación económica, institucional y política de Tierra del Fuego y ratificó sus aspiraciones de competir por la Gobernación. En una entrevista concedida al programa Buscando el Equilibrio, de Radio Provincia, cuestionó la administración de los recursos públicos, reclamó una auditoría integral del Estado y sostuvo que la provincia debe abandonar su dependencia de los recursos nacionales. También formuló críticas a la intervención del puerto de Ushuaia, advirtió sobre la deuda vinculada con Caleta de la Misión, defendió la necesidad de construir un puerto en Río Grande y manifestó su respaldo a una eventual adhesión provincial al RIGI. “Con ideología no comemos”, afirmó, al reclamar una relación institucional más pragmática con el Gobierno nacional.

Río Grande, 14 de octubre de 2026.- El legislador provincial Jorge Lechman, integrante del bloque Somos Fueguinos, realizó un diagnóstico crítico de la situación que atraviesa Tierra del Fuego y planteó la necesidad de modificar profundamente los criterios de administración del Estado provincial.

Durante una extensa entrevista con Alberto Centurión en el programa Buscando el Equilibrio, emitido por Radio Provincia, el parlamentario abordó la crisis económica, el desempleo, la situación de las industrias fueguinas, los gastos públicos, la obra social estatal, las diferencias salariales dentro de los poderes del Estado y los desafíos que, a su entender, deberá afrontar la próxima gestión provincial.

También se refirió a sus aspiraciones políticas, aunque aclaró que todavía resta tiempo para definir candidaturas y acuerdos electorales.

Lechman consideró que los problemas actuales no pueden atribuirse exclusivamente a una administración, sino que responden a decisiones acumuladas durante las distintas gestiones que gobernaron Tierra del Fuego desde su provincialización.

“En 36 años de provincia no hemos aprendido a vivir de lo nuestro”

Al comenzar su análisis, Lechman recordó el proceso de transformación de Tierra del Fuego de territorio nacional a provincia y cuestionó que, durante las décadas posteriores, no se haya desarrollado una estructura económica y administrativa preparada para afrontar escenarios adversos.

Según expresó, los distintos gobiernos provinciales no tuvieron suficientemente en cuenta que la asistencia nacional podía disminuir y que Tierra del Fuego debía fortalecer su capacidad para sostenerse con sus propios recursos.

“Los diferentes ejecutivos provinciales de los distintos colores no han tenido en cuenta que ya éramos provincia y que Papá Nación algún día se iba a retirar y que teníamos que aprender a vivir de lo nuestro”, sostuvo.

El legislador consideró que la provincia dispuso durante años de recursos provenientes de la recaudación propia, las regalías y la coparticipación federal, pero no siempre los administró con una planificación de largo plazo.

“En 36 años de provincia no hemos aprendido a vivir de lo nuestro”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que la falta de previsión económica e inversión en infraestructura contribuyó a las dificultades actuales.

Lechman mencionó especialmente la situación laboral de Río Grande y advirtió que Ushuaia también enfrenta problemas estructurales, aunque cuenta con el aporte de la actividad turística.

A su entender, las responsabilidades por la situación provincial deben analizarse de manera colectiva y abarcan tanto a los gobiernos como a los sectores que participaron de las decisiones económicas e institucionales.

“Con ideología no comemos”

Uno de los cuestionamientos más directos del legislador estuvo dirigido a la relación entre el Gobierno provincial y la administración nacional.

Lechman sostuvo que las diferencias políticas no deberían impedir la búsqueda de acuerdos para obtener inversiones, infraestructura y soluciones a los problemas de Tierra del Fuego.

“Es que con ideología no comemos, Alberto”, expresó.

Para explicar su posición, recurrió a la situación cotidiana de las familias que enfrentan dificultades para afrontar sus gastos.

“Doña Rosa cuando va al supermercado, si no tiene los fondos suficientes en la tarjeta de crédito, porque su esposo no tiene trabajo o porque ella simplemente tiene un plan y no le alcanza para llenar el changuito, no puede ir al supermercado”, manifestó.

El parlamentario sostuvo que quienes acceden a cargos de gobierno deben representar al conjunto de la población y no limitar sus decisiones a sus afinidades políticas.

“Cuando uno accede a un cargo de poder, de decisión, tiene que despojarse de su ideología personal porque pasa a ser un representante del 100% de los habitantes de Tierra del Fuego”, afirmó.

En ese marco, cuestionó la relación que mantuvo el gobernador Gustavo Melella con el Gobierno nacional durante los últimos años.

Según su interpretación, las diferencias ideológicas dificultaron la posibilidad de construir un vínculo institucional que permitiera gestionar soluciones para la provincia.

Las consecuencias de la crisis industrial

Lechman también se refirió a los problemas que enfrenta la actividad industrial fueguina.

Recordó las modificaciones que afectaron al sector textil y cuestionó la reacción de dirigentes políticos y sindicales ante decisiones nacionales que, según su análisis, terminaron perjudicando el empleo.

El legislador mencionó las medidas adoptadas durante la gestión del exministro de Economía Matías Kulfas y sostuvo que sus consecuencias se hicieron evidentes con el transcurso del tiempo.

También advirtió sobre las dificultades actuales de la industria electrónica.

Para Lechman, uno de los errores recurrentes consiste en considerar que los problemas de un determinado sector productivo no tendrán consecuencias sobre el resto de la economía.

“Los problemas económicos terminan haciendo efecto dominó”, sostuvo.

En ese sentido, reclamó una estrategia provincial que contemple el conjunto de las actividades económicas y que permita anticipar los efectos de las decisiones nacionales sobre el empleo fueguino.

Una auditoría integral para conocer las cuentas provinciales

Consultado sobre las primeras medidas que adoptaría si llegara a la Gobernación, Lechman señaló que su prioridad sería ordenar las cuentas públicas.

“¿Qué hace falta? Hace falta aprender a administrar”, expresó.

El legislador comparó la administración del Estado con el funcionamiento de una empresa que necesita conocer sus activos, pasivos, deudas y obligaciones antes de tomar decisiones.

En ese sentido, planteó la necesidad de realizar una auditoría integral de la administración provincial.

Según explicó, el objetivo sería conocer con precisión la situación financiera y patrimonial del Estado, identificar los compromisos existentes y establecer prioridades de gasto.

Lechman sostuvo que una administración responsable debe reconocer que los recursos públicos son limitados y que las decisiones presupuestarias tienen consecuencias sobre los servicios esenciales.

También cuestionó determinados gastos que considera innecesarios.

Cuestionó un presunto gasto de $8.000 millones en Meta

Uno de los señalamientos más fuertes estuvo relacionado con una cifra que Lechman atribuyó a gastos provinciales vinculados con Meta, empresa propietaria de plataformas digitales como Facebook e Instagram.

El legislador sostuvo que no resulta razonable destinar recursos de esa magnitud a ese concepto mientras existen dificultades presupuestarias en áreas esenciales.

“Si a vos te falta plata no podés gastar 8 mil millones de pesos en un año en Meta”, cuestionó.

Lechman vinculó ese presunto gasto con las necesidades salariales de los docentes, los policías y los jubilados.

También manifestó que se trataría de recursos que no generan actividad económica directa en Tierra del Fuego.

La cifra mencionada corresponde a una afirmación del legislador durante la entrevista. En el material disponible no se acompañan expedientes, registros presupuestarios ni documentación que permita verificar de manera independiente el monto y el período al que se refiere.

OSEF y las deudas de los organismos públicos

La situación de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) también ocupó un lugar importante en la conversación.

Lechman cuestionó la existencia de deudas con la institución y sostuvo que no debería permitirse que determinados organismos incumplan sus obligaciones mientras otros sectores realizan regularmente sus aportes.

Para el legislador, estas situaciones afectan el funcionamiento de la obra social y generan desigualdades entre quienes cumplen y quienes mantienen compromisos pendientes.

También se refirió a la necesidad de revisar la administración de los organismos provinciales y de establecer mecanismos de control que permitan evitar la acumulación de obligaciones financieras.

En ese marco, consideró que la recuperación de la capacidad administrativa del Estado exige adoptar decisiones que pueden generar costos políticos.

“No creo que haya que echar gente, creo que hay que hacer que la gente produzca”

Consultado sobre una eventual reorganización del empleo público, Lechman rechazó que el ordenamiento administrativo deba traducirse necesariamente en despidos masivos.

“Algunos creen que ordenar la provincia es echar gente. Yo no comparto esa idea, no comparto esa mirada, yo no creo que haya que echar gente, yo creo que hay que hacer que la gente produzca”, afirmó.

El legislador sostuvo que el Estado debe garantizar que sus trabajadores cumplan funciones efectivas y que los recursos humanos disponibles sean utilizados adecuadamente.

Sin embargo, advirtió que también deberían revisarse las situaciones de quienes perciben remuneraciones sin cumplir sus obligaciones laborales.

“Los que no están trabajando, que hace mucho tiempo por ahí no están en la provincia, y no están trabajando, bueno, esa gente lamentablemente tendrá que decidir si quiere seguir fuera de la provincia o cumplir con las obligaciones que tiene”, manifestó.

Lechman insistió en que su propuesta consiste en ordenar la administración con los trabajadores incluidos, pero exigiendo el cumplimiento de las responsabilidades correspondientes.

Diferencias salariales en el Estado y gastos de la Legislatura

Otro de los temas abordados fue la existencia de diferencias salariales entre los distintos organismos y poderes del Estado provincial.

Lechman consideró necesario revisar los convenios laborales y los criterios de remuneración, aunque aclaró que no todas las diferencias salariales constituyen irregularidades.

Durante la entrevista mencionó que su remuneración mensual como legislador había sido de aproximadamente 5,4 millones de pesos.

También se refirió a la cantidad de asesores legislativos y señaló que su despacho cuenta con 15 colaboradores, dentro del máximo de 17 que, según explicó, permite la normativa interna de la Cámara.

Consultado sobre la cantidad de sesiones, sostuvo que la productividad legislativa no debería medirse exclusivamente por la frecuencia de las reuniones.

“Yo prefiero pocas sesiones y buenas donde se sancionen leyes que le puedan servir al desarrollo de la provincia de Tierra del Fuego”, expresó.

El legislador cuestionó que se destinen sesiones a declaraciones de interés que, según su criterio, no generan soluciones concretas para los habitantes.

Los salarios judiciales y el respeto por la carrera administrativa

Lechman también abordó las diferencias de remuneraciones dentro del Poder Judicial y otros organismos provinciales.

El parlamentario sostuvo que deben analizarse las particularidades de cada situación, especialmente cuando los salarios están vinculados con la antigüedad y la carrera administrativa.

Mencionó como antecedente una controversia judicial relacionada con la aplicación de topes salariales a un trabajador legislativo.

Según explicó, existen situaciones en las que la trayectoria laboral y los adicionales reconocidos legalmente pueden determinar remuneraciones superiores a las de determinados funcionarios.

Por esa razón, advirtió que no corresponde atribuir automáticamente el déficit provincial a las remuneraciones individuales sin analizar previamente su composición y fundamento.

A su entender, la discusión debe concentrarse principalmente en los gastos que considera superfluos y en la utilización general de los recursos públicos.

“Los funcionarios de Tierra del Fuego van a ser ciudadanos de Tierra del Fuego”

Al referirse a la eventual conformación de un gabinete provincial, Lechman sostuvo que priorizaría la participación de profesionales y técnicos radicados en Tierra del Fuego.

El legislador cuestionó la contratación de consultorías externas cuando, a su entender, existen capacidades profesionales suficientes dentro de la provincia.

“Yo acá en Tierra del Fuego tenemos profesionales, tenemos estudiantes”, expresó al destacar los recursos humanos disponibles.

También señaló que recurriría a instituciones y profesionales fueguinos para realizar las tareas de diagnóstico y planificación del Estado.

En ese sentido, manifestó que, si llegara a la Gobernación, buscaría integrar su equipo con personas de la provincia.

“Los funcionarios de Tierra del Fuego van a ser ciudadanos de Tierra del Fuego. No 011”, afirmó, en referencia al código telefónico de Buenos Aires.

La intervención del puerto de Ushuaia: “Ha habido una pésima defensa”

Uno de los capítulos más extensos de la entrevista estuvo relacionado con la situación del puerto de Ushuaia y su intervención por parte de autoridades nacionales.

Lechman aclaró que rechaza que un organismo nacional intervenga una infraestructura que considera patrimonio de la provincia.

“Por supuesto que yo nunca voy a estar de acuerdo que un ente nacional intervenga un bien de la provincia de Tierra del Fuego”, afirmó.

Sin embargo, sostuvo que la administración provincial también debe asumir responsabilidades por las circunstancias que, según su interpretación, facilitaron la intervención.

El legislador cuestionó la estrategia jurídica desarrollada inicialmente por el Gobierno fueguino.

“Creo yo que la defensa judicial de la provincia para la defensa del puerto de Ushuaia ha sido más que errónea. Por ende, hasta creo que ha sido una autoentrega”, manifestó.

Lechman consideró que las autoridades provinciales no utilizaron adecuadamente las herramientas disponibles para defender la administración portuaria.

“En el caso particular, a mí jamás me hubiesen tomado el puerto, porque estaría encadenado en la entrada”, expresó.

Sus declaraciones reflejan una crítica política a la actuación del Ejecutivo provincial y a la estrategia desplegada frente a la intervención.

Advirtió sobre las pérdidas económicas del puerto

Lechman también formuló estimaciones sobre las consecuencias económicas de la situación portuaria.

Según sostuvo, la provincia habría dejado de percibir cerca de 10 millones de dólares en ingresos vinculados con la actividad del puerto de Ushuaia.

Asimismo, afirmó que se habrían utilizado aproximadamente 9.000 millones de pesos de un fondo que originalmente contaba con unos 14.000 millones, destinados al sostenimiento de obligaciones salariales y operativas.

El legislador advirtió que, si esos recursos continúan disminuyendo, podrían surgir dificultades para afrontar los compromisos del organismo.

También expresó su expectativa respecto de la intervención del fiscal de Estado, Martínez de Sucre, en la defensa de los intereses provinciales.

Lechman consideró que una estrategia jurídica diferente podría contribuir a encontrar una solución que contemple tanto a los trabajadores como al conjunto de la comunidad.

Las cifras económicas mencionadas corresponden a estimaciones expresadas durante la entrevista y no fueron acompañadas por documentación contable en el material suministrado.

Caleta de la Misión: “Es como una guillotina que en algún momento va a caer”

El legislador también se refirió a la situación del inconcluso puerto Caleta de la Misión, ubicado en las proximidades de Río Grande.

Lechman advirtió que las obligaciones económicas vinculadas con ese proyecto continúan representando, según su análisis, un problema pendiente para Tierra del Fuego.

“El puerto Caleta de la Misión es como, para la provincia de Tierra del Fuego, como una guillotina que en algún momento va a caer”, expresó.

El parlamentario sostuvo que la falta de reclamos visibles no significa necesariamente que la controversia haya sido resuelta.

“Algunos, como nadie reclama, creen que eso es un tema ya solucionado. Y no es un tema solucionado, es un tema que vamos a terminar pagando todos los fueguinos”, advirtió.

También consideró que la ausencia de infraestructura portuaria operativa en Río Grande constituye una deuda histórica con la ciudad.

“Río Grande necesita un puerto para tener una alternativa nueva de desarrollo”

Lechman destacó que la construcción de infraestructura portuaria en Río Grande no debe interpretarse como una competencia con Ushuaia.

“La ciudad de Río Grande no es que necesita un puerto para parecerse a Ushuaia. La ciudad de Río Grande necesita un puerto para poder tener una alternativa nueva de desarrollo”, afirmó.

El legislador sostuvo que un puerto operativo permitiría explorar nuevas posibilidades económicas, especialmente en actividades pesqueras y logísticas.

Mencionó la pesca de mediana altura y la explotación de determinadas especies migratorias como actividades que podrían beneficiarse de una infraestructura más cercana a las zonas de operación.

Según explicó, el traslado de embarcaciones hasta Ushuaia puede representar costos importantes para determinados segmentos de la actividad pesquera.

En ese sentido, consideró que disponer de un puerto en Río Grande permitiría ampliar las alternativas productivas de la ciudad y reducir algunas limitaciones logísticas.

La pérdida de competitividad pesquera de Ushuaia

Al analizar la actividad pesquera, Lechman recordó que el puerto de Ushuaia llegó a contar con una presencia significativamente mayor de embarcaciones radicadas.

Según sus datos, a comienzos de la década de 1990 operaban alrededor de 22 barcos pesqueros, mientras que actualmente esa cifra se habría reducido a cuatro.

El legislador relacionó esa disminución con distintos factores, entre ellos los costos logísticos, las condiciones del mercado y la eliminación de los reintegros por puertos patagónicos.

Recordó que Ushuaia contó con beneficios que compensaban parcialmente las desventajas derivadas de su ubicación geográfica.

Según explicó, esos incentivos fueron reduciéndose hasta desaparecer.

También señaló que las distancias entre el puerto de Ushuaia y determinadas zonas de pesca generan costos de navegación superiores a los que enfrentan embarcaciones que operan desde puertos de Santa Cruz.

Como ejemplo, mencionó que un viaje puede demandar aproximadamente un día y medio de navegación y estimó que la improductividad de una embarcación podría representar costos diarios muy elevados.

Lechman sostuvo que estas condiciones deben considerarse al momento de diseñar políticas destinadas a recuperar competitividad para la actividad pesquera fueguina.

La Ley Federal de Pesca y las limitaciones provinciales

El legislador también explicó que el desarrollo pesquero de Tierra del Fuego está condicionado por el régimen federal que regula la actividad.

Señaló que la administración de los recursos pesqueros y el otorgamiento de permisos para determinadas actividades dependen de organismos nacionales y del Consejo Federal Pesquero.

Por esa razón, consideró que la provincia necesita fortalecer su participación en los ámbitos donde se definen las políticas pesqueras.

Lechman sostuvo que no resulta suficiente disponer de infraestructura portuaria si no se generan condiciones económicas y regulatorias que favorezcan la radicación de embarcaciones.

También manifestó que las propuestas de desarrollo deben contemplar las limitaciones legales y comerciales que enfrenta el sector.

Respaldó una eventual adhesión al RIGI

Otro de los temas centrales fue el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Lechman manifestó su respaldo a una eventual adhesión de Tierra del Fuego al régimen nacional.

“Sí estoy de acuerdo. Y te explico por qué estoy de acuerdo con el RIGI”, afirmó.

El legislador consideró que el instrumento podría ampliar las alternativas disponibles para atraer inversiones que no necesariamente se encuadren en los mecanismos de promoción industrial existentes.

Según su interpretación, el régimen podría complementar las herramientas de incentivo vinculadas con la Ley Nacional 19.640.

También sostuvo que la adhesión no garantiza automáticamente la llegada de proyectos, pero permitiría ofrecer una alternativa adicional a los potenciales inversores.

“Tampoco ni siquiera sabemos si aprobamos el RIGI va a haber algún proyecto interesado en invertir algo en Tierra del Fuego. Pero si no lo tenemos, esa posibilidad no existe”, expresó.

El legislador reconoció que una eventual aprobación dependerá de la conformación de las mayorías necesarias en la Legislatura provincial.

Asimismo, afirmó que, si la iniciativa llegara al recinto, acompañaría su tratamiento favorablemente.

Su posición constituye una valoración política sobre el régimen; los efectos concretos de una eventual adhesión dependerían de la normativa aprobada, los proyectos presentados y las condiciones de implementación.

La relación con Nación: “Me voy a tener que sentar con el gobierno que elija el pueblo”

Consultado sobre cómo actuaría frente a un Gobierno nacional de diferente orientación política, Lechman sostuvo que mantendría una relación institucional con quien resulte elegido por los argentinos.

“Con el que gane, con el que lleve adelante los destinos de la Nación, me voy a tener que sentar. Sea de mi agrado o no sea de mi agrado”, afirmó.

El legislador consideró que Tierra del Fuego necesita gestionar inversiones nacionales en infraestructura y reclamar compensaciones por las dificultades que, según su análisis, ha enfrentado durante su desarrollo.

En ese contexto, sostuvo que la provincia creció sin que las inversiones en infraestructura acompañaran adecuadamente sus necesidades.

También manifestó que la relación con el Gobierno nacional debe orientarse a obtener resultados concretos, independientemente de las diferencias partidarias.

Defendió la independencia judicial y recordó la reforma constitucional

Lechman también se refirió al funcionamiento del Poder Judicial y a la necesidad de preservar su independencia.

“Yo soy muy respetuoso de la Justicia, Alberto. Yo creo firmemente en la Justicia y en la independencia de los poderes”, expresó.

El parlamentario sostuvo que las relaciones personales entre funcionarios no deben condicionar las decisiones judiciales.

“La Justicia tiene que ser libre, independiente, aunque a uno no le gusten algunos fallos”, manifestó.

En ese marco, recordó la controversia judicial vinculada con la convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes para reformar la Constitución provincial.

Lechman sostuvo que los cuestionamientos a la Ley 1529 fueron posibles debido a problemas en su formulación.

Según su interpretación, si la norma hubiera sido redactada de otra manera, las posibilidades de impugnación judicial habrían sido diferentes.

Ratificó sus aspiraciones a la Gobernación

Durante la entrevista, Lechman volvió a referirse a sus aspiraciones de conducir el Ejecutivo provincial.

Sin embargo, aclaró que todavía resta tiempo para definir candidaturas, alianzas y acuerdos políticos.

El legislador señaló que continúa trabajando en propuestas junto con sus equipos y que considera necesario construir un acuerdo social amplio para afrontar los problemas de Tierra del Fuego.

También manifestó que no pretende desarrollar una campaña basada exclusivamente en críticas a otros dirigentes.

Según explicó, su intención es presentar una propuesta de administración y permitir que la ciudadanía evalúe las alternativas.

En cuanto a su pertenencia partidaria, recordó su trayectoria dentro del Movimiento Popular Fueguino y agradeció el espacio que encontró en Somos Fueguinos.

Se refirió especialmente a Liliana “Chispita” Fadul, a quien reconoció por haber facilitado su participación en ese espacio político.

“Estoy trabajando con Somos Fueguinos y muy agradecido de ese partido porque me ha abierto una puerta que mi propio partido me cerró”, expresó.

No obstante, dejó abierta la posibilidad de que se desarrollen conversaciones y acuerdos de cara al próximo proceso electoral.

Su relación con Vuoto, Pérez y Melella

Consultado sobre su relación con los principales referentes políticos de la provincia, Lechman diferenció los vínculos personales de las coincidencias partidarias.

Manifestó que mantiene una relación de aprecio personal con el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, pero aclaró que políticamente continuará desarrollando su propio camino.

También evitó realizar evaluaciones sobre las administraciones municipales de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.

Explicó que, por su función como legislador provincial, considera más apropiado concentrar sus valoraciones en la gestión del Ejecutivo fueguino.

En ese contexto, formuló una crítica directa al Gobierno provincial.

“Y la gestión de la provincia, y esto se lo digo con el mayor de los respetos, es un desastre”, afirmó.

La expresión sintetizó su valoración política sobre la administración actual, aunque durante la entrevista también reconoció que numerosos problemas provinciales se originaron en decisiones acumuladas durante diferentes gobiernos.

Una propuesta de ordenamiento con un acuerdo social amplio

Hacia el cierre de la conversación, Lechman insistió en que el principal desafío de la próxima administración será ordenar las cuentas públicas y recuperar la capacidad de planificación.

El legislador consideró que cualquier programa de gobierno necesita partir de un diagnóstico preciso de los recursos disponibles, las obligaciones existentes y las posibilidades reales de inversión.

También sostuvo que la reorganización administrativa debe contemplar a los trabajadores y procurar una mayor eficiencia en el funcionamiento estatal.

Para Lechman, el próximo Gobierno deberá afrontar decisiones difíciles y construir acuerdos que trasciendan las pertenencias partidarias.

En ese sentido, planteó que Tierra del Fuego necesita recuperar condiciones que permitan a sus habitantes proyectar su futuro en la provincia.

Sus declaraciones dejaron expuesta una propuesta política centrada en la administración de los recursos públicos, la revisión de gastos, la recuperación de infraestructura estratégica, el fortalecimiento de las actividades productivas y la búsqueda de una relación institucional con el Gobierno nacional.

Al mismo tiempo, ratificó su intención de participar en la discusión sobre el futuro político fueguino, aunque sin confirmar todavía una candidatura ni el espacio electoral mediante el cual podría presentarse.