radiouniversidad.com.ar

Río Grande empieza a mostrar postales que durante años parecieron excepcionales: personas buscando alimentos descartados por comercios gastronómicos y trabajadores registrados que recurren a comedores comunitarios para conseguir una vianda. El fenómeno se suma a otros indicadores de una crisis que atraviesa distintas capas sociales: empleados que necesitan dos y hasta tres trabajos, familias endeudadas, caída del consumo, pérdida de puestos laborales, crecimiento de las ferias y jóvenes que buscan oportunidades fuera de Tierra del Fuego. Más que fenómenos aislados, las señales comienzan a configurar una advertencia sobre el deterioro de una sociedad que históricamente se caracterizó por altos niveles de empleo e ingresos.

Río Grande, 2 de septiembre de 2026 (Ramón Taborda Strusiat).- Hay estadísticas capaces de describir una crisis y hay imágenes que, sin necesidad de números, muestran hasta dónde puede haber llegado.

En distintos sectores de Río Grande ya comienza a observarse una escena particularmente dolorosa: personas que esperan o revisan los residuos de locales gastronómicos buscando alimentos descartados que todavía puedan consumirse.

No se trata de afirmar, a partir de esos casos, que exista un fenómeno generalizado. Pero tampoco corresponde ignorarlos.

Porque esas imágenes aparecen en una ciudad donde, simultáneamente, referentes sociales advierten que personas que tienen empleo registrado comenzaron a recurrir a comedores comunitarios para retirar una vianda.

El problema ya no parece circunscribirse solamente a quienes históricamente quedaron fuera del mercado laboral.

La crisis está avanzando sobre sectores que trabajan.

Tener trabajo ya no siempre alcanza

Uno de los datos que mejor sintetiza el cambio fue aportado tiempo atrás por Gastón Porfirio, representante del Ministerio de Capital Humano de la Nación en Tierra del Fuego, cuando describió la existencia de empleados públicos que necesitan tener dos y hasta tres trabajos para poder llegar a fin de mes.

La situación expone una transformación profunda.

Durante décadas, el empleo formal fue entendido como la principal barrera frente a la pobreza. Tener un salario registrado significaba, con dificultades o sin ellas, disponer de cierta previsibilidad económica.

Hoy esa certeza comienza a resquebrajarse.

Trabajar ocho horas ya no necesariamente garantiza cubrir todas las necesidades de una familia. Por eso aparecen segundos empleos, trabajos durante los fines de semana, ventas particulares, elaboración de alimentos, transporte de pasajeros, pequeños emprendimientos y actividades informales que se realizan después de cumplir la jornada laboral habitual.

El fenómeno de las ferias también forma parte de esta nueva economía de supervivencia.

Río Grande cuenta con miles de personas vinculadas a diferentes circuitos de feriantes, emprendedores y vendedores que encuentran allí una alternativa para complementar ingresos o, directamente, generar el único sustento disponible.

No todos llegaron a las ferias por la misma razón ni todos atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Hay emprendedores consolidados y actividades comerciales legítimamente desarrolladas durante años.

Pero el crecimiento de estos espacios también coincide con un escenario en el que cada vez más familias necesitan generar ingresos adicionales.

La frontera entre empleo, changa, emprendimiento y supervivencia económica se volvió mucho más difusa.

Comercios con menos clientes y clientes con menos dinero

Del otro lado del mostrador ocurre algo parecido. Los comerciantes de Río Grande vienen advirtiendo desde hace meses sobre una pronunciada retracción de las ventas.

Almaceneros, comerciantes tradicionales y representantes de la Cámara de Comercio describen consumidores que reducen cantidades, abandonan determinadas marcas, buscan ofertas y concentran sus compras exclusivamente en productos indispensables.

La crisis llegó incluso a rubros que históricamente tenían una demanda relativamente estable, como los alimentos.

Cuando una familia empieza a economizar en comida, el deterioro del consumo ha atravesado prácticamente todas las barreras anteriores.

A eso se suma el crecimiento de la mora, el endeudamiento con tarjetas de crédito y préstamos personales y la utilización del financiamiento para afrontar gastos cotidianos.

La deuda dejó de estar vinculada exclusivamente con la compra de un automóvil, electrodomésticos o mejoras de la vivienda.

En muchos hogares, endeudarse pasó a ser una forma de atravesar el mes.

El Estado también está viendo la crisis

Hay otro indicador que merece atención: los presupuestos públicos. Municipio y Provincia vienen incrementando o priorizando recursos destinados a asistencia alimentaria, programas sociales, salud y acompañamiento de familias vulnerables.

Puede discutirse políticamente cómo se administran esos recursos, si resultan suficientes o si las políticas implementadas son las correctas.

Pero existe una conclusión difícil de evitar: si aumenta la necesidad de destinar recursos públicos a contener la emergencia social, es porque existe una demanda creciente que debe ser atendida.

Río Grande ya tenía una importante estructura de comedores y merenderos antes de esta crisis.

El Municipio había informado, en un relevamiento correspondiente a diciembre de 2023, que alrededor de 90 comedores y merenderos asistían regularmente a más de 3.000 familias, equivalentes entonces a unas 10.000 personas.

Tres años después, referentes comunitarios vuelven a advertir sobre una realidad todavía más compleja: familias que anteriormente podían sostenerse sin ayuda comenzaron a acercarse para pedir alimentos.

Y allí aparece posiblemente uno de los cambios sociales más profundos.

No solamente crece la necesidad.

Está cambiando el perfil de quien necesita ayuda.

Despidos voluntarios

A este escenario se suma otra señal que surge del propio Presupuesto provincial: mientras aumenta la presión sobre las áreas sociales, el Estado también busca contener el crecimiento de su estructura laboral y contempla herramientas destinadas a promover retiros voluntarios. La cuestión adquiere particular relevancia en una provincia donde el empleo público históricamente funcionó como uno de los grandes sostenes del mercado de trabajo. Si una parte de esos trabajadores abandona la administración sin encontrar posteriormente alternativas estables en el sector privado, el desafío no será solamente reducir el peso de la masa salarial sobre las cuentas públicas, sino evitar que ese proceso termine trasladando nuevas familias hacia un mercado laboral que ya muestra dificultades para absorberlas.

La generación que empieza a mirar hacia afuera

A este escenario se agrega otro fenómeno menos visible en las calles pero igualmente preocupante: jóvenes que evalúan abandonar Tierra del Fuego buscando oportunidades laborales, profesionales y económicas en otras provincias o incluso fuera del país.

La movilidad poblacional siempre formó parte de la historia fueguina.

Tierra del Fuego creció precisamente porque durante décadas fue percibida como una tierra de oportunidades.

Río Grande perdió alrededor del 1,7% de su población en apenas dos años

Miles de familias llegaron desde otras provincias porque aquí había trabajo, salarios comparativamente altos y posibilidades de construir un futuro.

El riesgo aparece cuando comienza a invertirse esa lógica.

Cuando los jóvenes que nacieron o crecieron en la provincia empiezan a preguntarse si su futuro está en otro lugar, el problema deja de ser exclusivamente económico.

Justamente esta percepción encuentra respaldo en un reciente informe de la consultora Neodelfos. Su titular, Leonardo Pérez Bustos, advirtió que Río Grande atraviesa una reversión inédita en su evolución demográfica después de más de 130 años de crecimiento: de 103.191 habitantes registrados en 2024 pasó a 101.441 en 2026, una reducción de 1.750 personas. El especialista vinculó esta señal con la pérdida de puestos de trabajo y el deterioro de la actividad industrial y señaló un aspecto especialmente preocupante: quienes se están marchando son principalmente jóvenes y familias. Para Pérez Bustos, la pérdida de trabajadores calificados puede provocar consecuencias que posteriormente resulten difíciles de revertir. Se transforma en un problema estructural.

Una provincia que pierde trabajadores, profesionales, técnicos y jóvenes capacitados pierde también una parte del capital humano necesario para reconstruirse.

Despidos y una industria que ya no ofrece las mismas certezas

Río Grande tiene además una particularidad que vuelve especialmente delicada cualquier crisis laboral: buena parte de su estructura económica está relacionada directa o indirectamente con la industria.

Cada puesto que desaparece dentro de una fábrica tiene consecuencias que se extienden mucho más allá del trabajador despedido.

Impacta en su familia, en el almacén donde compra, en el comercio donde consume, en el alquiler que paga, en el transporte que utiliza y en los servicios que contrata.

Los conflictos registrados durante los últimos meses en distintas empresas y la incertidumbre sobre el futuro industrial generan un efecto adicional: incluso quienes todavía conservan el empleo reducen gastos porque desconocen qué ocurrirá mañana.

La incertidumbre también produce recesión.

Una ciudad que siempre tuvo personas en situación de calle

Río Grande nunca estuvo completamente ajena a la pobreza extrema.

Desde hace años existe un pequeño núcleo de personas en situación de calle, conocido por organismos públicos, instituciones religiosas y organizaciones sociales.

Lo diferente ahora es otra cosa.

El temor es que la vulnerabilidad deje de estar concentrada en sectores históricamente excluidos y avance sobre familias que hasta hace poco pertenecían sin discusión a la clase trabajadora.

• El trabajador que tiene sueldo pero busca una vianda.
• La familia que paga el supermercado con crédito.
• El empleado que termina su jornada y comienza otro trabajo.
• El profesional que analiza irse.
• El comerciante que no sabe cuánto tiempo podrá mantener abierto.
• El feriante que intenta conseguir durante el fin de semana el dinero que le falta para completar el mes.

Y, en el extremo más doloroso, alguien que espera que un comercio cierre para revisar qué comida terminó en una bolsa de residuos.

Son situaciones diferentes y no pueden equipararse automáticamente.

Pero todas forman parte de una misma pregunta. ¿Hasta dónde puede resistir la sociedad fueguina?

Tierra del Fuego atravesó numerosas crisis. La industria, el empleo público, el comercio y los salarios relativamente elevados funcionaron históricamente como amortiguadores frente a situaciones que golpeaban con mayor crudeza a otras regiones del país.

Esa protección parece hoy mucho más debilitada.

El deterioro no necesariamente se manifiesta primero en las estadísticas.

Puede comenzar en decisiones pequeñas: dejar una actividad de los hijos, cambiar la alimentación, postergar una consulta médica, refinanciar la tarjeta, vender pertenencias, tomar un segundo empleo o pedir comida donde antes se colaboraba.

Cuando esas decisiones empiezan a multiplicarse, la pobreza deja de ser solamente la situación de quien no tiene ingresos.

También puede convertirse en el proceso silencioso mediante el cual una familia pierde, mes tras mes, aquello que había construido durante años.

Río Grande todavía conserva herramientas importantes: una sociedad organizada, instituciones, universidades, sindicatos, empresas, organizaciones comunitarias, iglesias y distintos niveles del Estado con capacidad de intervención.

Pero las señales de advertencia están sobre la mesa.

El desafío ya no consiste únicamente en asistir a quienes históricamente estuvieron en los márgenes.

Consiste en evitar que nuevas familias lleguen hasta allí.

Porque cuando en una ciudad donde tener trabajo significó durante décadas poder proyectar una vida aparecen trabajadores que necesitan una vianda para completar la comida de su casa, la discusión dejó de ser solamente económica.

Es una discusión sobre qué sociedad puede quedar después de la crisis.