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El reconocido penalista y ex juez de Instrucción de Río Grande analizó dos complejos casos judiciales en Buenos Aires y reflexionó sobre los límites del accionar policial, las responsabilidades de fiscales y funcionarios judiciales y el rol de la sociedad frente a posibles abusos de poder.

Río Grande.- El doctor Daniel Cesari Hernandez brindó una nueva columna en el programa “La Mañana de la Tecno”, que se emite por Radio Universidad 93.5 MHz, donde abordó distintos casos judiciales en los que actualmente interviene en la provincia de Buenos Aires y lanzó fuertes advertencias sobre presuntas irregularidades procesales, abusos de autoridad y el riesgo institucional que implica tergiversar hechos registrados públicamente.

El reconocido penalista, ex juez de Instrucción de Río Grande y abogado con actuación en causas de repercusión nacional, se encuentra actualmente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires trabajando en un complejo expediente ocurrido en San Fernando y asesorando además en otra causa vinculada a un integrante de la Prefectura Naval Argentina.

Durante la entrevista, Cesari Hernandez describió un escenario preocupante respecto del funcionamiento de algunos sectores del sistema judicial y policial bonaerense y sostuvo que actualmente “la sociedad moderna es un gran hermano”.

“En cada esquina hay una cámara y en cada mano hay una cámara. Cada ciudadano es un fiscal”, afirmó.

Denuncias por irregularidades en un caso de San Fernando

Uno de los ejes centrales de la charla estuvo vinculado a una causa tramitada en San Fernando, donde el abogado logró la excarcelación de un joven que, según explicó, terminó detenido luego de denunciar haber sido víctima de un robo a mano armada.

Cesari Hernandez señaló que, con el avance de la investigación, comenzaron a surgir elementos que podrían revelar “connivencias” y graves irregularidades en el procedimiento policial y judicial.

“Es un caso muy complicado. Algo que parecía sencillo fue mostrando situaciones muy delicadas que podrían involucrar incluso a funcionarios policiales y judiciales”, indicó.

Según detalló, la familia del joven analiza impulsar acciones legales contra algunos de los funcionarios que habrían intervenido en el procedimiento.

El abogado sostuvo además que la situación refleja una problemática más amplia vinculada a prácticas irregulares que, a su criterio, ya no tienen lugar en una sociedad atravesada por registros audiovisuales permanentes y controles públicos cada vez más visibles.

“La Argentina ya superó esa época donde un funcionario público podía hacer cualquier cosa y todos miraban para otro lado”, remarcó.

El caso del prefecto acusado: “La filmación muestra lo contrario”

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la situación de un integrante de la Prefectura Naval Argentina que enfrenta una causa elevada a juicio por presunta agresión a un efectivo policial bonaerense.

Cesari Hernandez explicó que participa indirectamente como abogado asesor del estudio jurídico que lleva adelante la defensa y cuestionó duramente el accionar de la fiscalía interviniente.

Según relató, el prefecto fue acusado de haber agredido con un cabezazo a un policía, aunque aseguró que las propias imágenes incorporadas como prueba muestran exactamente lo contrario.

“Lo que se observa en el video es al personal policial acercarse y golpear al prefecto. El prefecto terminó con el rostro destrozado y el policía no presenta lesiones”, afirmó.

El letrado calificó la situación como “grave” y advirtió sobre las consecuencias personales y laborales que podría afrontar el acusado en caso de una eventual condena.

“Estamos hablando de un miembro de una fuerza federal que podría perder su carrera y quedar marcado de por vida”, expresó.

“Lo mejor es evitar el conflicto”

A lo largo de la entrevista, Cesari Hernandez insistió en la necesidad de que los ciudadanos mantengan prudencia frente a situaciones conflictivas con fuerzas de seguridad o inspectores.

“Cuando alguien tenga un conflicto en la calle con un policía o un inspector, lo mejor que puede hacer es dejar que actúen y después realizar las denuncias correspondientes por vía judicial”, recomendó.

En ese contexto, reveló detalles del episodio que originó la causa contra el prefecto y aseguró que todo comenzó cuando un patrullero municipal observó a una niña alejarse brevemente de sus padres mientras subían a un vehículo.

De acuerdo a su relato, lo que inicialmente parecía una simple intervención preventiva derivó en una situación de violencia frente a la propia hija del prefecto.

“La nena vio cómo golpeaban a su padre y cómo se lo llevaban detenido”, señaló.

Reflexiones sobre las instituciones y la responsabilidad policial

Durante el tramo final de la columna, el penalista también se refirió a denuncias vinculadas a presuntos apremios ilegales y malos procedimientos policiales en Río Grande, aunque evitó brindar precisiones sobre casos concretos.

Sin embargo, dejó una definición contundente respecto de la responsabilidad institucional de las fuerzas de seguridad.

“Yo tengo un enorme cariño por la institución policial y por toda la gente que usa uniforme. Pero justamente por eso creo que cuando alguien se aparta de la ley hay que detectarlo”, afirmó. Y agregó: “Un policía que comete un delito deja de ser un policía”.

Cesari Hernandez sostuvo además que la mejor manera de defender a las instituciones es actuar siempre dentro del marco legal y evitar encubrimientos o corporativismos.

“La mejor forma de cuidar a la policía es separar a quienes no honran el uniforme”, concluyó.

Trabajo sobre amenazas escolares y regreso a Tierra del Fuego

Antes de finalizar su participación en Radio Universidad 93.5 MHz, el abogado adelantó que durante su estadía en Buenos Aires también participó de actividades y charlas vinculadas a la problemática de amenazas en establecimientos educativos, encuentros que incluyeron trabajo junto a la Policía Federal Argentina.

Según indicó, regresará a Tierra del Fuego con nuevo material y experiencias para continuar abordando una temática que en los últimos meses generó fuerte preocupación en la provincia, especialmente por el incremento de denuncias relacionadas con amenazas escolares y situaciones de violencia en ámbitos educativos.