Andrea Ozamiz afirmó que las universidades públicas atraviesan una situación crítica por la pérdida salarial, el recorte de becas y la falta de financiamiento. Durante la cuarta Marcha Federal Universitaria, la dirigente sindical sostuvo que el conflicto “es también una defensa de la democracia y de la soberanía”.
Río Grande.- En el marco de la cuarta Marcha Federal Universitaria realizada este martes en distintos puntos del país, la secretaria general de la Asociación Fueguina de Docentes Universitarios e Investigadores (AFUDI), Andrea Ozamiz, advirtió sobre el fuerte impacto que las políticas del Gobierno nacional están generando en el sistema universitario público y aseguró que la movilización busca “poner un freno” al ajuste que atraviesan las casas de altos estudios.
En declaraciones durante la cobertura de la movilización, la dirigente sindical —que representa a los docentes de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF)— destacó el amplio respaldo que recibió la convocatoria en la provincia, con la participación de organizaciones sindicales, sectores políticos y distintos actores de la comunidad fueguina.
“Esta es la cuarta Marcha Federal Universitaria que recibe el contundente apoyo de los sindicatos, de trabajadores y de la sociedad en su conjunto”, expresó Ozamiz, remarcando que la protesta apunta a exigir que el presidente Javier Milei “cumpla la ley”.
“Defender la universidad es defender el futuro de la provincia, es la posibilidad de ascenso social y sin universidad pública no hay soberanía posible en esta provincia ni en todo el país”, sostuvo.
La referente de AFUDI señaló que la crisis presupuestaria afecta de manera directa tanto a los trabajadores universitarios como al funcionamiento integral de las instituciones. En ese sentido, aseguró que los docentes universitarios ya acumulan “casi un 60% de pérdida del poder adquisitivo”, producto de la falta de actualización salarial frente a la inflación.
Sin embargo, advirtió que el problema excede la cuestión salarial y alcanza también a los estudiantes y a las actividades académicas y científicas que desarrollan las universidades públicas.
“No solo afecta al sueldo docente, sino también al apoyo a las becas, a los laboratorios; todo eso se ha caído”, lamentó.
Asimismo, Ozamiz denunció que las universidades nacionales atraviesan “un ahogamiento presupuestario armado por el Gobierno nacional”, situación que —según indicó— repercute directamente sobre las funciones esenciales de las instituciones educativas.
“El presupuesto afecta los salarios de los trabajadores docentes y no docentes, las becas de los estudiantes y el funcionamiento de las universidades, porque no podemos desarrollar nuestras tareas fundamentales de docencia, investigación y extensión”, afirmó.
Durante su intervención, la dirigente gremial también vinculó el conflicto universitario con una discusión institucional y democrática más amplia. En ese marco, cuestionó la decisión del Ejecutivo nacional de no aplicar plenamente la normativa vinculada al financiamiento universitario.
“Queremos remarcar que esto es un ataque a la democracia argentina, porque el Gobierno nacional no cumple una ley votada dos veces por el Congreso, con dos fallos judiciales, y está decidido a incumplir según sus conveniencias”, expresó.
Finalmente, Ozamiz convocó a sostener el respaldo social a las universidades públicas y subrayó que la defensa del sistema universitario implica también resguardar el futuro del país.
“Debemos, como sociedad, defender esa ley porque es defender la democracia y el futuro del pueblo”, concluyó.





















