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En medio de la intervención nacional del Puerto de Ushuaia, el requerimiento apunta a despejar dudas sobre la transparencia en la gestión, el destino de los recursos y la legalidad de las decisiones adoptadas, en un escenario de creciente tensión institucional entre Nación y Provincia.

Ushuaia.- A través de un pedido formal ante la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), El Diario del Fin del Mundo solicitó acceso a información detallada sobre la administración del Puerto de Ushuaia, con foco en el uso de recursos, la operatoria y las decisiones adoptadas desde la intervención iniciada este año.

La presentación, encuadrada en la Ley 27.275 de acceso a la información pública, surge ante cuestionamientos por la falta de claridad en la gestión portuaria. En ese marco, se requiere conocer, entre otros puntos, la totalidad del personal incorporado desde el 1 de enero de 2026, incluyendo condiciones de contratación, funciones, estructura jerárquica, remuneraciones y fechas de inicio de pago.

El pedido también pone la lupa sobre posibles limitaciones en el acceso y permanencia dentro del puerto para trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos, empresas contratistas y proveedores. En particular, se busca determinar si existen disposiciones que restrinjan la actividad de estos actores, así como su respaldo legal.

Otro de los ejes centrales es la identificación de las empresas actualmente habilitadas para operar en el puerto, con detalles sobre sus actividades, fechas de autorización y vigencia de los permisos, con el objetivo de clarificar quiénes intervienen en la actividad portuaria bajo la actual intervención.

En materia económica, la solicitud exige un informe completo de los ingresos registrados desde comienzos de año, discriminados por origen, concepto y fecha. Además, se pide acceso a la documentación respaldatoria —facturación, notas de crédito y débito, y recibos— con especificación de montos, destinatarios y modalidades de pago.

El requerimiento se extiende al estado de cuentas de los clientes, servicios aún no facturados y deudas pendientes, con la intención de reconstruir el circuito de facturación y cobranzas dentro del puerto.

Respecto de los egresos, se solicita un detalle pormenorizado de los gastos, contrataciones y pagos realizados con fondos provenientes de la cuenta comunicada a los operadores portuarios. También se incluyen pedidos sobre saldos y movimientos bancarios en fechas específicas, así como la operatoria de la cuenta del Banco Nación vinculada a la Administración General de Puertos.

En paralelo, se requiere información sobre los gastos operativos indispensables para el funcionamiento del puerto —como mantenimiento, seguridad, servicios y logística—, indicando proveedores, montos y fechas.

El pedido abarca además aspectos operativos y de seguridad, como el registro de arribos y zarpes desde el 21 de enero de 2026, y el detalle de incidentes ocurridos en el ámbito portuario junto con las actuaciones correspondientes ante Prefectura Naval.

Asimismo, se solicita información sobre la coordinación institucional tras la intervención, especialmente en lo referido a la superposición de competencias con la Provincia y su impacto en terceros.

Por último, se requiere acreditar el cumplimiento de las normas internacionales de seguridad portuaria (Código PBIP), incluyendo planes de protección, protocolos ante emergencias como derrames, certificaciones técnicas y auditorías realizadas, así como eventuales observaciones o restricciones vigentes.

Ante la escasa información brindada hasta el momento por la ANPyN, la solicitud apunta a obtener un panorama completo sobre el funcionamiento administrativo, financiero y operativo del puerto en los últimos meses. La respuesta oficial será determinante para evaluar el nivel de transparencia en la gestión, en un contexto donde se advierte sobre posibles desvíos de fondos provinciales hacia cuentas nacionales sin mecanismos claros de control ni rendición.