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Intervención del puerto de Ushuaia: Murcia denuncia falta de obras, recaudación nacionalizada y conflicto político

El presidente de la Dirección Provincial de Puertos afirmó que la operatoria sigue igual que antes de la intervención, cuestionó que no se presentó ningún plan de inversión ni de seguridad y aseguró que los ingresos del muelle ahora se depositan en una cuenta nacional. La provincia espera una definición judicial para revertir la medida. “Hoy los recursos van a una cuenta nacional cuando el puerto es propiedad de la provincia”, afirmó Roberto Murcia a FM La Isla.

Ushuaia.- El presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, aseguró que la situación del puerto de Ushuaia continúa sin cambios desde la madrugada del 21 de enero, cuando se dispuso la intervención nacional del organismo.

En declaraciones a FM La Isla, el funcionario sostuvo que ni él ni gran parte del personal logístico pueden ingresar al área operativa, mientras que solo un grupo reducido de trabajadores —alrededor de 16— continúa desempeñando tareas junto con personal del sector privado y nuevos equipos enviados desde Buenos Aires.

Según explicó, la Dirección Provincial mantiene únicamente funciones administrativas desde su edificio externo, sin poder ejercer la operatoria directa del muelle.

 

“No hubo ningún cambio ni plan de obras”

 

Murcia cuestionó uno de los fundamentos centrales de la intervención: las supuestas falencias estructurales en el muelle.

Afirmó que desde el inicio de la medida no se ejecutó ninguna obra ni plan de contingencia, ni se presentó un esquema de inversiones o mantenimiento.

Incluso señaló que sectores del muelle considerados problemáticos siguen utilizándose del mismo modo que antes.

“Desde las 23.59 antes de la intervención hasta las 00.03 después, no hubo absolutamente ningún cambio”, sostuvo.

El funcionario remarcó que continúan arribando buques, descendiendo pasajeros, operando excursiones y realizándose cargas de combustible con normalidad.

 

El eje del conflicto: la recaudación del puerto

 

Uno de los puntos más sensibles planteados por Murcia es el destino de los recursos económicos generados por la actividad portuaria.

Explicó que anteriormente las tasas por uso de muelle, certificados y pasajeros ingresaban a una cuenta provincial de la Dirección de Puertos.

Actualmente, según indicó, esos fondos se depositan en una cuenta del Banco Nación vinculada a la Administración General de Puertos (AGP), organismo nacional.

El titular provincial sostuvo que se analiza impulsar acciones para exigir que las empresas vuelvan a pagar a la cuenta provincial, al considerar que el muelle es propiedad de Tierra del Fuego.

“Hoy los recursos van a una cuenta nacional cuando el puerto es propiedad de la provincia”, afirmó.

 

Estrategia judicial para revertir la intervención

 

Murcia confirmó que la provincia presentó una medida ante la Justicia Federal solicitando retrotraer la situación al momento previo a la intervención.

 

La expectativa oficial es que la operación vuelva a la Dirección Provincial de Puertos como “legítimo operador”.

Mientras tanto, indicó que continúan respondiendo administrativamente los expedientes y coordinando acciones con el gobierno provincial.

 

Un conflicto que también tiene lectura política

 

Más allá de los aspectos técnicos y jurídicos, Murcia consideró que la intervención tiene una fuerte dimensión política.

Señaló que la relación entre la provincia y el gobierno nacional se deterioró significativamente en esta gestión y afirmó que el diálogo institucional prácticamente se interrumpió.

Según expresó, las comunicaciones oficiales se limitaron a notas formales con advertencias de intervención.

“El puerto funciona si están ellos; si no están ellos, no”, interpretó sobre la resolución nacional.

 

Sindicatos y apoyo social

 

El titular portuario afirmó que los sindicatos del sector se manifestaron en contra de la intervención y realizaron asambleas, además de mantener reuniones con la Dirección Provincial.

También aseguró recibir muestras de respaldo de trabajadores y ciudadanos, quienes —según dijo— consideran el procedimiento como un “avasallamiento” a la autonomía provincial.

 

La hoja de ruta: esperar el fallo judicial

 

Consultado sobre los próximos pasos, Murcia fue claro: el eje central será la vía judicial.

Mientras la causa avanza, la provincia continuará con su estrategia administrativa y política para intentar recuperar el control operativo del puerto.

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