Tavarone denunció a la Municipalidad de Ushuaia por cesión de predios en las Barrancas del Pipo

La judicialización de una ordenanza municipal que otorgó tierras públicas a una entidad privada desató un escándalo en la capital fueguina. La demanda del concejal de Somos Fueguinos Valter Tavarone advierte sobre la vulneración de normativas ambientales vigentes y el riesgo de un antecedente peligroso para los espacios verdes de la ciudad.

Ushuaia.- Un nuevo foco de conflicto administrativo y ambiental mantiene en vilo a la capital fueguina. Valter Tavarone, concejal del bloque Somos Fueguinos en el cuerpo deliberativo local, formalizó una denuncia contra la administración municipal. El cuestionamiento central gira en torno a la entrega de parcelas en el sector de Barrancas del Pipo, áreas que gozan de la tutela de leyes nacionales y provinciales por tratarse de bosque nativo.

La polémica se originó cuando el Concejo Deliberante de Ushuaia sancionó una normativa que eliminó la condición de espacio público de esos lotes para su posterior traspaso a una asociación. Según el planteo del concejal, la maniobra se realizó esquivando el tratamiento técnico en las comisiones permanentes, lo que impidió un análisis pormenorizado sobre las consecuencias que el desmonte y la urbanización tendrían para el ecosistema circundante.

Al fundamentar su postura en el ámbito digital, el edil fue tajante al comparar la situación con la enajenación arbitraria de cualquier centro de recreación vecinal. «Es como si mañana decidieran vender una plaza del barrio. No es un trámite técnico: es tierra pública y es bosque protegido», sentenció al dar a conocer el inicio de las actuaciones en los tribunales.

La repercusión social del caso escaló rápidamente durante las últimas jornadas debido a la fuerte identidad natural que define a la región. Diversos grupos de vecinos manifestaron su descontento tras observar la colocación de alambrados y cartelería de exclusividad en la zona, situaciones que avivaron las sospechas sobre la inmediatez de las obras en un área que hasta hace poco se consideraba intangible.

El impulsor de la medida cautelar aclaró que el reclamo no pretende frenar el desarrollo habitacional ni el derecho a la vivienda, sino que apunta directamente contra los mecanismos utilizados para saltear los controles previstos. Tavarone advirtió que, de permitirse estos “atajos”, la seguridad jurídica de cualquier reserva natural quedaría supeditada a los vaivenes políticos de turno. El expediente busca paralizar cualquier actividad en el terreno hasta que el Poder Judicial ratifique si la norma local vulnera el derecho superior.

Desde el edificio de la intendencia han optado por el silencio y no se han emitido comunicados respecto a la presentación judicial. Mientras tanto, en la comunidad se profundiza el interrogante sobre el equilibrio entre la expansión de la mancha urbana y la preservación del patrimonio natural, un activo que Ushuaia suele exhibir con orgullo ante la mirada del turismo internacional.