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El diputado nacional Miguel Rodríguez (La Libertad Avanza) cruzó con dureza a las autoridades fueguinas que alertan por pérdida de empleo tras la quita de aranceles a celulares importados. Remarcó, en cambio, que el Gobierno nacional no solo mantiene —sino que impulsa— la diversificación productiva en la provincia, como lo demuestra la reciente Resolución 17/2026, que habilita a FAMAR a fabricar módulos electrónicos para la industria automotriz y busca agregar valor al entramado industrial local.

Río Grande.- En medio del intenso debate sobre el futuro del sector industrial en Tierra del Fuego, el diputado nacional Miguel Rodríguez (La Libertad Avanza) protagonizó esta semana un cruce político con el intendente de Río Grande, Martín Pérez, y el gobernador provincial, Gustavo Melella, quienes coincidieron en advertir que la eliminación del arancel a la importación de celulares podría provocar la pérdida de hasta 2.000 puestos de trabajo en la isla.

Rodríguez respondió con firmeza que esas posiciones responden más a una reacción ante el cambio de las reglas de juego que a una lectura objetiva de los hechos, y sostuvo que, lejos de debilitar la industria fueguina, las medidas del Gobierno nacional buscan reforzarla y diversificarla para integrarla con cadenas de valor de mayor complejidad tecnológica.

“Todas las expresiones que hacen tanto el intendente como el gobernador son críticas a una medida que, para nosotros, representa una oportunidad para que las empresas locales compitan, se adapten y agreguen valor,” afirmó el legislador nacional libertario.

Resolución 17/2026: un giro productivo para Tierra del Fuego

Parte central de la defensa de Rodríguez es la reciente Resolución 17/2026, publicada en el Boletín Oficial del 19 de enero de 2026, mediante la cual el Ministerio de Economía —a través de la Secretaría de Industria y Comercio— aprueba un proceso productivo para la fabricación de módulos electrónicos destinados a vehículos bajo el régimen especial de la Ley Nº 19.640 que rige en Tierra del Fuego.

La norma establece que la empresa FAMAR Fueguina S.A.U., perteneciente al grupo industrial con actividades históricas en la isla, pueda desarrollar dentro de la provincia un proceso productivo base para módulos electrónicos vehiculares, consagrados como una transformación sustancial que habilita la producción con acreditación de origen local y acceso a los beneficios fiscales y aduaneros del régimen.

El texto normativo fija un plazo de 180 días corridos desde su entrada en vigencia para que las industrias adecuen sus líneas de producción a los requisitos previstos y, una vez cumplido ese lapso, tramiten un nuevo inicio de producción bajo los parámetros del régimen fueguino.

Según fuentes especializadas, esta decisión busca elevar el contenido industrial dentro del territorio, pasando de procesos tradicionales a una actividad con mayor requerimiento tecnológico como soldadura, programación, control de calidad y verificaciones funcionales que justifican el carácter de origen argentino de los productos.

¿Respuesta a la crisis o instrumento de política industrial?

Para Rodríguez, la aprobación de este proceso productivo no solo demuestra que el arco industrial fueguino no está siendo abandonado, sino que tiene posibilidades reales de reconvertirse hacia sectores con mayor integridad de producción y empleo calificado.

“Esto genera mano de obra calificada, obliga a las empresas a modernizar sus líneas, y agrega valor al producto local en un contexto donde históricos discursos sobre reconversión quedaban solo en slogans políticos”, explicó.

Además, destacó que el Gobierno nacional también habilitó a empresas a revisar las obligaciones de contribución al Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva (FAM), permitiendo reducir ese porcentaje e incluso situarlo en cero, como incentivo adicional para favorecer inversiones y adaptaciones productivas.

Choque de visiones entre Nación y las autoridades locales

El foco de la controversia con el oficialismo provincial y municipal radica, justamente, en las expectativas sobre qué política industrial debería adoptarse. Para las autoridades locales, la medida de arancel cero para celulares importados y otros cambios regulatorios amenazan fuentes laborales de un sector histórico como el de la electrónica de consumo, que ha sido central en la generación de empleo en la provincia durante décadas.

Rodríguez, por su parte, condiciona esa visión a un enfoque de competitividad fiscal y reducción de presión impositiva, sosteniendo que la solución no pasa por “cerrar” sino por modernizar y diversificar la matriz productiva para integrarla a cadenas de mayor valor agregado. “Menos presión impositiva hacia las empresas y más incentivos a la producción real es lo que va a beneficiar a la provincia y al país”, remarcó.

“El Gobierno provincial y los municipios deberían acompañar a la industria fueguina con hechos y no solo con palabras”

Rodríguez también puso el foco en lo que considera una ausencia de acompañamiento por parte de los gobiernos locales a las políticas de incentivo que impulsa la Nación. En ese sentido, reclamó que tanto la Provincia como los municipios asuman un rol activo para aliviar la carga impositiva sobre el sector productivo fueguino. “Así como el Gobierno nacional está generando herramientas para que las empresas puedan competir y reconvertirse, sería fundamental que las autoridades locales hagan su parte. Podrían avanzar en la reducción de Ingresos Brutos, eliminar la tasa de verificación productiva y revisar tasas municipales vinculadas a servicios que hoy encarecen hasta un 6% el costo del producto final”, señaló. Para el legislador, ese tipo de medidas permitiría complementar los esfuerzos nacionales y consolidar un verdadero esquema de competitividad industrial en la provincia, evitando que el peso fiscal termine neutralizando los beneficios del régimen de promoción.