El 60% de las empresas señala la caída de la demanda como su principal desafío. Un informe de CASEL advierte sobre la presión de los costos, la competencia informal y las dificultades para sostener el negocio de proteger hogares, comercios y empresas.
La alarma esta vez suena puertas adentro. Las empresas que instalan cámaras, desarrollan sistemas de alarma y monitorean la seguridad de miles de hogares y comercios enfrentan una combinación difícil: costos crecientes, clientes que postergan inversiones y una competencia que presiona cada vez más los precios.
Según el último estudio de mercado que emitió CASEL, realizado junto con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, la seguridad electrónica argentina reúne a más de 1.100 empresas y genera cerca de 50.000 puestos de trabajo formales directos. En 2025, el sector registró importaciones de equipamiento por USD 498 millones, concentradas en 115 empresas. Detrás de cada cámara o alarma hay una cadena de fabricantes, importadores, distribuidores, técnicos y operadores.
El informe de situación sectorial de CASEL para el cuarto trimestre de 2026 expone el principal punto de tensión: el 60% de las empresas identifica la caída de la demanda como su mayor desafío. La postergación de obras, instalaciones y actualizaciones tecnológicas repercute sobre una actividad que necesita sostener personal especializado, infraestructura y atención permanente.
La cuenta que aprieta a las empresas
El documento estima que los costos locales medidos en dólares aumentaron cerca del 19% entre enero y septiembre de 2026, tomando como referencia la evolución de los precios al consumidor y del dólar mayorista. Es una aproximación al encarecimiento operativo: el impacto concreto depende de la estructura de cada empresa.
La consecuencia es una presión sobre la rentabilidad. Los salarios, alquileres, vehículos y otros gastos suben, mientras que la competencia dificulta trasladar esos aumentos al precio de los equipos y servicios. Vender más puede resultar insuficiente si cada operación deja menos margen. El problema atraviesa especialmente a las empresas pequeñas. Según el perfil sectorial recogido en el informe, el 68% corresponde a integradores o instaladores: profesionales y pymes que llevan la tecnología hasta el usuario y se ocupan de que funcione.
El precio de una cámara no cuenta toda la historia
La expansión de las compras digitales también modifica las reglas. El consumidor compara equipos y encuentra ofertas en pocos segundos, pero el precio publicado no siempre incluye instalación, configuración, mantenimiento ni asistencia posterior.
Desde CASEL se pone el foco en esa diferencia: proteger una vivienda, un comercio o una industria requiere evaluar riesgos, elegir la tecnología adecuada y asegurar su funcionamiento. Una cámara mal ubicada o una alarma sin mantenimiento pueden limitar la protección esperada, aun cuando el equipo sea nuevo.
La competencia informal agrega presión sobre quienes sostienen estructuras profesionales. El desafío para el sector es hacer visible el valor del servicio, la capacitación y el respaldo técnico en un mercado cada vez más concentrado en el precio inicial.
Innovación bajo presión
La industria, sin embargo, mantiene su apuesta tecnológica. El 74% de las firmas incorporó capacidades de inteligencia artificial en sus procesos y el 62% de las compañías participantes prevé aumentar sus inversiones en el corto plazo, según el estudio CASEL–UBA. Esos números muestran una tensión central: existe voluntad de invertir y modernizarse, pero sostenerla exige demanda, personal capacitado y condiciones que permitan competir formalmente. Para CASEL, fortalecer esta industria significa preservar conocimiento técnico, empleo y capacidad de respuesta. La discusión excede cuánto cuesta comprar una alarma: también importa quién la instala, quién la mantiene y quién brinda respaldo cuando hace falta. Porque detrás de la tecnología que protege a la sociedad hay una industria que también necesita poder sostenerse.
