El Juzgado de Instrucción Nº 2 del Distrito Judicial Sur resolvió mantener bajo su órbita la investigación por los presuntos impedimentos al ingreso de inspectores ambientales provinciales al Puerto de Ushuaia. La resolución, fechada el 26 de octubre, ordena notificar de sus derechos y garantías a Fernando Ariel Polizzi, máxima autoridad local de la intervención federal, y admite a la Fiscalía de Estado como querellante. Además, exige información complementaria antes de resolver si autoriza el registro de las instalaciones portuarias.
Ushuaia, 29 de octubre de 2026.- La investigación judicial por los presuntos impedimentos al ingreso de funcionarios de la Secretaría de Ambiente de Tierra del Fuego al Puerto de Ushuaia continuará, por el momento, bajo la jurisdicción provincial. Así lo resolvió el Juzgado de Instrucción Nº 2 del Distrito Judicial Sur, luego de que la Justicia Federal rechazara intervenir en el expediente y devolviera las actuaciones.
La resolución judicial, dictada el pasado 26 de octubre, establece la necesidad de profundizar las medidas investigativas para determinar las circunstancias en las que se habrían producido las restricciones al ingreso de inspectores provinciales a las instalaciones portuarias, actualmente bajo intervención federal.
El tribunal consideró que, antes de promover una controversia formal de competencia entre ambas jurisdicciones, resulta necesario reconstruir los episodios denunciados, establecer sus circunstancias y determinar su eventual encuadre penal.
En ese sentido, señaló que los hechos investigados estarían relacionados, inicialmente, con impedimentos concretos al ingreso de funcionarios ambientales en determinadas fechas, situaciones que podrían encontrarse vinculadas con las decisiones adoptadas por la autoridad local responsable de la intervención portuaria.
No obstante, el juzgado dejó abierta la posibilidad de revisar nuevamente la competencia judicial a medida que avance la investigación.
Fernando Polizzi deberá ser notificado de sus derechos y garantías
Uno de los aspectos centrales de la resolución es la decisión de notificar formalmente a Fernando Ariel Polizzi, máxima autoridad local de la intervención federal del Puerto de Ushuaia, acerca de los derechos y garantías constitucionales que le corresponden en el marco de la investigación penal.
La diligencia fue encomendada a la División Delitos Complejos de Ushuaia, organismo que podrá solicitar la colaboración de la Prefectura Naval Argentina en caso de resultar necesario.
Esta medida tiene como finalidad garantizar el debido proceso y resguardar los derechos de Polizzi frente a su eventual vinculación con los hechos denunciados.
La notificación no constituye una declaración de culpabilidad ni implica que se haya determinado responsabilidad penal alguna.
La investigación deberá establecer quiénes habrían dispuesto, ejecutado o permitido las presuntas restricciones al ingreso del personal ambiental provincial y determinar si esas conductas respondieron a instrucciones específicas.
La Fiscalía de Estado fue admitida como querellante
La resolución también reconoce formalmente a la Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego como parte querellante en el expediente judicial.
El organismo, encabezado por el fiscal de Estado Virgilio Juan Martínez de Sucre, había solicitado intervenir en representación de los intereses provinciales que podrían haber resultado afectados por los hechos denunciados.
El planteo se fundamentó en la posible afectación de las facultades de fiscalización, inspección y control ambiental que corresponden a las autoridades provinciales.
El juzgado admitió la solicitud conforme a lo establecido en los artículos 68 y concordantes del Código Procesal Penal, teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos investigados y la documentación incorporada a las actuaciones.
A partir de este reconocimiento, la Fiscalía de Estado podrá ejercer las facultades procesales correspondientes a su condición de querellante, participar en la investigación y promover las medidas que considere pertinentes.
Sin embargo, el tribunal rechazó conceder el recurso de apelación que el organismo había presentado contra la anterior declaración de incompetencia.
La decisión se fundamentó en que, al momento de interponer ese recurso, la Fiscalía de Estado todavía no había sido admitida formalmente como querellante y, por lo tanto, carecía de legitimación procesal para recurrir aquella resolución.
El juzgado aclaró que su posterior incorporación al expediente no produce efectos retroactivos sobre las actuaciones anteriores.
La Justicia exige precisiones antes de autorizar el registro del puerto
Otro de los puntos relevantes de la resolución está relacionado con el pedido de la Fiscalía de Estado para que se autorice judicialmente el registro de las instalaciones del Puerto de Ushuaia.
La solicitud tiene como finalidad permitir que personal técnico de la Secretaría de Ambiente provincial pueda desarrollar tareas de inspección, auditoría y fiscalización ambiental que, según la denuncia, habrían sido obstaculizadas.
Sin embargo, el juzgado decidió postergar una resolución sobre la procedencia de la medida hasta contar con información más precisa acerca de las tareas que se pretenden realizar.
Para ello, requirió a la Secretaría de Ambiente que presente un informe detallado sobre distintos aspectos de la intervención solicitada.
Entre los puntos requeridos se encuentran:
- La identificación de las actividades de inspección, auditoría o fiscalización que se pretende desarrollar.
- La determinación de los sectores específicos del puerto donde se realizarían los controles.
- La identificación de instalaciones, elementos, sustancias o residuos que serían objeto de verificación.
- La fundamentación de las atribuciones legales que respaldan las tareas solicitadas.
- La existencia de posibles situaciones de urgencia o riesgos ambientales concretos.
- La posibilidad de pérdida, modificación o alteración de elementos relevantes para la investigación.
- Un detalle de las tareas de control realizadas durante los últimos tres años en el Puerto de Ushuaia, vinculadas con la misma actividad y normativa cuya aplicación se pretende.
El requerimiento apunta a determinar la necesidad, el alcance y la proporcionalidad de la medida judicial solicitada.
Una vez incorporada esa documentación, el juzgado deberá resolver si corresponde autorizar el registro de las instalaciones portuarias y, eventualmente, establecer las condiciones bajo las cuales podría llevarse adelante.
La controversia entre la Provincia y la intervención federal
La causa se desarrolla en un contexto de controversia institucional sobre las facultades de control provincial dentro de las instalaciones del Puerto de Ushuaia, actualmente sometidas a una intervención federal.
El expediente penal busca esclarecer si existieron impedimentos concretos al ejercicio de las competencias ambientales provinciales y, en caso afirmativo, establecer quiénes fueron responsables de esas decisiones.
La resolución del Juzgado de Instrucción Nº 2 no define todavía el fondo de la controversia ni establece responsabilidades penales.
Tampoco implica una autorización definitiva para ingresar y registrar las instalaciones portuarias.
Por el contrario, dispone continuar con la producción de elementos probatorios y mantener, al menos en esta etapa, la investigación dentro de la Justicia provincial.
Una investigación que permanece abierta
Con esta decisión, el Juzgado de Instrucción Nº 2 del Distrito Judicial Sur retoma el trámite de las actuaciones y establece nuevas medidas destinadas al esclarecimiento de los hechos denunciados.
La notificación de derechos y garantías a Fernando Ariel Polizzi, la incorporación de la Fiscalía de Estado como querellante y el requerimiento de información adicional a la Secretaría de Ambiente constituyen los principales avances procesales dispuestos.
La próxima instancia estará vinculada con la respuesta del organismo ambiental provincial y con las medidas investigativas que permitan determinar si existieron conductas penalmente relevantes.
Mientras tanto, la competencia judicial podría volver a ser examinada si aparecen nuevos elementos que justifiquen revisar la intervención de la Justicia provincial o Federal.
Por el momento, la investigación continúa abierta, no se han establecido responsabilidades penales y el registro de las instalaciones del Puerto de Ushuaia permanece pendiente de autorización judicial.
