El legislador de Somos Fueguinos, Jorge Lechman, presentó durante la quinta sesión ordinaria de la Legislatura provincial un proyecto que propone destinar el 3% de los recursos provenientes de la coparticipación federal y las regalías al fortalecimiento de tres servicios esenciales. La iniciativa contempla mejoras salariales, infraestructura y equipamiento, sin incrementar la presión tributaria. Sin embargo, la propuesta establece que los fondos sean retenidos antes de calcular la coparticipación municipal, lo que abre un debate sobre su impacto en los recursos de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.
Ushuaia, 29 de octubre de 2026.- El legislador provincial Jorge Lechman, representante de Somos Fueguinos, presentó una iniciativa legislativa que busca establecer un mecanismo permanente de financiamiento para la educación, la salud pública y la seguridad, mediante la redistribución de recursos que actualmente percibe la Provincia, sin recurrir a la creación de nuevos impuestos.
La propuesta fue expuesta durante la quinta sesión ordinaria de la Legislatura de Tierra del Fuego, en el marco del debate sobre el proyecto de financiamiento educativo impulsado por el Gobierno del profesor Gustavo Melella, que contempla modificaciones tributarias para obtener recursos adicionales.
Lechman planteó que, antes de avanzar con nuevas cargas impositivas, resulta necesario revisar las prioridades presupuestarias y garantizar que una parte de los ingresos provinciales se destine específicamente al sostenimiento de los servicios esenciales.
“La salud, la educación y la seguridad no son un gasto, son una inversión”, sostuvo el parlamentario durante su intervención en el recinto.
Un fondo permanente con recursos provinciales
El proyecto establece, en su artículo 3º, la creación de un fondo permanente integrado por el equivalente al 3% de los recursos provenientes de la coparticipación federal de impuestos y de las regalías que percibe Tierra del Fuego.
El artículo 4º determina que ese porcentaje deberá ser retenido antes de establecer la masa coparticipable que corresponde distribuir entre los municipios.
En ese sentido, Lechman explicó que su planteo apunta a garantizar que los recursos destinados a educación, salud y seguridad tengan prioridad dentro del esquema de distribución presupuestaria.
“Siempre he propuesto que esa inversión sea previa a la coparticipación, tanto de la coparticipación federal de ingresos, como de las regalías y de los recursos propios”, señaló.
Los artículos 5º y 6º contemplan la participación del Banco de Tierra del Fuego en el procedimiento de retención diaria y automática de los fondos, que posteriormente serían transferidos a una cuenta especial administrada por el Poder Ejecutivo provincial.
Este mecanismo busca asegurar una disponibilidad continua de recursos para las áreas contempladas en la iniciativa.
Salarios, infraestructura y equipamiento
Uno de los aspectos centrales del proyecto es la amplitud de los destinos previstos para los fondos.
El artículo 8º establece que los recursos podrán utilizarse para mejorar las condiciones salariales de los docentes, los profesionales y trabajadores de la salud pública y los integrantes de las fuerzas de seguridad provinciales.
Asimismo, contempla inversiones en mantenimiento, reparación y ampliación de establecimientos educativos, hospitales, centros de salud y dependencias policiales.
También incluye la adquisición de medicamentos, insumos, herramientas y equipamiento necesarios para el funcionamiento de estos servicios.
De esta manera, la iniciativa propone abordar conjuntamente las demandas salariales y las necesidades de infraestructura, evitando que el financiamiento quede limitado exclusivamente a las remuneraciones del personal.
Cuestionamientos al proyecto del Gobierno provincial
Durante su intervención legislativa, Lechman cuestionó el proyecto de financiamiento educativo promovido por el Ejecutivo provincial, al considerar que la creación de nuevas obligaciones tributarias no garantiza una solución integral a los problemas que atraviesa el sistema educativo.
“Un proyecto caprichoso como este, que no trae ninguna solución a la docencia, porque la docencia no es solamente los sueldos de los docentes, es la infraestructura que se cae a pedazos”, afirmó.
El legislador sostuvo que las dificultades del sistema educativo requieren respuestas estructurales y advirtió sobre la posibilidad de que las discusiones salariales y presupuestarias vuelvan a repetirse si no se establece un mecanismo de financiamiento sostenible.
“Si no estamos todos, en dos años, en seis meses, vamos a volver a charlar el mismo tema y vamos a tener la misma problemática”, manifestó.
En esa misma línea, cuestionó los alcances de la propuesta oficial.
“Esto no va a solucionar ese problema, ni siquiera va a solucionar el problema del salario docente. Es apenas un paliativo, un parche”, expresó.
El impacto sobre la coparticipación municipal
Uno de los puntos que podría generar controversias es el mecanismo de retención previsto en el artículo 4º.
Aunque la iniciativa no contempla la creación de nuevos impuestos, establece que el 3% destinado al fondo permanente sea descontado antes de calcular los recursos coparticipables correspondientes a los municipios.
Esta disposición introduce un interrogante sobre sus consecuencias para las finanzas de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, particularmente en un contexto de reclamos municipales por demoras en las transferencias de coparticipación provincial.
El proyecto no presenta una cuantificación del eventual impacto económico que tendría la aplicación de este mecanismo sobre los ingresos municipales.
Por lo tanto, su tratamiento legislativo también podría requerir un análisis de los efectos de la retención propuesta sobre la distribución de recursos entre la Provincia y las administraciones locales.
Control legislativo y distribución territorial
La propuesta incorpora mecanismos de seguimiento y control sobre la utilización de los recursos.
El artículo 10º establece que los fondos tendrán carácter complementario respecto de las partidas presupuestarias habituales, mientras que el artículo 11º dispone que el Poder Ejecutivo deberá presentar informes trimestrales ante la Legislatura provincial.
Estos informes permitirían conocer el destino de los recursos, las inversiones realizadas y el cumplimiento de los objetivos establecidos.
Asimismo, el proyecto contempla criterios de equidad territorial para garantizar que las inversiones alcancen a Ushuaia, Río Grande, Tolhuin y las zonas rurales de la provincia.
Con esta presentación, Lechman incorporó al debate legislativo una alternativa de financiamiento que busca priorizar la redistribución de los ingresos provinciales antes que la creación de nuevos tributos.
La discusión quedará centrada no solamente en la necesidad de fortalecer la educación, la salud y la seguridad, sino también en el origen de los recursos, su administración y las consecuencias que podría tener el nuevo esquema sobre las finanzas municipales.
