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El jefe de Gabinete fueguino confirmó que el Ejecutivo vetará la ley sancionada por la Legislatura y defendió la vigencia del proceso electoral. Aseguró que ya está en marcha y advirtió que la discusión podría escalar. Jorge Canals aseveró que “la Legislatura no puede frenar un proceso constitucional en marcha”.

Ushuaia.- El Gobierno de Tierra del Fuego salió a fijar una postura firme frente a la decisión de la Legislatura de derogar la Ley 1529. El ministro jefe de Gabinete, Jorge Canals, calificó la medida como “inconstitucional” y aseguró que no tiene capacidad para frenar el proceso de reforma constitucional impulsado por el Ejecutivo.

“El problema es que lo que ha resuelto el Poder Legislativo es inconstitucional desde el mismo momento del tratamiento”, sostuvo el funcionario, al tiempo que planteó que la convocatoria a una reforma “no es una ley simple”, sino el inicio de un proceso de jerarquía superior vinculado a derechos constitucionales.

“El proceso ya está en marcha”

Uno de los ejes centrales de la argumentación oficial se apoya en la idea de que el proceso reformista ya se encuentra en curso y, por lo tanto, no puede ser interrumpido por una norma posterior.

“Después de todo el proceso en marcha no puede haber otra ley que diga que no”, afirmó Canals, quien insistió en que la convocatoria ya activó mecanismos institucionales vinculados al sistema electoral.

En esa línea, advirtió que la decisión legislativa impacta directamente sobre derechos fundamentales de la ciudadanía: “No se puede quitar el derecho al vecino a elegir o a ser elegido”, remarcó.

Veto confirmado y posible escalada

El funcionario confirmó que el Ejecutivo avanzará con el veto de la ley sancionada por la Legislatura, lo que abrirá una nueva instancia de confrontación institucional.

“Vamos a vetar esta medida porque es inconstitucional. Estamos evaluando todas las opciones”, señaló, dejando abierta la posibilidad de nuevos escenarios, incluso judiciales, aunque expresó su expectativa de no llegar a esa instancia.

Pese al conflicto, Canals se mostró confiado en que el cronograma electoral seguirá su curso: “Estoy convencido de que se va a poder hacer la elección de convencionales constituyentes prevista para el 9 de agosto”.

El debate por los costos

Otro de los puntos abordados por el jefe de Gabinete fue el cuestionamiento opositor sobre el costo económico del proceso reformista, uno de los argumentos centrales para justificar la derogación.

“No se puede medir la posibilidad de definir el futuro de la provincia por una cuestión económica”, respondió, y amplió el planteo al señalar que también deben contemplarse otros costos institucionales.

En ese sentido, mencionó la eventual ampliación de la Legislatura provincial en cuatro bancas más, una situación que —según sugirió— podría evitarse en el marco de una reforma constitucional.

Los ejes de la reforma

Finalmente, Canals defendió la necesidad de avanzar con la actualización de la Carta Magna fueguina y enumeró algunos de los puntos que el Ejecutivo considera prioritarios.

Entre ellos, mencionó la necesidad de revisar los cargos vitalicios, limitar la reelección indefinida en el ámbito legislativo, establecer con claridad los límites provinciales y adaptar la Constitución a las demandas actuales y futuras de la sociedad.

“No podemos seguir con una Constitución que no responde a las necesidades de hoy ni a las de los próximos 30 o 40 años”, concluyó.

Con el veto en puerta y posiciones cada vez más endurecidas entre el Ejecutivo y la Legislatura, el conflicto por la reforma constitucional suma un nuevo capítulo y se encamina hacia una definición que podría trascender el ámbito político para instalarse también en el terreno judicial.