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En menos de veinte días, la estrategia del penalista fueguino Daniel Cesari Hernandez dio un vuelco inesperado a una causa que acaparó la atención nacional: el ex suboficial de la PFA Julio Montenegro, quien mató a un motochorro tras una salidera en Núñez, quedó al borde del sobreseimiento definitivo. El caso reabre el debate sobre los límites de la legítima defensa, el rol de las fuerzas de seguridad y la respuesta judicial frente a hechos de violencia urbana.

Río Grande.- El 4 de noviembre de 2025, un ex suboficial de la Policía Federal Argentina (PFA) —identificado públicamente como Julio Leonardo Montenegro— repelió con su arma reglamentaria un intento de asalto tipo “salidera” en el barrio porteño de Núñez. El hecho ocurrió en la esquina de las calles Cuba e Iberá, tras haber salido de una financiera en el Microcentro porteño. Según su relato y el de su acompañante, fueron interceptados por motochorros que los marcaron y luego intentaron robarles. Montenegro desenfundó su arma al ser atacados y dio muerte a uno de los agresores; otro delincuente huyó. Afortunadamente las dos víctimas resularon ilesas.

El hecho fue inmediatamente judicializado: intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 39 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la órbita del juez de turno.

La defensa que cambió todo: del sur al centro del país

Ante la magnitud mediática y jurídica del caso, Montenegro contrató al penalista fueguino Daniel Cesari Hernandez, ex juez de instrucción en Río Grande, Tierra del Fuego (quien renunció a su cargo en 2023 y volvió a la actividad privada).

Cesari Hernandez viajó desde Tierra del Fuego para asumir la defensa del suboficial. Su intervención fue clave: en apenas 24 horas logró que se modificara la situación procesal de su cliente —quien pasó de estar detenido a obtener la excarcelación por prisión domiciliaria con tobillera electrónica.

Desde su rol de defensor, argumentó que el acto se enmarca en lo previsto por la figura de “legítima defensa personal y de terceros”, contemplada en el artículo 34 del Código Penal de la Nación.

El cambio fue casi fulminante: lo que en un primer momento fue una imputación por “homicidio agravado por uso de arma de fuego” se transformó en un sobreseimiento. Es decir: para la Justicia, la acción del ex policía ha sido considerada “legítima defensa”, tal como lo sostuvo el Dr. Cesari Hernandez.

¿Qué significa el fallo para Montenegro y para la discusión pública?

Para Montenegro, la decisión implica que —si no hay apelaciones ni nuevas imputaciones— quedará libre de culpa penal. Pero más allá del caso particular, el desenlace reaviva debates de fondo en torno a:

* Los márgenes de la legítima defensa cuando se trata de miembros o exmiembros de fuerzas de seguridad.

La dinámica de “salideras bancarias” y el riesgo real que enfrentan potenciales víctimas.

* La percepción social y mediática del uso del arma, la inseguridad y la justicia penal.

Desde la defensa, además, se subraya que los agentes policiales —incluso retirados— muchas veces actúan “en condiciones de vulnerabilidad”, frente a delincuentes armados. Cesari Hernandez ha manifestado públicamente que “es injusto que un policía que salvó su vida termine preso”.

Hoy, como abogado penalista, su firma acompaña un expediente de alto perfil en la Capital Federal. Y con rapidez: su estrategia defensiva logró la excarcelación inmediata del detenido y su sobreseimiento. Para muchos, representa un “regreso al primer plano judicial”.

Qué queda por resolver

Que no haya apelaciones de la fiscalía o querellas que busquen reabrir la causa.

Que el sobreseimiento se consolide y resista eventuales revisiones.

Mientras tanto, la causa ratifica una tendencia más amplia: la de policías —activos o retirados— envueltos en episodios de violencia en el marco de inseguridad urbana, y la judicialización de sus actos. El caso Montenegro se inscribe en ese contexto, pero con un desenlace poco habitual para lo que hoy suele verse en las páginas policiales: una liberación rápida, una defensa eficaz, y la promesa de un fallo definitivo favorable.

Más allá del hecho en el cual Montenegro fue sobreseído y sin perjuicio de las posibilidades de apelación del fallo, queda abierta la posibilidad de que se investigue a Montenegro en relación al arma usada como hecho aparte del anterior, pero eso es un caso distinto al hecho de fondo; es decir, el del accionar defensivo de los policías. Si esa otra investigación se iniciase, el Dr. Cesari Hernandez seguramente actuará también en esa causa en defensa del uniformado. Pero eso será una historia distinta.