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La ex dirigente de APOC, ahora jubilada, reclamó a la Legislatura que cumpla con su función y analice los pedidos de juicio político ingresados en su gestión contra los vocales del Tribunal de Cuentas. Instó a los trabajadores a hacer públicos los testimonios de persecución y violencia laboral, dado que ha hecho presentaciones en la justicia y en el Ministerio de Trabajo que nunca prosperaron. Apuntó contra la “protección política” que tienen los tribunos Hugo Pani y Miguel Longhitano, y enmarcó el apartamiento de Valeria Regueiro de su cargo a “tráfico de influencias” de ambos sobre el poder político.

Río Grande.- “Esto ocurre porque son omnipotentes y tienen mucha protección política” dijo por Radio Provincia Elisa Dietrich, ahora jubilada pero ex secretaria general de APOC, tras la desafectación del cargo que ejercía Valeria Regueiro. Atribuyó la medida que tomó la sindicatura al “tráfico de influencias” que ejercen los tribunos sobre el poder político y dijo que “creen que son dueños del organismo. Esto viene de vieja data y me interesa que se pueda comprobar que hay un comportamiento patológico a lo largo del tiempo, que se va agravando en la medida que no tienen límites y no los para nadie”.

Cabe señalar que Valeria Regueiro es actualmente la secretaria general de APOC y viene reclamando paritarias en el organismo de control. Con fecha 17 de agosto fue desafectada de su cargo de secretaria privada del cuerpo plenario de miembros de la Sindicatura, y Dietrich lo atribuye a parte de la persecución política que proviene del Tribunal de Cuentas.

“Primero hay que entender cómo funciona la cabeza de Longhitano, que se cree dueño del organismo y del personal. Él me ha dicho más de una vez que todo lo que tenga que ver con salarios, licencias, relaciones internas o derechos laborales, es facultad pura y exclusiva de él y no del sindicato, que no tiene por qué meterse”, dijo Dietrich.

Respecto de la ausencia del Ministerio de Trabajo, que debería citar a audiencia y facilitar la negociación paritaria, señaló que “lamentablemente por mi propia experiencia el Ministerio de Trabajo defiende a la corporación de tráfico de influencias que existe. Con respecto al Tribunal de Cuentas, cuando discutí paritarias sudé gotas de sangre para poder llevar adelante ese convenio, y el responsable del Ministerio de Trabajo era un paritario más de los vocales. A lo largo de mi gestión debo haber hecho cuatro denuncias a los vocales en el Ministerio de Trabajo por persecución sindical, por violencia laboral y abuso de poder, y nunca tomaron intervención”.

“Mediante distintos mecanismos que ha ejercido Longhitano, a la gente que entra se la amenaza para que no se afilie, porque si se afilian pueden poner en riesgo su designación. Muchos de los trabajadores tienen miedo de que se le acerque un representante del sindicato porque Longhitano odia al sindicato y todo aquel que converse con algún representante está en riesgo de ser sancionado o perseguido por los vocales”, aseguró.

“La violencia laboral que hay en el Tribunal de Cuentas es la más grande de todas las instituciones de la administración pública juntas. No puedo dar nombres de las personas afectadas a lo largo del tiempo, que han sufrido persecución y violencia laboral, que inclusive han estado con carpeta médica psicológica por el grado de presión, de violencia y de sometimiento que han tenido dentro del organismo. Algunos ya están jubilados, otros han elegido renunciar e irse a otros organismos, y otros han sufrido persecuciones alevosas que los han enfermado a niveles terribles. Hay denuncias en el Ministerio de Trabajo y en el Poder Judicial sobre persecución y amenazas, pero nadie interviene. La única esperanza que tenemos para encontrar un mínimo de justicia son los medios, que nos permiten hacer conocer lo que pasa”, expresó.

“Los vocales del Tribunal de Cuentas y en especial Longhitano, gozan de una protección política impresionante. Todo aquel que ose decirle que no a Longhitano es perseguido hasta exterminarlo dentro del Tribunal. Tengo miles de testimonios de este individuo violento y de cómo domina al Tribunal de Cuentas. Ha decidido sobre la vida personal de los empleados sin siquiera consultarlos, cree que los trabajadores le debemos pleitesía y debemos estar a su entera voluntad, por eso no acepta negociaciones paritarias y combate permanentemente al sindicalismo”, aseveró.

“En el Ministerio de Trabajo se han hecho todo tipo de presentaciones por la persecución sindical que hay en el organismo, pero jamás tomó intervención. A lo sumo ha notificado al Tribunal de Cuentas de haber recibido determinada presentación sin siquiera fijar una fecha de audiencia o de inicio de paritarias”, cuestionó.

Tampoco hubo respuesta de la justicia. “Las denuncias judiciales de trabajadores por violencia y persecución laboral duermen el sueño de los justos y lo único que han hecho es notificar de las denuncias. Hay un sistema de impunidad de tal magnitud que lo único que nos queda es apelar a hacer público lo que pasa, y que los medios nos permitan contar lo que sucede. Los trabajadores están absolutamente desamparados, porque no permiten paritarias ni asambleas y no aceptan ningún tipo de negociación. El último aumento que dieron en el Tribunal fue en mayo, mientras que los vocales están ganando casi tres millones de pesos mensuales. La Legislatura les permitió fijarse el sueldo que quieran y no solamente están ganando por encima del gobernador, sino por encima de varios jueces”, advirtió.

El turno de Regueiro

Para Dietrich el apartamiento de Regueiro de su cargo obedece a presiones de los tribunos sobre la sindicatura. “En este momento Valeria Regueiro, que es la secretaria general de APOC, está sufriendo persecución porque no se doblegó ante los rechazos permanentes de Longhitano sobre el sindicato. Es un tipo vengativo y en función de este manto de impunidad que tiene, logró que le quitaran el cargo a una secretaria general con mandato, para tratar de intimidarla. No quiere negociar paritarias ni que el sindicato defienda a los trabajadores, y mucho menos que exponga en los medios públicos el comportamiento patológico de este sujeto”, disparó.

“Todo esto se lo permite la Legislatura, porque en el sistema democrático que tenemos la única con facultad real para revisar el comportamiento y la gestión de los vocales del Tribunal es la Legislatura. Es la que los tiene que llamar a rendir cuentas de su accionar y la Legislatura es parte del problema. En mi gestión en más de una oportunidad pedí el inicio de juicio político por mal desempeño de los funcionarios y el comportamiento inmoral con que ejercen los cargos. A Caballero lo terminaron sacando porque tuvo un enfrentamiento verbal con Longhitano, que lo amenazó ante testigos y le dijo que se la iba a pagar. Fue tal la persecución y la presión, que Caballero tuvo que hacer una exposición judicial y pedir protección judicial ante la embestida de Longhitano. Obviamente se salió con la suya porque Caballero después dejó el organismo”, recordó.

“Yo estoy muy preocupada porque lo que está haciendo en este momento contra Valeria Regueiro no sé adónde va a terminar, porque es una persona capaz de todo. Realmente el ambiente de trabajo que hay en el Tribunal de Cuentas es insoportable. Hay una gran cantidad de carpetas médicas con licencia psicológica desde que asumió Longhitano y una gran cantidad de gente que decidió irse a otro organismo y consiguió adscripciones por no soportar las presiones. Alguien tiene que tomar las riendas respecto a esto, que sobrepasa el ámbito del Ministerio de Trabajo. El Ministerio debería haber fijado una audiencia y obligar a los vocales a sentarse para discutir paritarias, pero no lo hizo y no lo va a hacer. La Legislatura tendría que haber llamado a estos señores y preguntarles qué está pasando en el organismo, para que dejen de perseguir y violentar a los trabajadores. Pero tampoco lo van a hacer porque son todos socios. Lo único que nos queda es apelar al conocimiento público y que la gente sepa que detrás de la cara de Hugo Pani y Miguel Longhitano hay dos personas violentas, explotadoras, que persiguen a los trabajadores y persiguen el ejercicio del sindicalismo dentro del Tribunal de Cuentas. Hasta que alguien no los pare, son capaces de hacer cualquier cosa. Hay innumerable cantidad de denuncias y de pruebas, y varias fueron de dominio público. Hay miles de testimonios de personas a las que les han arruinado la vida, que están en un estado emocional muy frágil por la violencia laboral. Hasta han ido a apretar a la psiquiatra que atendía a trabajadores y tuvo que dejar de hacerlo. Esto ocurrió con una de mis compañeras y estoy segura de que alguno de mis compañeros se va a animar a dar su testimonio, porque el silencio lo único que hace es seguir manteniendo la protección política y el tráfico de influencias que tienen estos dos sujetos”, enfatizó.

Insistió en que “la Legislatura tiene que tomar cartas en el asunto para que estas dos personas no ocupen más esos cargos. En la época en que yo ingresé era un honor ser parte del Tribunal de Cuentas y hoy el organismo está totalmente desprestigiado y el ánimo de los trabajadores está por el piso. Además está el sometimiento del salario. Los vocales pueden fijarse el sueldo que quieran, cobran casi tres millones, y le pagan 300 ó 400 mil a los trabajadores. El aumento lo dan cuando quieren y por el monto que quieren. Yo tengo denuncias presentadas durante mi gestión que ratifican lo que estoy diciendo y tengo denuncias ante el Ministerio de Trabajo donde expuse por escrito este tipo de comportamiento. En algún momento alguien tiene que poner un punto final y espero que la sumatoria de voces de los trabajadores damnificados por este comportamiento rompan la protección política que tienen los vocales y los saquen a patadas del organismo”, concluyó.