Se trata de un proyecto que impulsó la concejal Alejandra Arce del bloque Provincia Grande. Dicha ordenanza fue aprobada en la Tercera Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante y establece la modificación de la Ordenanza N° 2585/2008, creando el Consejo Municipal de Políticas para las Personas con Discapacidad, como órgano encargado de proponer, coordinar, evaluar y asesorar el desarrollo de políticas públicas destinadas a esta población, garantizando la participación ciudadana y el acceso a su representación efectiva en los temas que le concierne.
Río Grande.- El Concejo Deliberante de esta ciudad aprobó una ordenanza impulsada por Alejandra Arce que moderniza la normativa vigente desde 2008. El nuevo órgano buscará garantizar la representación efectiva de las personas con discapacidad en el diseño de políticas públicas, en un contexto nacional atravesado por tensiones y recortes.
Un cambio de paradigma en la legislación local
El Concejo Deliberante de Río Grande dio un paso significativo en materia de inclusión al aprobar, durante la Tercera Sesión Ordinaria, la modificación de la Ordenanza N° 2585/2008. La iniciativa fue impulsada por la concejala Alejandra Arce, del bloque Provincia Grande, y establece la creación del Consejo Municipal de Políticas para las Personas con Discapacidad.
Este nuevo organismo tendrá un rol central en la planificación pública: propondrá, coordinará, evaluará y asesorará acciones destinadas a las personas con discapacidad, con un eje claro en la participación ciudadana y la representación efectiva.
La medida apunta a dejar atrás un esquema más limitado y avanzar hacia un modelo alineado con el enfoque de derechos humanos.
Participación real y voz en la toma de decisiones

El Concejo Deliberante de Río Grande dio un paso significativo en materia de inclusión al aprobar, durante la Tercera Sesión Ordinaria, la modificación de la Ordenanza N° 2585/2008. La iniciativa fue impulsada por la concejala Alejandra Arce, del bloque Provincia Grande, y establece la creación del Consejo Municipal de Políticas para las Personas con Discapacidad.
La concejala Arce subrayó el sentido político de la iniciativa, destacando la necesidad de garantizar espacios concretos de participación:
“Debíamos adecuar este instrumento legislativo para garantizar una participación activa y real por parte de las personas con discapacidad”, afirmó.
En esa línea, la ordenanza se inspira en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, particularmente en su artículo 29, que promueve la participación plena en la vida política y pública.
El nuevo Consejo se presenta así como una herramienta institucional para canalizar demandas, construir políticas más inclusivas y fortalecer el vínculo entre el Estado local y este colectivo.
Una respuesta local en un contexto nacional complejo
La aprobación de la ordenanza no puede leerse de manera aislada. Desde el bloque impulsor, se enmarca en un escenario nacional que consideran adverso para las personas con discapacidad.
Arce fue crítica con las políticas del Gobierno Nacional, señalando que “instala una sospecha generalizada sobre las pensiones por invalidez”, lo que —según indicó— impacta directamente en las familias más vulnerables.
Asimismo, advirtió que las medidas adoptadas a nivel nacional no solo implican recortes, sino que también generan efectos sociales más amplios: “instalan discursos de odio y discriminación hacia colectivos que se encuentran más desprotegidos”.
Una ordenanza con mirada integral
Más allá de la coyuntura, la normativa aprobada busca consolidar una política pública sostenida en el tiempo, con eje en la integración, la accesibilidad y la protección de derechos.
“Debemos trabajar con responsabilidad en ordenanzas que breguen por la calidad de vida de nuestra comunidad”, sostuvo la edil, remarcando el compromiso de su espacio con los sectores más vulnerables.
El nuevo Consejo Municipal aparece así como una herramienta clave para avanzar hacia una ciudad más inclusiva, donde las personas con discapacidad no solo sean destinatarias de políticas, sino protagonistas en su construcción.
Río Grande y el desafío de sostener políticas inclusivas
Con esta decisión, Río Grande se alinea con los estándares internacionales en materia de discapacidad y refuerza su marco institucional en un área sensible.
El desafío, ahora, será garantizar el funcionamiento efectivo del Consejo, su representatividad y su capacidad de incidencia real en las políticas públicas.
En un contexto de incertidumbre a nivel nacional, la ordenanza se posiciona como una señal política clara desde el ámbito local: fortalecer derechos, ampliar participación y sostener la inclusión como eje de gestión.


















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