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La presidente del IPV, Laura Montes, lamentó que algunas viviendas sociales sean utilizadas con fines comerciales, tal como fue reconocido por el Municipio de Ushuaia, con la detección de beneficiarios que las alquilan para el turismo. En el caso del instituto, no permiten la cancelación hasta pasados diez años, por lo cual el adjudicatario está limitado a disponer libremente del inmueble. Además se realizan inspecciones aleatorias desde el área social y en los últimos tres años se han recuperado viviendas que no estaban habitadas por sus adjudicatarios. Sigue avanzando con las gestiones para la construcción de dos mil viviendas en los terrenos adquiridos por el gobierno, tanto en Ushuaia como en Río Grande y, para el año próximo, están trabajando en un prototipo de vivienda rural. Por ahora está en estudio, pero tendrían características autosustentables, para instalarse en San Sebastián, Radman o Almanza.

Río Grande.- La presidente del IPV, Laura Montes, fue consultada sobre la situación expuesta en la capital fueguina por el Municipio de Ushuaia, dado que hay beneficiarios de soluciones habitacionales que las están alquilando para el turismo.

Por Radio Universidad 93.5 y Diario Provincia 23, explicó la política del IPV para evitar estos “negociados”. “En nuestro caso cuando entregamos una vivienda, salvo casos excepcionales, no se pueden cancelar hasta después de los diez años. Eso evita cualquier tipo de negociado, porque se entiende que es una vivienda social para alguien que realmente lo necesita y no tiene otro lugar donde vivir. Cuando el área social hace la adjudicación, realiza visitas aleatorias el primer año. Hay vecinos que denuncian que no está viviendo la persona que correspondería, entonces se van generando visitas y a veces no es fácil, porque al estar en una situación irregular, no atienden. Por ahí hacemos guardias y vamos los fines de semana por la noche para poder verificar. En los últimos tres años se han recuperado algunas viviendas que no eran ocupadas por sus adjudicatarios. Hay gente que vende la vivienda y gente que compra de buena fe, pero el IPV no los reconoce como adjudicatarios. En algunas ocasiones han salido disposiciones extraordinarias, pero eso viene a dar por tierra con todo lo que el IPV hace con la demanda. Cuando suceden estas cosas se producen situaciones injustas. Si bien el área social hace sus recorridos, son bienvenidas las denuncias anónimas, para que podamos intervenir. Queremos entregar viviendas a quien le haga falta, y tenemos mucha demanda porque en el gobierno anterior no se hicieron viviendas ni se generaron planes federales”, subrayó.

Presupuesto 2023

Respecto con el presupuesto para el área, dijo que “pudimos afrontar algunas viviendas con fondos propios, y estamos haciendo la infraestructura faltante en algunas viviendas que están en ejecución. Tenemos un buen recupero, superior al 85%, pero nominalmente no podemos recuperar una vivienda completa por una vivienda ejecutada, por las tasas que tenemos. Estamos intentando hacer cancelaciones anticipadas, porque hay cuotas muy chicas, de 2.500 ó 3.000 pesos, y son viviendas que ya están en condiciones de ser escrituradas. A lo largo de su historia el IPV ha construido unas 15 mil viviendas, que son un cuarto de las edificadas en la provincia. Nos encantaría poder generar más viviendas sustentables y estamos trabajando sobre un prototipo de vivienda rural”, dijo como primicia.

“No quiero adelantar mucho, pero hay muchos prototipos en las áreas de diseño. Son viviendas que podrían generarse en San Sebastián, en Radman, en Almanza, fuera de los cascos urbanos y tienen que ver con lo sustentable, con otro tipo de calefacción, con algún aerogenerador para tratar los desechos. Queremos desarrollar diseños que sean amables con el entorno”, expuso.

Gestiones en Buenos Aires

También se refirió a las gestiones realizadas para acelerar los trámites de aprobación y licitar las dos mil viviendas previstas en las tierras adquiridas por la provincia, tanto en Ushuaia como en Río Grande. “Son viviendas que se van a construir en la zona norte de Río Grande y en el sector III del Pipo en Ushuaia. Tenemos más de 550 viviendas en ejecución en toda la provincia, en Ushuaia son 290, y el resto en la zona norte. Tenemos previstas entregas parciales a partir de enero, y para el año que viene se van a construir 91 viviendas en Tolhuin”, adelantó.

“Estamos reforzando las gestiones para que prontamente nos permitan licitar. Estamos trabajando en edificios con espacios comunes, los departamentos cuentan con 60 y 63 metros cuadrados, más los accesos, y probablemente también hagamos dúplex similares a los de Chacra XIII. La tipología tiene que ver con la disponibilidad de tierras, con la infraestructura y, como hay tantas calles de tierra, se ha tomado la decisión de densificar y generar viviendas colectivas. Aproximadamente el valor del metro cuadrado es de 250 mil pesos y aumenta terriblemente mes a mes por las variaciones en los costos de la construcción y las variables inflacionarias. El costo de las viviendas ronda los 14 millones”, estimó.

Próximas entregas

“Se están terminando las viviendas de Ushuaia, donde estamos en la etapa final, y entre diciembre y enero se van a empezar a entregar por etapas. En Río Grande hay 54 viviendas en Chacra XIII que se están ejecutando desde el año pasado con fondos propios, y hay 120 viviendas más en etapa de inicio de ejecución. Las 54 viviendas son colectivas, son departamentos de dos dormitorios que rondan los 60 metros cuadrados y se van a hacer entregas parciales a partir de mayo del año que viene”, precisó.

“Las 120 viviendas están en Chacra IX, en el entorno de Chacra III y en el sector del barrio CGT y barrio norte, donde hay dos macizos. Las características son las mismas, son departamentos con espacios comunes, y va a haber entregas en mayo, en agosto y en noviembre”.

Aclaró que “la transacción de la compra de tierras ya está terminada y se está haciendo la transferencia de las escrituras en la escribanía de gobierno. Todavía no están a nombre del IPV, pero los terrenos están saldados”.

Terrenos de Molina

Consultada sobre el reclamo de un grupo de vecinos de Río Grande que compró tierras en una urbanización privada y no puede acceder al título de propiedad, dijo que “estamos evaluando una solución desde el IPV porque esos terrenos están judicializados, son privados y es ajeno al Estado. La intervención del IPV sería al efecto de regularizar y es bastante compleja la situación judicial. Queremos ayudar a estos vecinos, pero va a llevar tiempo encuadrarlo, porque no es la temática del IPV hacerse cargo de esta situación. Pudo haber habido alguna estafa ahí o algún perjuicio para la gente que compró de buena fe, y el IPV está evaluando la posibilidad de intervenir”.

Ampliación del ejido

En cuanto a las limitaciones de la capital fueguina para seguir creciendo, indicó que para definir la ampliación del ejido “debe haber una mesa de trabajo entre varios actores, incluido el municipio, para hacer una evaluación general. Ushuaia es una ciudad lineal y, por su geografía, lo va a seguir siendo, es decir que va a desarrollar en la costa. Hay posibilidad de ir hacia el lado de los valles, pero todo eso tiene un límite. Se habló de la posibilidad de expandir el ejido hacia la nueva ruta del Beagle, donde hay bolsones de tierras donde se puede urbanizar, pero esta situación se va a tratar en el mediano plazo. Nosotros vamos a agotar la instancia de las mil viviendas en el sector III del Pipo y después están las tierras del Banco, por lo que habrá que juntarse con ellos. Es un tema preocupante para Ushuaia”.

Incorporación de madera

También dio cuenta de la intención de seguir incorporando madera a las edificaciones. “Tenemos la intención de seguir apostando a los módulos de madera y generar pequeñas tandas de construcción de este tipo de módulo, que podemos implantar en algún sector más vulnerable. En Ushuaia tenemos módulos de madera y en Río Grande hay módulos mixtos, con parte de chapa. Vamos a seguir trabajando para aportar a la economía sustentable, dentro de las posibilidades que se generan en la propia industria, que son acotadas. Hoy por todas las exigencias en la parte sísmica, es más seguro hacer otro tipo de viviendas y se estandariza lo que se está construyendo. En el caso del IPV son estructuras independientes de hormigón armado, con bases de hormigón armado, y cerramientos livianos, de acuerdo a las disposiciones sobre sismos”, dijo.

Contenedores reciclados

Por otra parte, se refirió al prototipo presentado por Mirgor de vivienda autosustentable a partir del reciclado de contenedores, y si esto podría tomarlo el IPV. “Cuando salió este proyecto de Mirgor, me reuní con la Ministra de Producción para solicitar los contactos correspondientes y todavía me debo una reunión. El gran problema de los contenedores es la homologación. No podemos estandarizar el uso hasta que no lo homologuemos, y esa homologación se hace a nivel nacional. Si queremos generar viviendas a través del IPV, tenemos que homologar y vamos a trabajar en todas las opciones para generar soluciones habitacionales. Tal vez no salga una licitación para generar muchísimas viviendas con contenedores, pero sí para casos puntuales”, planteó.

“Los contenedores tienen un vencimiento, y hay que hacer un estudio específico para ver qué se puede usar. Nosotros usamos contenedores para casillas de obra, no para viviendas de una familia y es una situación a evaluar. Tenemos un proyecto que ya está en la etapa final de 16 viviendas autosustentables con paneles solares que están en el Río Pipo. Tienen grandes entradas de luz para generar efecto invernadero, dobles alturas por la calefacción, paneles solares, y ya están en construcción en Ushuaia por ahora. Van a estar disponibles para demanda general a quien quiera aceptar estas viviendas”, indicó.

Viviendas de ladrillo

Sobre la posibilidad de utilizar ladrillos en la construcción, ante el emprendimiento que se está desarrollando en Río Grande, se comprometió a ir a visitarlos. “Todo lo que se pueda producir acá y genere mano de obra local es bienvenido”, concluyó.