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El ministro Marcelo Romero expuso ante la Legislatura el presupuesto previsto por el área para el 2021 y además mantuvo una reunión con la vicegobernadora Mónica Urquiza, a quien dio detalles de los programas de empleo y el nivel de desocupación en la provincia. Particularmente se refirió al lanzamiento del programa PROCEL, primero como prueba piloto para cubrir la demanda general de mano de obra, pero prevé avanzar en las áreas de petróleo y pesca, donde la mayoría son trabajadores de otros puntos del país. Aseguró que con las herramientas de capacitación adecuada esos puestos de trabajo pueden ser cubiertos por fueguinos, y hay “bastante acuerdo” de parte de las empresas. También incluirá al sector rural, dado que en temporada de esquila llegan trabajadores fundamentalmente del litoral argentino.

Río Grande.- El ministro de Trabajo Marcelo Romero explicó por FM Master’s los alcances de su presentación ante la comisión de presupuesto de la Legislatura provincial y además hizo un balance de la reunión que mantuvo con la vicegobernadora Mónica Urquiza.

“Hemos tenido la oportunidad de concurrir a la Legislatura para exponer sobre el alcance del presupuesto 2021 del Ministerio de Trabajo y Empleo. Es un presupuesto austero, en virtud de la situación económica de la provincia y del país. Hemos hablado sobre las tareas que ya se están llevando adelante para la digitalización, la informatización, los canales electrónicos de comunicación que hemos implementado desde el 16 de marzo a esta parte. Esto nos ha posibilitado comunicarnos con los trabajadores de la provincia de una forma distinta y ha generado diferentes cuestiones que hubo que atender. El área no tenía un presupuesto, porque ha sido reconducido, y debemos tener cierta certeza en materia económica”, planteó.

Programas de empleo

Consultado sobre los programas de empleo que ya venían funcionando y el nuevo lanzamiento del PROCEL, dijo que “estamos atendiendo los programas de empleo anteriores, como el ex PEL y el adelanto a la veda invernal para los trabajadores de la UOCRA. Hay otros programas de empleo que pensamos dar a conocer más adelante, en virtud de la situación ocupacional de la población económicamente activa, que se ha visto disminuida a raíz de la pandemia”.

“Hay alrededor de 13 mil fueguinos desempleados, y es lo que está marcando el Instituto de Estadísticas y Censos Nacional, es decir un 22% de desocupación. Somos optimistas de que, en cuanto termine la pandemia y las restricciones sanitarias, vacuna mediante, la actividad comercial e industrial va a volver a tener su cauce habitual, pero lentamente. En esta lentitud del regreso hay 13 mil fueguinos que no tienen el mismo tiempo de espera de las decisiones políticas y hay que contener con planes y con herramientas laborales para que puedan defenderse. Hemos pedido ampliar la base económica y llevarla de 49 millones de pesos a alrededor de 200 millones de pesos, para atender esa demanda”, explicó.

Puntualmente sobre el PROCEL -Programa de Capacitación y Entrenamiento Laboral para las Personas Desempleadas en el Sector Privado-, señaló que fue lanzado hace poco tiempo “y lo demoramos por las restricciones que hubo en las dos ciudades. Decidimos lanzarlo porque teníamos las partidas adecuadas este año y no queríamos dejar pasar esta oportunidad, para que la gente pueda incorporarse ante esta situación tan difícil. Hay alrededor de 900 inscriptos en Ushuaia, lo que da la pauta del interés de los desocupados y el deseo de buscar herramientas laborales para posicionarse mejor en el mercado laboral”.

Mano de obra fueguina

“El plan PROCEL como plan piloto iba a cubrir 70 beneficiarios y ahora va a cubrir 180. Estamos inscribiendo a las empresas que deseen obtener los beneficios de este programa para aplicar este entrenamiento laboral de cuatro meses”, dijo, teniendo en cuenta que el programa otorgará un subsidio de 15 mil pesos, de los cuales el Estado provincial aportará 7 mil y los restantes 8 mil correrán por cuenta de las empresas privadas que se sumen a la iniciativa como capacitadores. Además las empresas deberán contratar un seguro de accidentes personales y la cobertura de una obra social.

Para este fin se creó un fondo permanente de 1.300.000 pesos destinado a solventar el gasto que demande el pago de la ayuda económica. El objetivo es que los futuros beneficiarios adquieran o amplíen conocimientos, aptitudes y habilidades en oficios y disciplinas de diferente índole, a fin de que puedan sumarse a las capacidades instaladas de las empresas del sector privado. Podrán acceder todos los mayores de 18 años en situación de desempleo que tengan una residencia mínima de 2 años en la provincia. Por su parte las empresas capacitadoras deberán tener domicilio legal en la provincia. No se aceptarán a empresas que hayan realizado despidos injustificados en los últimos seis meses y tampoco podrán sustituir a trabajadores por los beneficiarios del programa.

La carga horaria del entrenamiento será de 4 horas diarias o 20 horas semanales, sin exceder en ningún caso las 8 horas diarias, y se desarrollará de lunes a viernes de 8 a 20 horas, por hasta cuatro meses.

“Una vez que concluyan los cuatro meses de entrenamiento hay posibilidad de que las empresas tomen al trabajador de manera efectiva y de beneficiario pasaría a ser un trabajador formal. Nosotros como provincia seguiremos abonando durante ocho meses los mismos porcentajes a efectos de motivar a la empresa a que tome esa persona desocupada”, indicó Romero.

Definió que en este caso “el Estado se comporta como una agencia de colocación, en función de la demanda que tiene el privado. No se piensa en el sector público sino solamente en el privado. En este primer tiempo estamos viendo un universo comercial más amplio y más adelante veremos de acuerdo a la demanda laboral. Estamos viendo el tema del petróleo, queremos ver el tema de la pesca y también vamos a ir viendo el sector rural, para que la demanda de trabajo en Tierra del Fuego sea cubierta en la mayor medida posible por trabajadores radicados en la provincia”, fijó como meta.

“Nos está pasando con el petróleo que sólo un 60% de los trabajadores son de la provincia y el resto viene de otros lugares del país, por la modalidad de contratación que tienen las empresas. En el caso de las pesca todos recordamos el buque que vino con 61 tripulantes, de los cuales 4 eran fueguinos y el resto de la provincia de Corrientes. Queremos revertir eso y lo estamos hablando con las empresas con bastante acuerdo de parte de ellas”, afirmó.

“También queremos ver el tema rural, porque en noviembre, diciembre y enero tenemos las comparsas de esquila, donde llegan trabajadores del litoral argentino, cuando esa tarea la podrían hacer fueguinos radicados en la provincia y para eso tenemos que generar las herramientas”, subrayó.

Denuncias de incumplimientos

Por otra parte, se refirió a las numerosas denuncias recibidas durante la pandemia. “Junto con el Ministerio de Salud y la Policía de la Provincia, el Ministerio de Trabajo ha sido una de las tres áreas que ha estado trabajando permanentemente en la pandemia. Desde el 16 de marzo hemos mantenido guardias mínimas y las hemos ampliado en dos oportunidades ante las denuncias que se presentaron en forma virtual, algunas también en forma física. Esto obligó a estar presentes en forma permanente no sólo con atención virtual y física en las delegaciones sino también con la tarea de los inspectores en la calle, tanto de higiene y seguridad como de policía del trabajo, a efectos de ir conteniendo las demandas de los trabajadores”, dijo.

“Tenemos alrededor de 5.400 denuncias, de acuerdo al corte realizado al 30 de octubre, lo que habla a las claras de la magnitud de la conflictividad laboral que hay en la provincia. Hay prohibiciones de despido pero se han venido dando, algunas formalmente, y está prohibido cuando es sin justa causa. No se puede argumentar disminución de la producción o razones preventivas de crisis ni de fuerza mayor, pero la realidad ha hecho que muchas actividades del ámbito minorista hayan cerrado sus puertas directamente. Esto lo comunicaron formalmente a los trabajadores y esto a las claras habla de un despido encubierto. Seguramente una vez que termine la pandemia, los juzgados laborales de la provincia se van a ver atiborrados de causas penales por este tema”, avizoró.

Recordó que “ya hay jurisprudencia respecto de los despidos y han vuelto a reponer a los trabajadores en sus ámbitos laborales, porque están prohibidos y es una infracción a la ley”.

En este punto se mencionó el caso de Ambassador, que debió reincorporar a los trabajadores por orden del juzgado laboral. “Eso ha sido así pero por otra motivación. La justicia penal consideró que no hubo delito de usurpación y la justicia laboral entendió que los despidos no corresponden a esa causa y debe reponerse a los trabajadores, más allá de que llevan 11 meses sin cobrar sus haberes y la empresa haya presentado un preventivo de crisis. Yo he estado en distintas reuniones y audiencias laborales por varios incumplimientos al convenio suscripto entre Ambassador y los trabajadores, porque no han dado cumplimiento a acuerdos firmados tiempo atrás. El gobernador está a la cabeza buscando alguna salida laboral”, manifestó.

Consultado sobre el futuro que han corrido todas estas denuncias, explicó que “se ha hecho la labor en sede administrativa, que es la potestad que tiene el Ministerio, en forma preventiva. Ni bien llegan las denuncias las encauzamos administrativamente, y muchas de esas denuncias se resuelven en audiencias laborales. El empleador vuelve a normalizar la situación y toma a los trabajadores de nuevo. En situaciones donde el pago de haberes no se hace en tiempo y forma, las audiencias laborales apuntan a buscar soluciones y se logra normalizar. Cuando no se pueden solucionar, se tramitan en sede administrativa, se hacen las sanciones a las empresas y luego el trabajador tiene la facultad de recurrir a la justicia laboral para resarcir el derecho que le asiste”.

Reunión con Urquiza

En cuanto a la reunión que mantuvo con la vicegobernadora, indicó que Urquiza “estuvo presente en las exposiciones de todos los ministros en la Legislatura, como una oyente de lujo, a efectos de ir recabando todas las exposiciones de los ministros. Yo tengo reuniones habituales con ella y cada treinta días le brindo información sobre la situación del Ministerio, las tareas que llevamos adelante, los objetivos y los sueños que tenemos. Le hemos hablado sobre los planes en forma detallada para las contingencias laborales que se están presentando. Obviamente por pertenecer al mismo partido político hemos hablado de la vida interna del MPF, de cómo llevamos la coalición con el gobierno y de otros temas que hacen a la vida política de la provincia”.

Conflictos con estatales

Por último se lo consultó sobre los focos de conflicto en distintas áreas del Estado, como la OSEF y la caja de previsión. “El Ministerio de Trabajo ha dictado el instrumento jurídico de acuerdo a la exposición que ha hecho el señor gobernador en su discurso inaugural el 17 de diciembre. El gobernador esbozó el principio político de la vuelta al diálogo en la provincia, con todos los sectores, ya sean políticos, sociales, laborales, y en el sector público habló del llamado a paritarias. Con la resolución 11 del Ministerio de enero pasado establecimos las herramientas para llevar adelante las discusiones salariales y esto fue posible. Si bien la convocatoria a paritarias compete a cada ministro de área o a cada presidente de un ente, en muchas situaciones intervino el Ministerio a efectos de buscar las mesas de diálogo ante las dificultades de conseguir acuerdos. Se ofreció el ámbito propicio con el escalafón seco, el húmedo, los docentes y, promediando este año, se fue dando con otros entes”, repasó.

“Estuvimos con el IPV, con la caja de previsión, con OSEF. Hubo muchas audiencias laborales en forma virtual y física, con el fin de llegar a un acuerdo. La idea del Ministerio es generar el diálogo. A veces se logran acuerdos y a veces no, pero es importante que esté el ámbito adecuado para dialogar”, concluyó.