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El Ministro de Trabajo participó ayer de una teleconferencia con el titular de la cartera nacional y los ministros de las 24 jurisdicciones. En la peor crisis reciente, en 2009, fueron 4 mil las empresas que pedían asistencia y la cifra trepa ahora a 300 mil. “Algunas no pueden afrontar en su totalidad la masa salarial, otras están a punto de cerrar; están pidiendo asistencia a nación y van desde comercios minoristas a grandes industrias”, dijo. Romero expuso las particularidades de la provincia, respecto del sector del turismo, los cuentapropistas y estibadores, que hace un mes no tienen ingresos. Ya fue dictado el decreto provincial que faculta a la cartera a su cargo a inspeccionar el cumplimiento del protocolo de las empresas que sean autorizadas a retomar actividades.

Río Grande.- El ministro de Trabajo Marcelo Romero dio detalles por Radio Universidad sobre la teleconferencia de la que participó ayer, junto con ministros de las distintas provincias argentinas y funcionarios nacionales de la cartera laboral.

“La reunión del Consejo Federal del Trabajo se extendió por tres horas. El consejo agrupa a los ministros de las 24 jurisdicciones provinciales, más la ciudad de Buenos Aires, y participó el Ministro de Trabajo de Nación. Analizamos las consecuencias laborales y económicas de esta pandemia y cada ministro tuvo la posibilidad de hacer una exposición del panorama que se vive en su provincia. El Ministro Claudio Moroni fue planteando algún tipo de solución que se puede dar, ante probables despidos, suspensiones y el incumplimiento en el pago de salarios de parte de las empresas”, dijo.

Recordó que “están prohibidos los concursos de quiebra aun por situaciones de fuerza mayor, pero en alguna instancia se puede apelar a los preventivos de crisis. Si bien esto es injerencia nacional, la nación estaría dispuesta a delegar facultades a las provincias por el cúmulo de trabajo que tiene, para que los procedimientos preventivos de crisis se puedan hacer en cada jurisdicción. Sería importante que nosotros pudiéramos ir resolviendo estas situaciones, ante la espera que tiene el procedimiento en nación, que termina perjudicando al trabajador”, expresó.

“Uno de los datos que nos dio el ministro fue que en la crisis de 2009, que fue una de las peores, desde nación se atendieron 4 mil empresas. Ahora estiman que hay 300 mil empresas en situación irregular, algunas no pueden afrontar en su totalidad la masa salarial, otras están a punto de cerrar; están pidiendo asistencia a nación, reducción de jornada, y van desde comercios minoristas a grandes industrias”, aseguró.

“En nuestra provincia tenemos una crisis en el sector turístico, porque no hay reservas para la temporada invernal y seguramente no va a funcionar el Cerro Castor. Esto afecta toda la actividad conexa, que tiene que ver con el transporte, la logística, la gastronomía, las agencias de viaje. Tanto las empresas como los trabajadores se ven perjudicados al no haber una forma de sustentar esta actividad”, sostuvo de la exposición que hizo sobre este caso particular.

“La nación está dando respuesta ante los pedidos de asistencia pero con este cúmulo de demanda es imposible para cualquier sistema, además hay un 8% del personal de Ministerio trabajando, porque el resto está resguardado en sus casas a raíz del aislamiento social obligatorio”, observó.

“Yo escuché los problemas de las diferentes provincias y los problemas son similares a los que tiene Tierra del Fuego. Nosotros tenemos la particularidad del esquema laboral del turismo en invierno, y lo mismo pasa con Bariloche. También tenemos prácticamente paralizado el puerto y hay gente que no tiene relación de dependencia con las operaciones de carga y descarga, que son contratados en el momento, como es el caso de los estibadores que están sin trabajo. Esta situación también se la planteé al ministro”, apuntó.

“Además expuse la situación de los cuentapropistas, todos los que con sus artes y oficios se ganan el sustento, desde gasistas, plomeros, electricistas, talleristas, albañiles, que no están registrados como trabajo formal, porque hacen las changas. Toda esta gente está resguardada en sus casas y hace prácticamente un mes que no reciben un peso porque no pueden trabajar”, manifestó, al tiempo que expuso a la autoridad nacional que “no todos ellos quedan cubiertos por el programa familiar de emergencia, que es el pago de estos 10 mil pesos. El ministro planteó que seguramente para el 22 de abril va a haber una reapertura de este programa”.

“Otro dato que dio el ministro es que el gobierno esperaba pagarle estos 10 mil pesos a alrededor de 3 millones 600 mil personas, y le terminó pagando a 8 millones. No hay un censo o una encuesta para saber la cantidad de gente que está en esta situación, pero es muchísima, en función del alto porcentaje de trabajo en negro o no registrado”, manifestó.

La situación tenderá a agravarse en los meses por delante. “Esto es una cadena, el comercio está cerrado, no recibe clientes, no recauda dinero, el Estado no recauda impuestos, porque la merma en algunos casos ha sido del 40%, y los trabajadores están con la incertidumbre de cómo se va a abonar la masa salarial. Sin dudas la construcción es indispensable como reactivador de la economía, pero es difícil de controlar por la forma de trabajo que tienen. Estimo que, de reactivarse, serán obras grandes, pero va a ser difícil para el albañil o cuentapropista”, consideró.

Actividades exceptuadas

Por otra parte, dio a conocer que ya se dictó el decreto 556, que “nos da facultades para aprobar los protocolos de sanidad junto con el Ministerio de Salud y el comité de emergencia, en las actividades que puedan ser exceptuadas o declaradas esenciales, dentro de la cuarentena. El Ministerio de Producción y Ambiente va a determinar las actividades que pueden ser exceptuadas y a mí me compete como Ministerio de Trabajo la verificación, inspección y control de que las medidas se están llevando adelante”.

Lo cierto es que ya comenzaron a prepararse “para volver a la actividad a partir del 26 de abril. El protocolo sanitario fue presentado hace unos 20 días, cuando se suscitó el caso de Mirgor. La empresa presentó un protocolo sanitario a efectos de ser evaluado por la UOM y hacer algunas correcciones, también AFARTE presentó uno y luego iba a ser presentado al gobierno de la provincia. Tuvimos reuniones con AFARTE pero dejamos establecido que el comité de emergencia es la única autoridad de aplicación del protocolo sanitario, junto con el Ministerio de Salud. Más allá de que se pongan de acuerdo las empresas y el gremio, este protocolo lo debe aprobar el comité”, subrayó.

“A la fecha estamos analizando todas las actividades comerciales e industriales que podrían volver a la actividad, que no será rápida. El gobierno de la provincia ha dictado el decreto 556 que habla de conformar un grupo de trabajo entre los ministerios Salud, Producción y Trabajo. El ministerio de Producción definirá las actividades que pueden retomarse y el de Trabajo supervisará el cumplimiento del protocolo aprobado por Salud”, detalló del rol de cada cartera.

“Luego de este trabajo tendríamos un programa para presentar ante Nación, tal cual lo expresó el presidente, porque deben ser las provincias las que planteen alternativas con un protocolo sanitario”, recordó. Se apunta a que no haya “masividad” en este retorno a las plantas fabriles. “De aprobarse la excepción, no va a concurrir el 100% de la planta laboral de las industrias, sino que será progresivamente. Todos entendemos que las clases van a comenzar en junio o julio, y va a haber muchos chicos en las casas, muchas madres solteras de esos chicos que no van a poder retornar al trabajo; además va a haber grupos de riesgo, gente mayor, gente con problemas de EPOC o asmáticos u otras patologías, que no van a poder volver a trabajar. Obligatoriamente la vuelta a la actividad no va a ser al 100% y aparte van a regir las normas de distanciamiento y de seguridad. La vuelta va a ser reducida y en forma progresiva”, señaló.

Acuerdo con AFARTE

Finalmente se refirió al acuerdo entre la UOM y AFARTE sellado el martes por la noche, que involucra a “ocho empresas electrónicas de Río Grande. Se va a firmar en la ciudad de Buenos Aires y prevé una reducción en el pago de aportes y contribuciones. Ante la imposibilidad de trasladarse las partes, el acta fue enviada al Ministerio de Trabajo de la Nación desde la delegación Río Grande, para que continúe con las actuaciones”, concluyó.