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La letra constitucional estaba escrita, pero hasta ahora no se había reparado desde la provincia en el impacto sobre la 19640. El Dr. Raúl Paderne admitió la propia sorpresa al advertir que los decretos posteriores a 2010 son nulos, porque el Poder Ejecutivo no tiene más la facultad delegada sobre esta ley, y el régimen promocional sólo puede modificarse por decisión del Congreso. La gobernadora tomó la inquietud y se trabaja desde el área jurídica en una presentación, que impediría el vencimiento en 2023.

El Dr. Raúl Paderne dio detalles ayer por Radio Nacional Ushuaia de la posibilidad que se abre para la provincia al momento de rechazar el vencimiento del régimen promocional en 2023, dado que el Poder Ejecutivo ya no cuenta con facultades delegadas y solamente el Congreso puede tomar una definición.

Río Grande.- El Dr. Raúl Paderne dio detalles ayer por Radio Nacional Ushuaia de la posibilidad que se abre para la provincia al momento de rechazar el vencimiento del régimen promocional en 2023, dado que el Poder Ejecutivo ya no cuenta con facultades delegadas y solamente el Congreso puede tomar una definición.

La clave está en la cláusula transitoria octava de la Constitución reformada en 1994, precisó, que le puso límite a las facultades delegadas y, de no mediar una ley que establezca prórrogas, el Poder Ejecutivo no puede establecer modificaciones por la vía del decreto.

Explicó que abordó este tema como abogado patrocinante de la empresa Sartini Gas, cuando YPF inició una demanda por el cobro del IVA, teniendo en cuenta el decreto dictado en 2012 por la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner que había dejado fuera de los beneficios a la actividad hidrocarburífera.

“Cuando empiezo a hacer el análisis para defender a Sartini, me encuentro con que el decreto dictado por la presidente estuvo hecho fuera de las facultades que le otorgaba la ley”, aseguró, por lo cual resulta nulo y espera que así quede definido en el juicio que llevan adelante.

Expuso que la ley 19640 originalmente contenía una delegación de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo, pero “con la reforma constitucional del ’94, todas las leyes que contenían facultades delegadas del Poder Legislativo al Ejecutivo fueron limitadas en el tiempo, por cinco años. A partir de la reforma constitucional quedan los decretos de necesidad y urgencia como facultad legislativa del Poder Ejecutivo y todas las demás facultades previas vencen en cinco años, salvo que una ley especial las prorrogue”.

Los cinco años vencieron en 1999, y luego “debía haber leyes del Poder Legislativo que fueran prorrogando esas facultades”, puntualmente para la ley 19640 en este caso. “Esto ocurrió en cinco oportunidades, hasta llegar al 2009, cuando se prorrogan por última vez las facultades delegadas de la 19640, y por un año”.

Sin otra prórroga posterior a esa fecha, las facultades delegadas “vencieron el 27 de agosto de 2010. A partir de ahí todos los decretos del Poder Ejecutivo que legislan sobre la 19640 no tienen facultad, son formalmente nulos”, afirmó.

Cuando concluyó de esta manera su análisis y vio la posibilidad no sólo para su representado, la empresa Sartini, sino para toda la provincia, se puso en contacto con la gobernadora Bertone. “Lo estuvimos hablando con la gobernadora, con el contador Capellano y desde el gobierno se está realizando un profundo estudio. Nosotros estamos colaborando y tratando de que esto vaya más allá de una simple presentación o una postura de parte”, manifestó.

No solamente serían cuestionables los decretos posteriores a 2010, sino el decreto dictado por el ex presidente Néstor Kirchner en 2007, por el cual prorrogó el régimen hasta 2023: “Es otro problema que es materia de estudio. En 2007 supuestamente Kirchner estaba facultado todavía, pero a mi criterio se excedió en las propias facultades delegadas. Hay una combinación entre lo que ocurrió después de 2010 con esto de 2007. La gente de gobierno está trabajando en este aspecto y yo estoy convencido no sólo de que las facultades delegadas vencieron a partir del 2010, sino de que hubo un ejercicio ilegal de las facultades delegadas en 2007. Es un cuadro jurídico bastante complejo y muy árido, pero creo que con solución positiva para la provincia”, aseveró.

“El límite de la facultad delegada es no negar la propia norma, y esto es lo que hizo Néstor Kirchner respecto del 2023, y además estamos hablando de una ultraactividad de un decreto, cuando ya no hay facultades para dictarlo. Bajo ningún punto de vista la facultad del Ejecutivo podría excederse hasta abolir la norma”, sostuvo.

Sentando precedentes

Si bien se esperan acciones de la provincia, será importante la resolución de la causa de Sartini por parte de la justicia federal: “Nosotros hicimos la presentación ante el juzgado federal por el IVA al gas, ya han contestado demanda tanto YPF como el Poder Ejecutivo nacional a través de la AFIP, que han rechazado con fundamentos que ni hablan de la capacidad legislativa. Es una contestación casi formal del punto de vista jurídico, no sé si para buscar una negociación, porque no tiene ningún sentido”, dijo.

“La apertura de la gobernadora a partir de que la llamé por teléfono fue inmediata y estamos en una colaboración franca con el gobierno provincial en esto”, ratificó, y también lo hizo público la gobernadora durante su paso por Río Grande esta semana, al dar a conocer que “el Dr. Raúl Paderne habla de una nulidad del decreto por el cual se extendió el régimen industrial, por lo que no tendría vencimiento en 2023.

Según entiende el Dr. Paderne, no había facultades delegadas para dictar ese decreto y por eso habría una continuidad en la asimilación con las normas del Mercosur, con el código aduanero del Mercosur que ha suscripto la Argentina. Son discusiones que nos dan fundamentos técnicos para defender nuestra postura”, señaló la mandataria en rueda de prensa.

Asimismo, el resto de las empresas afectadas por el decreto de 2012 están en condiciones de hacer valer sus derechos por el cobro del IVA, dado que resultaría irrefutable que no había facultad delegada en esa fecha, posterior al vencimiento que operó en 2010.

Resta ahora analizar el decreto de 2007 de Néstor Kirchner. “El gobierno lo está analizando, todavía no hay una presentación formal, pero creo que la va a haber. Obviamente dependerá de los asesores del gobierno provincial, pero estamos en contacto con ellos y creo que va a ser así”, confió.

“Para terminar con la 19640, debe ser el Congreso de la Nación el que lo decida y creo que es una buena noticia, porque nosotros tenemos penal cobrado en 2023. Creo que nuestro régimen es absolutamente defendible, no va a ser una empresa fácil, pero tenemos algo por hacer en lugar de esperar una guillotina en 2023. Esto que no había sido advertido suena hasta un poco increíble, pero no hay duda si se lee la Constitución. Yo revisé ley por ley después del 2010, fue un trabajo enorme y titánico en muy corto plazo, y la Corte ya había dejado esto en forma clara. Muchos colegas me han consultado y este es un tema que trasciende un estudio. Esto es la defensa de la provincia”, concluyó.