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La Fiscalía de Estado advierte de la ilegalidad de usar aviones no habilitados

El ex convencional constituyente doctor Demetrio Martinelli, quien presentó una denuncia ante la Fiscalía de Estado por el uso de aviones no habilitados por la ANAC para vuelos sanitarios, recordó que “solamente hay un tipo de traslado que es el aéreo sanitario programado, que puede hacerse con aviones exclusivamente habilitados” y que en el caso de los otros traslados, como la Evacuación Sanitaria y el Traslado de Órganos, por las emergencias que significan y por tratarse de cuestiones humanitarias no pueden ser cobrados, son de carácter gratuito –remarcó- justamente porque se trata de una cuestión humanitaria y porque se trata de una emergencia”. La provincia estaría pagando entre 180 a 190 mil pesos por vuelo. “No advierto que haya alguna reacción por parte del Gobierno; estoy a disposición de la gobernadora Rosana Bertone para acercarle lo que sé, como antecedentes locales y de otros lugares, tengo referencias de que ella tiene la firme intención de poner en orden las cuentas de la provincia, de hacer una gestión transparente y de darle a la población la calidad de salud que se merece”, dijo el letrado.

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10-02-16 Río Grande.- El doctor Demetrio Martinelli visitó la redacción del Diario Provincia 23 donde fue entrevistado por una denuncia que publicó este medio sobre el uso de aviones sanitarios que no están habilitados por la autoridad de aplicación para traslados de pacientes derivados o vuelos sanitarios.
“En una publicación de Provincia 23 de mediados del 2014, pude advertir que se estarían haciendo traslados –en aquel momento- en aviones sanitarios no habilitados por la ANAC, de pacientes de Tierra del Fuego y el Diario hablaba especialmente a que esto se debía a la falta de terapia infantil”, introdujo el doctor Demetrio Martinelli.
Agregó que “a raíz de esta publicación, la pregunta mía es si estas contrataciones de aviones no habilitados se hacían solamente para los pacientes menores, o si era una operatoria que se extendía a todo tipo de traslados”.
En ese sentido confió que tras estudiar las normas de la Administración Nacional de Aviación Civil –ANAC- “y de los requisitos que se exigen para hacer los traslados aéreos sanitarios, que son de tres tipos: Traslado Aéreo Sanitario Común, la Evacuación Sanitaria y el Traslado de Órganos. Solamente hay un tipo de traslado que es el aéreo sanitario programado, que puede hacerse con aviones exclusivamente habilitados”.
“Los otros traslados –continuó el letrado- por las emergencias que significan y por tratarse de cuestiones humanitarias, la reglamentación de la ANAC es un poco más permisiva, se permite que ante una evacuación sanitaria, el avión sea no habilitado y que además que ni siquiera conste con médico aeroevacuador, que es una especialidad dentro de la medicina”.
El doctor Demetrio Martinelli observó que como dato característico, que “estas evacuaciones aéreas no pueden ser cobradas, son de carácter gratuito –remarcó- justamente porque se trata de una cuestión humanitaria y porque se trata de una emergencia”.
Tras hacer un análisis de lo que estaba ocurriendo en Tierra del Fuego, el abogado advirtió que “había una empresa que era adjudicataria, en forma directa, de todos los servicios aéreos; esto es de traslados aéreos sanitarios, de evacuaciones sanitarias y de traslado de órganos sin ningún tipo de control de parte de la Administración Pública en materia de Ley de Contabilidad e incluso transgrediendo las normas constitucionales que se refieren a las contrataciones del Estado”.
En el mismo punto dijo que “cuando advierto que la única empresa que estaba operando en ese aspecto que es CEDMA, una empresa que tiene base en Tierra del Fuego, concretamente en Río Grande, buscándola en los registros de la ANAC, advierto que esta empresa no es de las firmas habilitadas y como esta empresa tiene una página de Internet que hace propaganda de los aviones con sus respectivas matrículas, hice una búsqueda en la ANAC ya no por empresas sino por aviones habilitados con esa matrícula y no hay ni empresas ni aviones, de los que se menciona en esa página, habilitados para hacer traslados aéreos y mucho menos, cobrados”, reveló.

Irregularidades varias

El doctor Demetrio Martinelli confió que “aquí advertí varias irregularidades, una de carácter jurídico – contable, en cuanto a que la forma de contratación elude el cumplimiento de todas las normas previstas por la Constitución y por la ley para contratación de servicios. Por ejemplo, sin licitación pública, sin concurso privado de precios, sin comparaciones de ninguna naturaleza”, enumeró.
Añadió que “se hacían así: adjudicaban los servicios en forma directa”. También observó que no es la única empresa que podía prestar los servicios en la provincia. “Hay varias empresas en el país; por lo menos en aquel momento había cinco o seis empresas, ahora puede ser que haya alguna más, que hacen este tipo de operaciones con todos los requisitos aéreos cumplimentados”.
Siguiendo la línea argumental, el letrado reparó que “la ANAC, para las evacuaciones aéreas, además de exigir que sean gratuitas y poder hacerlas incluso sin médico aeroevacuador, obliga a los pilotos a realizar una declaración jurada diciendo que se trata de una evacuación sanitaria y además existe un formulario mediante el cual la empresa o el avión que va a hacer la evacuación, hace firmar al paciente –si está lúcido- o a los parientes que lo tienen a cargo, con un recuadro en el que la ANAC hace una advertencia de que “por tratarse de una aeronave no habilitada para el transporte sanitario, el riesgo a afrontar por el paciente, podría ser mayor de lo habitual’. Este formulario podría ser aceptable, porque está hecho para una evacuación sanitaria, pero para que en Tierra del Fuego esta empresa no habilitada pueda hacer todo tipo de traslados, incluso los traslados sanitarios que requieren habilitación, los hacían figurar como evacuación sanitaria y a todos los pacientes, aún a aquellos que no eran de riesgo o que no eran de urgencias, les hacían firmar este relevamiento de responsabilidad”.
En este punto expuso que “se trata de una empresa que tiene aviones aquí; que los aviones son para traslados sanitarios; que todos los traslados que se hacen en Tierra del Fuego serían evacuaciones sanitarias, con formulados firmados así, con aeronaves no habilitadas, no estando tampoco la empresa habilitada para hacer este tipo de servicios; aquí hay algo más que una simple situación de emergencia”.
También el abogado cuestionó el estado de los aviones. “Decir que hay aviones que tienen algunos años es ser liviano. Por ejemplo, tienen un Lear 25D que según el Registro Nacional de Aeronaves hoy está a nombre de la empresa CEDMA desde el año 2011, es un avión fabricado en 1979, es decir, es una aeronave que tiene casi cuarenta años. Y el otro avión que se publicita también en la página, es un Cessna modelo 414, matrícula LV-JPZ, fue fabricado en Estados Unidos en 1969; o sea, con cincuenta años prácticamente”.
Agregó que “este avión apareció con un contrato de locación, mediante el cual Aerosistemas, en el año 2005, se lo alquila en principio a CEDMA. Hay otro avión más, un Metro II, que debe tener una antigüedad más o menos parecida, no tengo en este momento el registro de ese avión, pero estimo que debe ser de la década del ’70”.
En términos legales, el letrado observó que en caso de alguna circunstancia con el paciente, “el Estado provincial es el responsable porque primero, saca a pacientes con la modalidad aeroevacuación o evacuación sanitaria cuando en muchos casos son traslados sanitarios simples. El seguro no les va a cubrir porque no cubre operaciones no habilitadas y la empresa está tratando de desligarse de responsabilidades al hacer saber que el avión en realidad no está habilitado y hace asumir al paciente la responsabilidad”.
“Por otro lado está la Administración Nacional de Aviación Civil, que es la que tiene que controlar todo esto y que frente a este tipo de evacuaciones, desde los aeropuertos deberían hacer un control estricto y una auditoría de la cantidad de pacientes que son evacuados y pacientes que son trasladados”, contrastó.
Fundamentó que “con la simple firma de un médico en todos los traslados aéreos de Tierra del Fuego diciendo que se trata de una evacuación, la ANAC estaría dando por ‘bueno’ que todas estas operaciones que se hacen en contra de los requisitos legales, estarían siendo, de alguna forma, respaldadas”.

Denuncia ante la Fiscalía de Estado

“Como consecuencia de estas cosas que he advertido y específicamente porque no cumpliendo con la Ley de Contabilidad ni con la Constitución al hacer contrataciones directas y pagando operaciones que deberían ser gratuitas, habría un perjuicio estatal sin necesidad de que haya un accidente porque el accidente sería una catástrofe, desde el punto de vista humano y desde el punto de vista económico para la provincia. Pero también, hay incumplimientos que son competencia del Tribunal de Cuentas de la Provincia”, sostuvo el profesional.
Como derivación de la investigación, que según señaló le insumió “unos dos o tres meses”, el doctor Demertio Martinelli realizó una denuncia ante la Fiscalía de Estado de la provincia, “puesto que es la que se encarga de defender los intereses provinciales; la que luego de cuatro meses de investigación, sacó un dictamen, una resolución, de fecha 13 de enero de 2015, mediante la cual determinó habría incumplimientos en relación a la contratación; que habría incumplimientos por parte del Ministerio de Salud por lo cual exhortó al Ministro y a los demás funcionarios dependientes de esa cartera para que de allí en más verificaran en forma correcta la situación de cada traslado; remitió copias certificadas a las autoridades de la ANAC y me envió copia a mí por ser el denunciante interesado”, detalló.
Dijo además que este dictamen, “amenaza, entre comillas, a las autoridades de Salud con iniciar acciones penales en razón que descubrió (la Fiscalía de Estado) de que varias de las operaciones aéreas no eran evacuaciones, sino traslados con esta misma modalidad. Me pregunté en ese momento si las futuras son un delito, por qué no las pasadas y en el momento que yo analizaba las cosas, encontré un dictamen de la Fiscalía de Estado de la provincia de La Pampa, que denunció penalmente a las autoridades del gobierno de esa provincia por haber utilizado un avión de la provincia para realizar un traslado sanitario sin estar habilitado”.
En este sentido remarcó que “la propia provincia de La Pampa, a través de su propio Fiscal de Estado, denunció a sus autoridades provinciales por usar su propio avión sin estar habilitado para realizar traslados sanitarios. Con mucha más razón, en este caso (en Tierra del Fuego) donde hay una empresa, que se ve que se especializa en evacuaciones sanitarias, que tiene aviones para hacer nada más que evacuaciones sanitarias –porque hacía todas las de la provincia y creo que lo sigue haciendo, sino todas, la gran mayoría- que pone de relieve que hay una clara decisión de utilizar aviones que no pueden ser habilitados, ya sea por el modelo, ya sea por el estado o por la razón que fuere, lo hace figurar realizando evacuaciones que no debería poder cobrar y sin embargo las cobra”.
En este sentido resumió que “esta empresa tiene como objeto realizar operaciones que deberían ser gratuitas y sin embargo son las que le permite con la remuneración que percibe, seguir realizando este tipo de operaciones irregulares”.
El doctor Martinelli confió que no tiene conocimiento de que tras la resolución del Fiscal de Estado “esto se cumplía o no, o si actuó de oficio. Como ha pasado tanto tiempo y como el silencio es la situación normal hoy, yo lo que temo es que las nuevas autoridades electas que tienen, a mi modo de ver, la mejor intención de transparentar todo lo que tienen que ver con el manejo de los fondos públicos, que no conozcan esta situación y que el día de mañana se encuentren envueltas en una situación de responsabilidad”.
Agregó que “la anterior gestión, habiéndose sido notificada por el Fiscal de Estado, habiendo esta situación tomado estado público y habiendo la gobernadora (Fabiana) Ríos teniendo clara noción de que esto estaba pasando y no haya hecho nada, las responsabilidades penales que le pudieran caber a la otra gestión, las estoy analizando. Pero esta gestión me interesaría que sepa que estas cosas están pasando; por lo menos tengo gente conocida que ha tenido traslados o derivaciones que me han comentado que siguen con preocupación esta situación porque han tenido parientes que han sido objeto de traslados mediante la utilización de estas aeronaves”.
Ante la consulta sobre los costos de cada vuelo sanitario, que según revelaciones de un ex funcionario rondaría entre 180 a 190 mil pesos, el doctor Demetrio Martinelli confió que desconoce la parte comercial, “lo que puedo decir es que a la provincia, los vuelos de CEDMA le debería haber costado cero pesos porque CEDMA hizo los vuelos como evacuaciones sanitarias y reitero, de manera gratuita según las normas de la ANAC. Me llama la atención que la ANAC no haya hecho público ningún comentario sobre esta notificación del Fiscal de Estado, y en conocimiento de que esto pasa, me llama la atención de que no haya habido investigaciones posteriores de oficio y también me llama la atención de que el Ministerio de Salud no haya tomado nota de todos estos cuestionamientos hechos desde el punto de vista legal”.
“Lo que sí sé, es que se ha pagado lo que no se debió pagar y que la gente ha corrido un riesgo mayor al que estaba sometida en cualquier operación aérea justamente porque son aviones que no tienen ningún tipo de control”, dijo el letrado y agregó que “esto se trata de un delito, tanto para el que presta el servicio como para que el que contrata, porque si se presta un servicio con un avión que sabemos que no lo puede prestar; que se falsea el carácter de la operación aérea porque en vez de traslado para poder hacerlo con avión no habilitado y poder ser despachado desde los aeropuertos locales, se la hace figurar como evacuación, pero además, lo cobran como traslado”.
En este sentido remarcó que “ahí (si fuera evacuación) no se podría cobrar, pero para cobrar se falsea una declaración como traslado. Entonces, la responsabilidad de las autoridades que incumplen con la Constitución al hacer contrataciones directas, no controlan que efectivamente el carácter del traslado o de la operación aérea, sea como está establecido en el formulario de declaración jurada y le están haciendo correr a los pacientes de la provincia un riesgo mayor de que el que corresponde de manera absolutamente innecesaria. Recordemos que estos son aviones viejos que hay que ver si están en condiciones de hacer operaciones nocturnas, que hay que ver sino tienen que repostar en el camino”, alertó.
En este sentido manifestó que “un Cessna del año ’69 vuela con un techo que todos sabemos que en la Patagonia es de máxima turbulencia, con pacientes que pueden ser delicados, máxime si es una evacuación sanitaria. ¿Por qué se está permitiendo que esto pase? Le hice conocer al Fiscal de Estado toda la situación; acompañé toda la documentación que tenía en mi poder y ahora es la autoridad la que tiene que atender esta situación”.
“Yo, como ciudadano, que puedo ser objeto de un traslado de esta naturaleza en algún momento, o parte de mi familia, mis amigos o un ciudadano común, no tiene por qué estar pasando por esta situación y es por ese motivo que me preocupa que esto se transparente y me preocupa que esto se resuelva de una manera clara y concreta”, expresó Martinelli.
Aseguró que “no sé quiénes son las autoridades de CEDMA y no me importa quiénes son, pero si ellos se encuentran que el traslado sanitario es un negocio rentable, que compren aviones adecuados para hacer este tipo de operaciones aéreas, porque sino, es como que yo me quiero poner un remis con un automóvil modelo 45, no tiene ningún sentido. Si quiero realizar una actividad, tengo que cumplir con las normas y no falsear el fondo del trabajo, para poder trabajar de una manera económica e irresponsable”.

“No advierto que haya ninguna reacción por parte del Gobierno”

Demetrio Martinelli recordó que el Fiscal de Estado había advertido que a partir de su sentencia no se debería hacer estos vuelos en estas condiciones. “No advierto que haya alguna reacción por parte del Gobierno; estoy a disposición de las nuevas autoridades provinciales para acercarles lo que sé, como antecedentes locales y de otros lugares. Soy un apasionado de la aviación y de alguna manera, a medida de que fui viendo los aviones me fui interesando por saber de qué año de fabricación eran, de qué modelo y me parece que hoy Tierra del Fuego tiene el peor servicio aéreo sanitario del país, sin dudas, porque no se si hay aviones en funcionamiento con esta antigüedad”.
Si bien dijo que solo vio a la doctora Rosana Bertone un par de veces, el abogado dijo que “tengo referencias de que ella tiene la firme intención de poner en orden las cuentas de la provincia, de hacer una gestión transparente y de darle a la población la calidad de salud que se merece, tanto aquí como cuando a través de las derivaciones tenga que buscar servicios de salud en otras jurisdicciones”, finalizó.

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