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El presidente de la Comisión de Educación de la Legislatura, Luciano Selzer, cuestionó el proyecto del Ejecutivo que crea un régimen de financiamiento integral para el sistema educativo y advirtió sobre el impacto de las nuevas fuentes tributarias previstas. El legislador reclamó que antes de aumentar la presión fiscal se determine cómo se utilizan actualmente los recursos y anticipó un pedido de informes sobre aproximadamente 1,2 millones de horas cátedra. La iniciativa oficial, enviada con trámite de urgencia, establece una meta progresiva de inversión educativa del 7,8% del Producto Bruto Geográfico y dispone que al menos la mitad del nuevo Fondo sea destinada al fortalecimiento salarial docente.

Río Grande, 24 de septiembre de 2026.- El ingreso a la Legislatura provincial del proyecto de Ley de Financiamiento Integral del Sistema Educativo abrió un nuevo frente de discusión alrededor de los recursos destinados a educación, la presión tributaria y la administración del gasto público.

La iniciativa fue remitida por el Poder Ejecutivo mediante el Mensaje N° 023/26 y establece la creación de un Régimen de Financiamiento Integral del Sistema Educativo Provincial junto con un Fondo de Financiamiento Educativo de afectación específica. En los fundamentos, el Ejecutivo sostiene que la educación constituye una responsabilidad “esencial, prioritaria e irrenunciable” del Estado y plantea avanzar hacia una política sostenida de inversión vinculada al Producto Bruto Geográfico provincial.

Frente a la propuesta del Ejecutivo provincial, el legislador Luciano Selzer del bloque de La Libertad Avanza y presidente de la Comisión de Educación, expresó fuertes reparos y planteó que antes de incorporar nuevas fuentes de recaudación debería transparentarse la utilización de los recursos actualmente disponibles.

En declaraciones al programa “Buscando el Equilibrio”, por Radio Provincia, Selzer sostuvo que el debate no debería comenzar por la creación de nuevos tributos sino por una revisión de las cuentas del sistema educativo.

“El objetivo principal es crear un fondo de afectación específica para la educación y fondearlo con un aumento de impuestos”, resumió el parlamentario durante la entrevista.

Una meta del 7,8% del Producto Bruto Geográfico

Uno de los aspectos centrales del proyecto establece que el Presupuesto provincial deberá procurar avanzar progresivamente hacia una inversión consolidada en educación equivalente al 7,80% del Producto Bruto Geográfico (PBG), dentro de un plazo máximo de cinco ejercicios fiscales computables.

La iniciativa contempla, sin embargo, una cláusula vinculada con la situación económica: cuando el PBG registre crecimiento real nulo o negativo, o exista una disminución real de la coparticipación federal o de la recaudación provincial, ese ejercicio no será computado dentro del período previsto para alcanzar la meta.

El proyecto también fija principios relacionados con la reducción de desigualdades territoriales, sociales y económicas; el acceso a infraestructura educativa; la incorporación de tecnología; la evaluación de resultados y la sostenibilidad fiscal.

De dónde saldrían los recursos

Buena parte de las objeciones formuladas por Selzer están concentradas precisamente en las fuentes previstas para alimentar el nuevo Fondo.

El artículo 6 establece, entre otros mecanismos, una alícuota adicional del 3% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicable a las actividades gravadas del Banco de Tierra del Fuego, exceptuándolas de una exención contemplada actualmente en el Código Fiscal.

También incorpora una alícuota del 3,4% de Ingresos Brutos para la actividad identificada con el código 352032 del nomenclador vigente, además de porcentajes provenientes de futuros incrementos vinculados con actividades productivas estratégicas y modificaciones en el Impuesto Inmobiliario.

El Fondo contempla asimismo recursos que eventualmente se generen por la explotación del hidrógeno verde y aquellos de afectación específica que puedan surgir en el futuro del desarrollo de la Economía del Conocimiento.

Selzer cuestionó este esquema y, particularmente, sus posibles consecuencias sobre las herramientas financieras ofrecidas por el Banco de Tierra del Fuego.

Según su interpretación, el adicional podría incrementar costos vinculados con préstamos, tarjetas y otros servicios de la entidad provincial, que eventualmente terminarían trasladándose a sus usuarios.

El legislador también objetó la incorporación de la actividad vinculada con el transporte de gas natural dentro de las alcanzadas por una alícuota del 3,4%, al considerar que podría repercutir sobre los consumidores.

La mitad del Fondo deberá destinarse a salarios docentes

El proyecto contiene además una distribución mínima obligatoria de los recursos obtenidos. El artículo 7 establece que no menos del 50% del Fondo deberá destinarse al fortalecimiento del salario docente. Otro porcentaje no inferior al 25% tendrá como destino mantenimiento, servicios, mejoras y nueva infraestructura escolar, mientras que un mínimo del 15% deberá utilizarse para recursos, equipamiento tecnológico y herramientas didácticas destinadas a estudiantes y docentes.

El remanente podrá utilizarse para contingencias, requerimientos tecnológicos emergentes o prioridades operativas exclusivamente relacionadas con el sistema educativo.

La iniciativa busca además que la remuneración correspondiente al cargo docente testigo, o su equivalente en horas cátedra, tienda progresivamente a equipararse con el valor de la Canasta Básica Total.

Selzer pone la lupa sobre 1,2 millones de horas cátedra

Más allá de sus cuestionamientos tributarios, Selzer colocó en el centro de la discusión el manejo de las horas cátedra.

Según indicó, tomando como referencia el Presupuesto 2025 —el último aprobado— existen aproximadamente 1,2 millones de horas cátedra autorizadas.

El legislador recordó además que el Tribunal de Cuentas realizó observaciones respecto de la utilización de esa herramienta para funciones diferentes de la tarea docente y mencionó casos relacionados con choferes, secretarios y otras actividades administrativas.

Ante esa situación, anticipó que trabaja en la presentación de un pedido de informes dirigido al Ministerio de Educación.

El objetivo, explicó, será determinar cuántas de esas horas son utilizadas efectivamente para docentes y cuántas se destinan a otras funciones dentro del Estado provincial.

“Es necesario transparentar todo esto”, afirmó.

Selzer consideró que, si el Ejecutivo necesita instrumentos para remunerar otras funciones, debería solicitar las correspondientes autorizaciones legislativas y no utilizar una herramienta concebida específicamente para la actividad docente.

“Hay muchos grises en el área educativa”, sostuvo el parlamentario, quien planteó que primero debería determinarse con precisión cuál es el destino de los fondos existentes y posteriormente establecer cuáles son las necesidades adicionales de financiamiento.

Un proyecto con trámite de urgencia

El Ejecutivo solicitó que la iniciativa sea tratada bajo el mecanismo establecido en el artículo 111 de la Constitución Provincial, correspondiente al trámite de urgencia.

Selzer señaló que este procedimiento establece un plazo de 30 días para que la Legislatura se pronuncie y consideró que el debate deberá comenzar rápidamente para determinar si el proyecto será aprobado, modificado o rechazado.

De esta manera, la discusión por el financiamiento educativo comenzará atravesada por dos cuestiones que seguramente ocuparán buena parte del debate legislativo: cómo garantizar recursos sostenidos para salarios, infraestructura y equipamiento educativo y, paralelamente, cómo se financiará ese incremento de la inversión provincial.

En ese escenario, Selzer adelantó cuál será uno de sus principales planteos durante el tratamiento: conocer primero, con información discriminada, el destino de los recursos que actualmente maneja el sistema educativo y particularmente la utilización de las horas cátedra, antes de discutir la incorporación de nuevas fuentes tributarias.