La prórroga de la intervención del Puerto de Ushuaia provocó una nueva escalada del conflicto laboral e institucional. Los trabajadores portuarios anunciaron que redoblarán sus medidas de protesta y convocaron a las organizaciones sindicales y a la comunidad fueguina a acompañar sus reclamos. La secretaria general del SUTAP, Daniela Almada, advirtió que la decisión del Gobierno nacional es “contraproducente económicamente para los trabajadores y la sociedad”. Además, el sindicato cuestionó a seis representantes de La Libertad Avanza por su posición frente al conflicto y exigió respuestas sobre los fondos portuarios, los derechos laborales y la restitución de la administración a Tierra del Fuego.
Ushuaia, jueves 19 de noviembre de 2026.- El conflicto por la intervención nacional del Puerto de Ushuaia ingresó en una nueva etapa de confrontación luego de que los trabajadores portuarios declararan rota la paz social y anunciaran que intensificarán sus medidas de protesta, movilización y reclamos institucionales contra la decisión del Gobierno de Javier Milei de prolongar la administración federal de la terminal marítima.
La reacción se produjo tras la publicación de la Resolución Nº 69/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), que prorrogó las medidas de intervención iniciadas el 21 de enero y condicionó su finalización al cumplimiento de un Plan de Obras de Infraestructura, sin establecer una fecha calendario concreta para la restitución de la administración portuaria a la provincia.
La decisión nacional generó el rechazo del Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP) de Tierra del Fuego y de trabajadores del sector, quienes denunciaron que la continuidad de la intervención profundiza los conflictos laborales, afecta la autonomía provincial y mantiene la incertidumbre sobre el futuro de sus puestos de trabajo.
En un comunicado difundido este jueves, los trabajadores anunciaron el endurecimiento de sus reclamos y responsabilizaron políticamente al Gobierno nacional y a las autoridades de la ANPYN por la profundización del conflicto.
“Con esta nueva prórroga, la paz social se ha roto”, afirmaron, al tiempo que comunicaron que consideran agotada la etapa de espera y que recurrirán a las herramientas sindicales, institucionales y legales disponibles para sostener sus demandas.
Daniela Almada: “Esta medida es contraproducente económicamente para los trabajadores y la sociedad”
En declaraciones a FM del Pueblo de Río Grande, la secretaria general del SUTAP Tierra del Fuego, Daniela Almada, cuestionó la continuidad de la intervención y advirtió sobre sus consecuencias laborales, económicas e institucionales.
La dirigente sostuvo que el conflicto excede las diferencias partidarias y que debería ser abordado desde una perspectiva vinculada con el desarrollo de Tierra del Fuego y el funcionamiento de sus instituciones.
“Esto va por encima de cualquier tipo de ideología. Si buscamos el bienestar y que salgan adelante las instituciones y la provincia, esta medida es contraproducente económicamente, tanto para los trabajadores como para la sociedad”, expresó.
Almada recordó que la condición insular de Tierra del Fuego convierte al puerto en una infraestructura fundamental para el abastecimiento, la actividad comercial, el turismo, la logística y la conectividad de la provincia.
En ese sentido, cuestionó que la intervención se prolongue sin un horizonte temporal definido y manifestó sus dudas sobre los fundamentos utilizados por las autoridades nacionales para justificar su continuidad.
Según explicó, algunas de las obras incorporadas al nuevo plan responden a observaciones realizadas al comienzo de la intervención, mientras que otras no habían sido mencionadas entre los reclamos iniciales.
“Nadie se opone a un control, pero sí al atropello”
Uno de los aspectos centrales de las declaraciones de Almada estuvo relacionado con las condiciones en las que se desarrolló la intervención y sus consecuencias sobre los trabajadores portuarios.
La secretaria general del SUTAP aclaró que la organización sindical no rechaza los controles administrativos, técnicos o de infraestructura que puedan realizar las autoridades competentes.
Sin embargo, sostuvo que esos procedimientos deberían llevarse adelante respetando los derechos laborales y evitando medidas que, según denunció, dejaron a familias sin su fuente de ingresos.
“Una intervención institucional siempre puede ser en conjunto, donde hagan la auditoría o el control que tengan que hacer. Nadie se opone a un control, pero sí al atropello, a dejar familias fuera sin trabajar”, afirmó.
La dirigente también denunció presuntas irregularidades en el manejo de los fondos portuarios, falta de respuestas a los pedidos de transparencia y vulneraciones de derechos laborales.
En ese marco, confirmó que el sindicato mantiene acciones judiciales vinculadas con el cumplimiento de normas nacionales e internacionales de protección del trabajo y la actividad sindical.
“Seguimos sin respuestas completas a las demandas que hemos presentado. Nosotros también estamos con una demanda sindical porque no están respetando absolutamente todos los derechos laborales”, manifestó.
Almada señaló que la organización continúa aguardando resoluciones de la Justicia Federal sobre las distintas presentaciones efectuadas en relación con la intervención.
Los trabajadores anunciaron que redoblarán la lucha
La nueva prórroga motivó un pronunciamiento de los trabajadores portuarios de Ushuaia, quienes difundieron un comunicado bajo la consigna “La prórroga de la intervención nacional rompe la paz social: los trabajadores portuarios redoblamos la lucha”.
En el documento, fechado el 19 de noviembre, manifestaron su rechazo a la continuidad de la administración nacional y denunciaron que la medida profundiza el conflicto iniciado en enero.
Los trabajadores sostuvieron que, desde el comienzo de la intervención, vienen reclamando la restitución de sus puestos laborales, el reconocimiento de sus derechos y la recuperación de la administración provincial del puerto.
También formularon acusaciones contra la ANPYN, la Prefectura Naval Argentina y el gremio UPSF, a quienes atribuyeron responsabilidades en los acontecimientos que, según denunciaron, derivaron en el desplazamiento de trabajadores.
Estas imputaciones forman parte del pronunciamiento de los manifestantes y no constituyen, por sí mismas, determinaciones judiciales sobre las responsabilidades de los organismos y organizaciones mencionados.
El comunicado advierte que la continuidad de la intervención representa un punto de inflexión y anticipa una mayor intensidad en las acciones de protesta.
Los trabajadores anunciaron que recurrirán a movilizaciones, medidas sindicales y presentaciones institucionales y judiciales para reclamar respuestas.
Asimismo, convocaron a otras organizaciones gremiales, trabajadores y vecinos de Tierra del Fuego a acompañar las acciones que se desarrollen en defensa de los puestos laborales y de la administración provincial del puerto.
El SUTAP apuntó contra seis representantes de La Libertad Avanza
La profundización del conflicto también tuvo una expresión política mediante una solicitada pública del SUTAP, firmada por su secretaria general, Daniela Almada; la secretaria adjunta, Nancy Ross; y el secretario administrativo, Jorge Bahamondez (ver nota aparte).
En el documento, la organización cuestionó directamente a los senadores nacionales Agustín Coto y Belén Monte de Oca, a los diputados nacionales Santiago Pauli y Miguel Rodríguez, y a los legisladores provinciales Luciano Selzer y Natalia Gracianía.
El sindicato les reclamó que adopten una posición pública frente a la prolongación de la intervención y utilicen sus atribuciones institucionales para promover la recuperación de la administración provincial.
Almada también sostuvo, durante su entrevista radial, que hasta ese momento no habían recibido una respuesta de los representantes libertarios al pedido formulado por la organización sindical.
Para el SUTAP, la pertenencia de esos dirigentes al oficialismo nacional no debería impedirles cuestionar decisiones que el gremio considera perjudiciales para Tierra del Fuego.
La solicitada resume ese planteo con una frase:
“La lealtad a Javier Milei no puede estar por encima de la lealtad a Tierra del Fuego”.
La organización reclamó que los seis representantes impulsen mecanismos institucionales para exigir una rendición completa de los fondos administrados durante la intervención, conocer el destino de los recursos portuarios y obtener un cronograma concreto de restitución.
El cuestionamiento sindical se concentra en lo que considera una falta de defensa efectiva de los intereses provinciales frente a las decisiones del Gobierno nacional.
Qué establece la nueva resolución nacional
La Resolución Nº 69/2026, firmada el 18 de noviembre por el director ejecutivo de la ANPYN, Iñaki Miguel Arreseygor, y publicada al día siguiente en el Boletín Oficial, aprobó un Plan de Obras de Infraestructura y prorrogó las medidas establecidas originalmente por la Resolución Nº 4/2026.
El artículo segundo dispone que la continuidad de la intervención queda vinculada al cumplimiento del plan aprobado, sin establecer una fecha específica para su finalización.
Entre las obras contempladas se encuentran el recambio del muelle comercial, reparaciones en distintos sitios de atraque, ampliaciones de las redes de electricidad y agua, construcción de muelles para catamaranes, mejoras en instalaciones sanitarias, una nueva red contra incendios y el reflotamiento del Dique Y-3.
La ANPYN fundamentó la continuidad de la intervención en la necesidad de completar trabajos de infraestructura, fortalecer la seguridad portuaria, mejorar los sistemas administrativos y garantizar la prestación de los servicios.
El organismo nacional también reconoció avances registrados desde enero, aunque consideró que las tareas pendientes y los procedimientos de contratación requieren un período adicional para alcanzar los objetivos establecidos.
Desde la perspectiva del Gobierno nacional, la prórroga constituye una herramienta para completar la normalización operativa y administrativa de la terminal.
Por el contrario, el SUTAP y los trabajadores que rechazan la intervención sostienen que la ausencia de una fecha cierta de finalización genera incertidumbre y afecta las competencias provinciales.
Reclamos de transparencia y derechos laborales
La controversia no se limita al control administrativo del puerto.
El sindicato y los trabajadores también reclaman información sobre los recursos económicos administrados durante la intervención, respuestas a las presentaciones judiciales y garantías sobre la situación laboral del personal desplazado.
En sus declaraciones, Almada insistió en que los controles pueden desarrollarse mediante mecanismos de auditoría y fiscalización sin que necesariamente impliquen el desplazamiento de trabajadores de sus puestos.
La dirigente vinculó las consecuencias laborales con la situación económica de las familias afectadas y con la importancia estratégica del puerto para toda la provincia.
Mientras tanto, los trabajadores anunciaron que continuarán utilizando las vías judiciales e institucionales disponibles para exigir el reconocimiento de sus derechos.
Un conflicto que vuelve a poner en discusión la autonomía provincial
El Puerto de Ushuaia constituye una infraestructura estratégica para Tierra del Fuego por su importancia comercial, turística, logística y antártica.
Su administración fue transferida a la provincia mediante un convenio suscripto con el Estado nacional en septiembre de 1992, aunque la actividad portuaria continúa sometida a las regulaciones y controles nacionales establecidos por la legislación vigente.
La controversia actual involucra, precisamente, el alcance de esas facultades de control y las competencias provinciales sobre la administración de la terminal.
A esta discusión institucional se suma ahora una creciente confrontación laboral, con trabajadores que anuncian nuevas movilizaciones y una organización sindical que reclama respuestas políticas y judiciales.
La situación plantea interrogantes sobre la continuidad de las operaciones, la ejecución de las obras previstas, el futuro laboral del personal desplazado y las condiciones necesarias para una eventual restitución de la administración a la provincia.
Por el momento, la resolución nacional mantiene vigente la intervención bajo las condiciones establecidas por la ANPYN, mientras los sectores sindicales que la cuestionan anticipan una nueva etapa de protestas.
Con la declaración de ruptura de la paz social, el conflicto por el Puerto de Ushuaia incorpora un nuevo escenario de tensión: a la disputa administrativa y judicial se suma el anuncio de una intensificación de las medidas gremiales, en reclamo de trabajo, transparencia y recuperación de la administración provincial.
















