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Integrantes de la comunidad académica, científica y tecnológica difundieron una carta abierta dirigida a los senadores nacionales para advertir sobre las consecuencias que, aseguran, tendría la aprobación del denominado “Súper RIGI”, que ya cuenta con media sanción de Diputados. Cuestionan beneficios fiscales y garantías regulatorias por 30 años para grandes inversiones tecnológicas sin exigir, según sostienen, empleo local, transferencia tecnológica ni compromisos concretos con el desarrollo argentino. “No hipotecar el futuro también es una forma de defender la Nación”, plantearon.

Buenos Aires, 19 de agosto de 2026.- Más de mil integrantes de la comunidad académica, científica y tecnológica argentina dirigieron una carta abierta al Senado de la Nación para solicitar que no avance con la aprobación del denominado “Súper RIGI”, un régimen destinado a grandes inversiones tecnológicas que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.

Los firmantes advierten que la iniciativa concedería a grandes corporaciones transnacionales beneficios fiscales, estabilidad regulatoria durante décadas y un régimen de protección jurídica excepcional, sin establecer como contrapartida —según cuestionan— obligaciones suficientes respecto de generación de empleo argentino, transferencia de tecnología o desarrollo de proveedores y capacidades nacionales.

“El Súper RIGI no es una ley de promoción de inversiones, es la renuncia al derecho de regular sectores estratégicos durante una generación entera”, afirmaron.

“No hipotecar el futuro también es una forma de defender la Nación”

La carta está dirigida directamente a las senadoras y senadores que deberán analizar el proyecto después de su aprobación en Diputados.

Los académicos, científicos y especialistas tecnológicos sostienen que Argentina necesita inversiones y acceso a nuevas tecnologías, pero advierten que esas necesidades no deberían derivar en una pérdida prolongada de herramientas regulatorias por parte del Estado.

“Argentina está a punto de aprobar el régimen de inversiones más extremo del mundo”, comienza el documento.

Según los firmantes, si el Senado convierte la iniciativa en ley, las empresas alcanzadas accederían a condiciones fiscales, regulatorias y jurídicas extraordinarias durante un período de tres décadas.

La preocupación central no está planteada contra la llegada de inversiones sino alrededor de qué obtiene Argentina a cambio de los beneficios otorgados.

Empleo argentino y transferencia tecnológica

Uno de los cuestionamientos principales se concentra precisamente en las contraprestaciones exigidas a las grandes compañías tecnológicas.

Los firmantes sostienen que los beneficios proyectados no están acompañados por obligaciones equivalentes destinadas a garantizar contratación de trabajadores argentinos o transferencia de conocimiento y tecnología.

Para la comunidad que suscribe la carta, una política destinada a captar grandes inversiones tecnológicas debería analizar no solamente cuánto capital ingresa al país, sino también qué capacidades productivas y científicas quedan una vez concretados los proyectos.

Por esa razón cuestionan que pueda establecerse un régimen de largo plazo sin compromisos concretos vinculados con el desarrollo nacional.

La inteligencia artificial, otro punto de preocupación

La carta incorpora además una segunda discusión que los firmantes consideran relacionada con el nuevo escenario tecnológico: la posibilidad de reconocer personalidad jurídica a entidades operadas íntegramente mediante inteligencia artificial.

Según plantean, la combinación de ambas iniciativas podría generar “una arquitectura legal sin precedentes”, al vincular grandes inversiones beneficiadas por regímenes excepcionales con nuevas estructuras jurídicas asociadas a sistemas de inteligencia artificial.

Los especialistas advierten sobre la necesidad de establecer responsabilidades claramente identificables y mantener mecanismos de control democrático frente al acelerado desarrollo de estas tecnologías.

El consumo de agua y energía de los centros de datos

Otro de los ejes centrales es ambiental.

Los firmantes ponen especialmente la mirada sobre los grandes centros de datos asociados al crecimiento de la inteligencia artificial, infraestructuras que necesitan enormes capacidades de procesamiento y, consecuentemente, importantes cantidades de electricidad y sistemas de refrigeración.

La carta cuestiona que inversiones de semejante escala puedan recibir garantías regulatorias durante 30 años sin que existan, según sus autores, normas suficientemente estrictas respecto del consumo de agua, utilización de energía y emisiones de carbono.

“En un contexto de estrés hídrico y crisis climática, eso no es un detalle técnico: es una decisión sobre el territorio y los recursos de las próximas generaciones que vienen”, señalaron.

Para los especialistas, la discusión sobre los centros de datos no puede limitarse a la cantidad de dólares que podrían representar como inversión, sino que también debe considerar los recursos naturales y energéticos necesarios para su funcionamiento.

Advierten sobre mecanismos de arbitraje internacional

La dimensión jurídica constituye otro de los cuestionamientos.

Los firmantes advierten sobre la posibilidad de que las inversiones queden protegidas mediante mecanismos internacionales de resolución de controversias que, a su entender, podrían limitar la capacidad futura del Estado argentino para modificar regulaciones.

En ese punto mencionan el caso YPF como antecedente de los costos que pueden derivarse de controversias internacionales vinculadas con activos considerados estratégicos.

“Ceder soberanía jurídica sobre sectores estratégicos tiene costos multimillonarios”, sostuvieron.

Desde esa perspectiva, consideran que establecer garantías durante varias décadas puede condicionar las decisiones que adopten futuros gobiernos ante cambios tecnológicos, ambientales o económicos que hoy resultan difíciles de prever.

El contraste con el sistema científico argentino

La carta introduce además una fuerte crítica respecto de la política científica nacional.

Los investigadores consideran paradójico que simultáneamente se promuevan importantes beneficios para grandes infraestructuras tecnológicas extranjeras mientras, según denuncian, atraviesan una situación crítica el CONICET, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y las universidades nacionales.

También advierten sobre la pérdida de recursos humanos altamente capacitados que fueron formados durante años mediante inversión pública.

“Ningún país construye soberanía tecnológica de esa forma. Eso no es una política de desarrollo: es su negación”, expresaron.

Para los firmantes, atraer empresas vinculadas con tecnologías avanzadas sin sostener paralelamente las capacidades científicas propias puede incrementar la dependencia tecnológica en lugar de reducirla.

La decisión quedó en manos del Senado

Con la media sanción de la Cámara de Diputados, el centro de la discusión se trasladó ahora al Senado de la Nación.

Es precisamente hacia los representantes de las provincias que apunta el tramo final de la carta.

“Las senadoras y los senadores tienen ahora esa decisión en sus manos”, señalaron, y reclamaron que el análisis no se limite a los eventuales beneficios económicos inmediatos.

Los firmantes pidieron considerar también la protección de los recursos naturales, el empleo, la capacidad regulatoria del Estado y las consecuencias que un régimen establecido por tres décadas puede generar sobre las próximas generaciones.

“La Argentina necesita inversión y nuevas tecnologías. Pero no a cualquier precio, y no resignando para siempre las herramientas para decidir sobre su propio desarrollo”, expresaron.

La carta concluye con la misma definición utilizada para encabezar el documento y sintetizar el llamado dirigido al Senado:

“No hipotecar el futuro también es una forma de defender la Nación”.