Lapadula cuestionó el financiamiento educativo: “Necesitamos una buena ley, no una ley rápida”

El legislador de Provincia Grande, Matías Lapadula, advirtió que los recursos previstos en el proyecto del Ejecutivo resultan insuficientes para atender las necesidades del sistema educativo fueguino. Señaló que, frente a un presupuesto cercano a los 600 mil millones de pesos, la iniciativa permitiría incorporar apenas 10 mil millones adicionales. Reclamó información sobre la utilización de los fondos actuales, propuso buscar alternativas que no afecten a los vecinos ni al comercio y pidió retirar el tratamiento de urgencia para avanzar en una discusión responsable.

Ushuaia, 7 de octubre de 2026.- El legislador provincial Juan Matías Lapadula, integrante del bloque Provincia Grande y presidente de la Comisión N.º 2 de Economía y Presupuesto, expresó sus reparos respecto del proyecto de financiamiento educativo remitido por el Poder Ejecutivo provincial, al considerar que los recursos contemplados en la iniciativa están lejos de cubrir las necesidades más urgentes del sistema educativo.

Luego de participar de la reunión de comisión que contó con la presencia de funcionarios provinciales, representantes del sector docente y distintos sectores de la comunidad, el parlamentario sostuvo que el encuentro permitió comenzar a profundizar el análisis de la propuesta, aunque advirtió que todavía existen numerosos interrogantes que deberán ser respondidos.

“Quedó claro que este proyecto de ley está muy lejos de asegurar el financiamiento que necesita la educación”, afirmó.

Los números que ponen en duda el alcance del proyecto

Uno de los principales cuestionamientos de Lapadula estuvo relacionado con la diferencia entre las necesidades presupuestarias del sistema educativo y los recursos que efectivamente permitiría incorporar la iniciativa oficial.

Según explicó, el presupuesto destinado a educación ronda actualmente los 600 mil millones de pesos, mientras que las nuevas fuentes de financiamiento previstas aportarían aproximadamente 10 mil millones adicionales.

“Para aumentar apenas un 10% el presupuesto de educación necesitaríamos 60 mil millones. Estamos muy lejos de lo que hace falta para dar una mínima respuesta a cuestiones urgentes como el salario docente y la infraestructura escolar”, señaló.

El legislador aclaró que existe coincidencia respecto de la necesidad de mejorar las condiciones salariales de los docentes, fortalecer la infraestructura educativa y atender las demandas de los establecimientos escolares. Sin embargo, consideró indispensable que esos objetivos estén acompañados por recursos suficientes.

“Podemos coincidir en que hay que mejorar el salario docente, fortalecer la infraestructura y atender las necesidades de las escuelas. Pero si no encontramos los recursos para hacerlo, termina siendo una ley de buenas intenciones”, sostuvo.

Rechazo a una mayor presión sobre los vecinos y el comercio

Lapadula también insistió en que cualquier alternativa de financiamiento debe contemplar la difícil situación económica que atraviesan las familias y el sector comercial de Tierra del Fuego.

En ese sentido, cuestionó que la búsqueda de mayores recursos para educación pueda traducirse en nuevos impuestos o en un incremento de las cargas que actualmente soportan los contribuyentes.

“Tenemos que encontrar otras fuentes de financiamiento que no castiguen el bolsillo de los fueguinos ni al comercio, que hoy atraviesa una situación realmente muy complicada”, afirmó.

El parlamentario consideró que el desafío consiste en identificar mecanismos de financiamiento que permitan fortalecer el sistema educativo sin profundizar las dificultades económicas de otros sectores de la sociedad.

Piden información sobre la utilización de los recursos educativos

Otro de los aspectos planteados por el legislador fue la necesidad de conocer con mayor precisión cómo se distribuyen y administran actualmente los fondos destinados a educación.

“No estamos diciendo que no haya que fortalecer el presupuesto educativo. Pero también tenemos que saber cómo se están utilizando los recursos que ya existen”, indicó.

En particular, anticipó que solicitará información detallada sobre la cantidad de horas cátedra existentes en el sistema educativo provincial, su impacto presupuestario y la proporción destinada a funciones administrativas u otras tareas que no corresponden al dictado de clases frente al aula.

El objetivo, explicó, es contar con elementos concretos que permitan evaluar la estructura del gasto y determinar qué alternativas pueden contribuir a mejorar la utilización de los recursos disponibles.

Convocará a una nueva reunión de Presupuesto y Educación

En su carácter de presidente de la Comisión N.º 2 de Economía y Presupuesto, Lapadula adelantó que impulsará una nueva reunión para continuar analizando el proyecto, con la intención de realizarla conjuntamente con la Comisión de Educación.

Para ese encuentro se prevé convocar nuevamente a representantes de los ministerios de Economía y Educación, así como a autoridades del Banco de Tierra del Fuego y de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF).

El legislador explicó que las consultas serán remitidas previamente a los funcionarios, de manera que puedan concurrir con la documentación y los datos necesarios para avanzar en el tratamiento de la iniciativa.

“Necesitamos reuniones de trabajo. Los problemas ya los conocemos. Necesitamos datos, números y propuestas concretas para empezar a buscar soluciones”, manifestó.

“Las cosas hay que hacerlas bien, no rápido”

Finalmente, Lapadula reiteró su posición contraria al tratamiento de urgencia solicitado por el Poder Ejecutivo, al considerar que una iniciativa de esta naturaleza requiere un análisis exhaustivo de sus alcances económicos, educativos y sociales.

En ese marco, sostuvo que la Legislatura debe disponer del tiempo necesario para estudiar alternativas, escuchar a los sectores involucrados y construir una herramienta legislativa que permita ofrecer respuestas efectivas a las demandas del sistema educativo.

“Vamos a poner todo desde la Legislatura para encontrar alternativas, pero necesitamos una buena ley, una ley responsable y que dé soluciones, no una ley rápida. Las cosas hay que hacerlas bien, no rápido”, concluyó.