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El legislador de Provincia Grande vinculó la decisión del Gobierno nacional de desprenderse de inmuebles estratégicos con el proyecto que busca eliminar las restricciones a la compra de tierras por parte de capitales extranjeros. Sostuvo que la Provincia y los municipios deben avanzar en regulaciones que impidan grandes desarrollos inmobiliarios en sectores sensibles.

Río Grande, 22 de julio de 2026.– El legislador provincial de Provincia Grande, Matías Lapadula, manifestó su preocupación por la decisión del Gobierno nacional de poner a la venta terrenos públicos ubicados en sectores estratégicos de Tierra del Fuego y advirtió que la medida podría convertirse en un paso previo hacia un proceso de extranjerización del territorio si prosperan las iniciativas que buscan flexibilizar las restricciones para la adquisición de tierras por parte de personas y capitales extranjeros.

En declaraciones a FM Ushuaia, el parlamentario sostuvo que la venta de inmuebles estatales no puede analizarse de manera aislada y la vinculó con los proyectos impulsados desde el Gobierno nacional para modificar el régimen vigente sobre la propiedad de tierras.

Si bien reconoció que la administración nacional posee facultades para disponer de los bienes que le pertenecen, remarcó que tanto la Provincia como los municipios cuentan con herramientas legales para definir el destino y el uso que podrán tener esos espacios una vez que sean transferidos.

“Si hay alguien que quiere hacer un negocio inmobiliario con determinados terrenos, en este caso el Gobierno nacional, me parece que legislar sobre el uso de suelo y sobre todos estos terrenos es muy importante para que esos negocios inmobiliarios que parece que quieren llevar adelante no sean posibles”, sostuvo.

En ese sentido, puso como ejemplo el trabajo que impulsa el Municipio de Río Grande para elaborar una ordenanza de ordenamiento territorial destinada a planificar el crecimiento urbano durante las próximas décadas y establecer criterios sobre los usos permitidos en distintos sectores de la ciudad.

“No podemos oponernos desde la propiedad, pero sí desde el uso que se le va a dar a esos terrenos”, explicó.

Lapadula consideró que esa clase de regulaciones puede transformarse en una herramienta para proteger áreas estratégicas frente a eventuales emprendimientos inmobiliarios o proyectos privados que no respondan a los intereses de la comunidad.

Durante la entrevista también expresó su preocupación por el impacto que, a su entender, podría tener una eventual flexibilización de las normas que limitan la compra de tierras por parte de extranjeros.

“La tierra es algo que no se produce, no va a haber más. No vamos a tener más territorio. Entonces, vender el territorio, extranjerizar nuestros campos, nuestros lagos, la verdad que es sumamente preocupante”, afirmó.

Para el legislador, la discusión trasciende la venta puntual de inmuebles estatales y se relaciona con la preservación de bienes considerados estratégicos para el desarrollo y la soberanía provincial. En ese marco, insistió en la necesidad de que las jurisdicciones locales avancen en normas de ordenamiento territorial que condicionen los usos permitidos y eviten que la comercialización de esos predios derive en grandes negocios inmobiliarios.