La presidente del bloque de La Libertad Avanza, Natalia Gracianía, aseguró que el proyecto de adhesión de Tierra del Fuego al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ya cuenta con dictamen de mayoría de las dos comisiones que lo analizaron y anticipó que buscarán llevarlo a la sesión prevista para fines de agosto. La legisladora reclamó especialmente a los representantes de la zona norte que reconsideren su posición ante la pérdida de puestos laborales. “La gente está necesitando trabajo. El RIGI es una herramienta para poder traer inversiones que generen puestos de trabajo”, sostuvo.
Río Grande, 19 de agosto de 2026.- La presidente del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura provincial, Dra. Natalia Gracianía, confirmó que la adhesión de Tierra del Fuego al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) volverá a ser impulsada en la próxima sesión legislativa y pidió particularmente a los representantes de Río Grande que revisen las posiciones expresadas hasta el momento.
Entrevistada en “La Mañana de la Tecno”, por Radio Universidad 93.5 MHz, Gracianía recordó que La Libertad Avanza presentó el proyecto provincial de adhesión en julio de 2024, luego de la aprobación de la Ley Bases en el Congreso Nacional.
Según cuestionó, durante un largo período la iniciativa no consiguió tratamiento en comisiones.
“Durante muchísimo tiempo no nos permitieron que esto se tratara en comisiones, justamente porque era un proyecto de La Libertad Avanza, era un proyecto de Milei, entonces estaba cajoneado”, afirmó.
La situación cambió posteriormente, cuando la iniciativa logró incorporarse a una agenda abierta y comenzó formalmente su debate legislativo.
El proyecto ya tiene dictamen de mayoría
Gracianía reveló que el escenario parlamentario actualmente es diferente.
“¿Cómo está el RIGI en la Legislatura? Tiene dictamen de mayoría de las dos comisiones en las cuales está. Entonces tenemos la posibilidad de traerlo a la próxima sesión”, explicó.
El objetivo de La Libertad Avanza será volver a colocar la adhesión provincial en el recinto durante la sesión prevista para fines de agosto.
Sin embargo, la legisladora reconoció que todavía existe una cuestión fundamental por resolver: conseguir los votos necesarios.
“Lo que necesitamos son los consensos”, señaló.
Un mensaje dirigido a los legisladores de Río Grande
La parlamentaria puso especialmente el foco sobre quienes representan políticamente a la zona norte de Tierra del Fuego.
Según Gracianía, el deterioro del mercado laboral de Río Grande obliga a revisar posiciones políticas frente a una herramienta que, desde su perspectiva, podría facilitar la llegada de nuevas inversiones.
“La zona norte necesita urgentemente puestos de trabajo, necesita inversiones, necesitamos puestos de trabajo, fuentes de trabajo genuinas. Necesitamos nuevas fuentes de trabajo”, afirmó.
La legisladora planteó entonces dos interrogantes: “¿Cómo hacemos para que la zona norte de Tierra del Fuego se reactive? ¿Cómo hacemos para dar respuesta a la gente que está buscando trabajo y no hay trabajo para esa gente?”.
Para Gracianía, la Legislatura tiene la posibilidad de responder parcialmente a esa situación mediante políticas públicas que generen condiciones para captar inversiones privadas.
“Que revisen las decisiones que han manifestado públicamente”
El reclamo político fue particularmente dirigido hacia los legisladores vinculados con Río Grande que anticiparon reparos o rechazo al régimen.
Gracianía pidió que esas posiciones sean reconsideradas antes de que el proyecto vuelva al recinto.
“Creo que este es el momento en el cual aquellos representantes, sobre todo que conocen y que representan específicamente porque son de la ciudad de Río Grande, revisen las decisiones que han manifestado públicamente”, expresó.
Según la presidente del bloque libertario, el debate no debería quedar condicionado por diferencias partidarias.
“Esto no se trata de una cuestión ideológica, esto se trata de una política pública que queremos implementar”, afirmó.
El RIGI y la Ley 19.640
Otro de los argumentos de Gracianía fue que la adhesión al RIGI no implica reemplazar el régimen de promoción económica establecido por la Ley Nacional 19.640.
Por el contrario, sostuvo que ambas herramientas pueden coexistir.
Definió al RIGI como “una herramienta que puede convivir absolutamente con la 19.640, que es nuestra ley de promoción económica, con el subrégimen industrial”, pero que al mismo tiempo permitiría ampliar las posibilidades de llegada de nuevos capitales.
Desde esa perspectiva, el régimen nacional ofrecería beneficios, estabilidad y seguridad jurídica durante 30 años para determinados proyectos de inversión de gran escala.
Para Gracianía, esas condiciones permitirían que Tierra del Fuego pueda competir con otras provincias argentinas por nuevos emprendimientos.
Mencionó una inversión de 680 millones de dólares en Chubut
La legisladora utilizó como ejemplo una inversión por 680 millones de dólares que, según señaló durante la entrevista, terminó radicándose en Chubut.
Gracianía sostuvo que Tierra del Fuego podría haber tenido condiciones para competir por una inversión de esas características debido a la existencia de pozos maduros en la provincia.
“Podrían habernos mirado porque teníamos los mismos pozos maduros acá, con una posibilidad de que Pan American Energy pudiera haber mirado con interés Tierra del Fuego”, planteó.
Y marcó lo que considera una diferencia decisiva entre ambas jurisdicciones: “¿Cuál es la diferencia con Chubut? No estamos adheridos al RIGI”.
La afirmación fue utilizada por Gracianía para reforzar su reclamo de que Tierra del Fuego vuelva a discutir la adhesión durante la próxima sesión.
Los cuestionamientos ambientales y la minería a cielo abierto
Gracianía también respondió a las objeciones ambientales que aparecieron durante el tratamiento del proyecto.
La legisladora explicó que, a partir de esos planteos, se incorporó al texto provincial una reserva específica vinculada con la legislación fueguina que prohíbe la minería a cielo abierto.
“Escuchando los cuestionamientos ambientales hicimos lugar a poner como una reserva en la adhesión que tiene que ver con una ley que está vigente desde 2011 que prohíbe la minería a cielo abierto”, explicó.
Según sostuvo, la eventual adhesión al régimen nacional no implica que las empresas que lleguen a Tierra del Fuego puedan desconocer la normativa provincial.
“Cualquier inversionista va a mirar cuál es el marco normativo para ver si le conviene venir a Tierra del Fuego o a otra provincia argentina que esté adherida al RIGI”, señaló.
Para Gracianía, las inversiones alcanzadas por el régimen deberán continuar respetando las leyes provinciales aplicables.
“Si no tenemos la adhesión, no nos van a mirar”
La legisladora sintetizó su posición con una definición que considera determinante para la competencia entre provincias por atraer capitales.
“Lo primero que va a mirar es si tenemos esa adhesión. Si no la tenemos, no nos van a mirar, desde ningún punto de vista”, afirmó.
Gracianía sostuvo que Tierra del Fuego corre el riesgo de observar cómo otras provincias captan inversiones, generan actividad y aumentan sus oportunidades laborales mientras numerosos fueguinos deben trasladarse hacia otros distritos en busca de trabajo.
Mencionó específicamente el caso de quienes emigran temporal o definitivamente hacia Vaca Muerta ante la falta de oportunidades laborales en la provincia.
Empleo directo, indirecto y mayor recaudación
La presidente del bloque de La Libertad Avanza aseguró que la llegada de grandes inversiones no solamente podría generar puestos laborales dentro de las compañías que se radiquen en Tierra del Fuego.
También destacó el efecto sobre empresas proveedoras y prestadoras de servicios.
“Si tenemos empresas que se instalen, va a mejorar la recaudación. Y no solamente generan puestos de trabajo directo, sino también trabajo indirecto”, argumentó.
Según Gracianía, una mayor actividad empresarial podría producir un efecto sobre otros sectores de la economía provincial mediante contratación de servicios, proveedores y trabajadores.
“La provincia de Tierra del Fuego necesita despegar, necesita nuevas fuentes de trabajo, necesita mejor recaudación”, sostuvo.
La discusión volverá a fines de agosto
La definición quedará nuevamente en manos de los 15 integrantes de la Legislatura.
La Libertad Avanza llegará al próximo debate con un elemento parlamentario importante: según confirmó Gracianía, el proyecto cuenta actualmente con dictamen de mayoría de las dos comisiones que intervinieron en su tratamiento.
El desafío será transformar ese avance en los consensos necesarios dentro del recinto.
“Lo vamos a volver a presentar en la próxima sesión, que es a fines del mes de agosto, y esperamos que se revisen las decisiones, o por lo menos las posturas”, anticipó.
Para Gracianía, el argumento principal será la situación laboral que atraviesa particularmente Río Grande:
“La gente está necesitando trabajo. El RIGI es una herramienta para poder traer inversiones que generen puestos de trabajo y que generen la respuesta real para la gente”.





















