radiouniversidad.com.ar

La Asociación de Esposas, Esposos, Pensionadas, Familiares e Hijos de Policías Provinciales que prestaron servicio en el ex Territorio aseguró que había solicitado formalmente un encuentro para el 14 de agosto con tres directores de la Caja Policial residentes en Río Grande y con el jefe de la Policía Provincial. Según la entidad, los reclamantes concurrieron pero las autoridades convocadas no se presentaron, por lo que realizaron una exposición policial para dejar constancia. El sector afirma que unas 540 familias continúan esperando respuestas por sus retiros y aportes.

Río Grande, 18 de agosto de 2026.- La situación de retirados y familiares vinculados a la Policía Provincial volvió a generar cuestionamientos hacia las autoridades de la Caja Policial, luego de que una asociación que nuclea a los reclamantes denunciara que tres integrantes de su Directorio y el jefe de la Policía Provincial no concurrieron a una reunión que había sido solicitada formalmente en Río Grande.

La presentación fue realizada por la Asociación de Esposas, Esposos, Pensionadas, Familiares e Hijos de Policías Provinciales que prestaron servicio en el ex Territorio, cuyos integrantes vienen reclamando desde hace más de quince meses respuestas relacionadas con haberes de retiro y los aportes realizados durante sus años de servicio.

Según informó la organización, el pedido de reunión fue presentado el 11 de agosto para concretar el encuentro el día 14, a las 11 horas, con los directores Carlos Rafael Debaz, Miguel Ángel Morinigo y Claudio Ramón Pérez, quienes —de acuerdo con la Asociación— tienen residencia declarada en Río Grande, y con el jefe de la Policía Provincial, comisario general Mg. Jacinto Rolón.

Una reunión solicitada en la misma ciudad

Uno de los principales cuestionamientos planteados por la entidad radica precisamente en que el encuentro no requería el traslado de los directores hacia otra localidad de la provincia.

La reunión había sido propuesta en Río Grande, donde, según señalan los reclamantes, residen los tres integrantes del Directorio convocados.

En el documento difundido, la Asociación asegura que recibió explicaciones vinculadas con los denominados gastos de representación, cuya percepción habría sido modificada a partir de una ley sancionada en junio de este año.

Este punto fue utilizado por los reclamantes para cuestionar que eventuales dificultades económicas o administrativas puedan condicionar la participación de los directores en reuniones desarrolladas en la misma ciudad en la que residen.

La entidad planteó irónicamente qué gastos de representación podrían ser necesarios para cumplir funciones dentro de la propia localidad.

Más de quince meses de reclamos

Más allá de la controversia por la reunión, el conflicto de fondo está relacionado con la situación que atraviesan retirados y familias vinculadas a la fuerza.

La Asociación sostiene que lleva más de quince meses presentando notas, realizando gestiones y reclamando el pago de haberes que considera correspondientes a derechos adquiridos después de décadas de aportes.

Según la organización, la situación alcanza actualmente a alrededor de 540 familias.

También reclama información sobre la administración de los recursos de la Caja y el destino de los aportes realizados por quienes prestaron servicios durante décadas en la Policía fueguina.

Estas afirmaciones forman parte del reclamo formulado por la entidad y requieren las correspondientes respuestas institucionales de las autoridades de la Caja y de los organismos involucrados.

Eligieron una comisaría para realizar el encuentro

Otro aspecto particular fue el lugar elegido por los reclamantes para mantener la reunión.

La Asociación propuso como ámbito la Comisaría Primera de Río Grande.

La decisión, según explicaron, estuvo relacionada con una publicación realizada el 27 de mayo de 2026 en la página oficial de la Caja, en la que se habría hecho referencia a agresiones físicas, insultos y descalificaciones hacia integrantes del organismo y a la necesidad de contar con garantías de seguridad.

Frente a esa situación, los reclamantes consideraron que una dependencia policial constituía un ámbito adecuado para desarrollar el diálogo con garantías para todas las partes.

La organización rechazó, al mismo tiempo, que su intención sea generar situaciones violentas y sostuvo que sus presentaciones buscan obtener respuestas acerca de sus haberes, aportes y la administración de la Caja.

La fecha llegó, pero la reunión no se concretó

Según la reconstrucción realizada por la Asociación, el 14 de agosto los reclamantes concurrieron al lugar establecido a la hora indicada.

Sin embargo, afirman que los tres directores convocados y el jefe de Policía no se presentaron.

Ante la ausencia de las autoridades y la falta de respuesta al pedido formulado, decidieron realizar una exposición policial para dejar constancia de lo ocurrido.

La circunstancia fue destacada por la organización como una paradoja: debieron recurrir a una dependencia de la propia Policía Provincial para dejar asentada formalmente la ausencia de autoridades vinculadas a la institución en una reunión solicitada para tratar la problemática.

Cuestionamientos al mecanismo de designación

El documento difundido también cuestiona la forma en que son seleccionadas las autoridades que conducen la Caja.

Según plantea la Asociación, los integrantes del Directorio no son elegidos directamente por los beneficiarios, sino que su designación se produce dentro del esquema institucional de la Policía y el Poder Ejecutivo.

Para los reclamantes, esa situación plantea un problema de representatividad, especialmente cuando existen conflictos relacionados con la administración de recursos y derechos de quienes aportaron al sistema.

La entidad considera que los beneficiarios deberían tener respuestas directas de quienes conducen el organismo y reclama mayores mecanismos de diálogo y rendición de cuentas.

Gastos de representación, otro punto del conflicto

El escrito dedica un apartado particularmente crítico a los denominados gastos de representación percibidos por integrantes del Directorio.

La Asociación sostiene que esos conceptos fueron cobrados durante aproximadamente dos años y contrasta esa situación con la demora que denuncian respecto de los haberes reclamados por retirados.

Sin embargo, el documento no aporta información suficiente para determinar individualmente qué montos fueron percibidos, bajo qué resoluciones, durante qué períodos exactos ni cuál fue el alcance de la modificación legal mencionada, por lo que estos aspectos requerirán información oficial para poder establecerse con precisión.

El planteo de los reclamantes apunta, fundamentalmente, a conocer cómo fueron administrados los recursos de la Caja y cuáles son las razones por las que, según denuncian, continúan sin percibir los haberes correspondientes.

Un reclamo que espera respuestas oficiales

La Asociación atribuyó responsabilidades pendientes tanto a los directivos de la Caja como a la Jefatura de Policía y al Poder Ejecutivo provincial.

Más allá del tono crítico utilizado en el documento original, el episodio deja una situación concreta que requiere esclarecimiento: existió un pedido formal de reunión y, de acuerdo con la versión de los reclamantes, el encuentro no pudo concretarse por la ausencia de las autoridades convocadas.

Quedará ahora conocer la posición de los integrantes del Directorio y de la Jefatura de Policía respecto de los motivos por los cuales no asistieron, la situación de los haberes reclamados, los cuestionamientos sobre los gastos de representación y las respuestas a los pedidos de información sobre los aportes y recursos administrados por la Caja.

Mientras tanto, las familias representadas por la Asociación aseguran que continuarán reclamando aquello que vienen solicitando desde hace más de quince meses: respuestas institucionales y una solución para quienes esperan percibir sus retiros.