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El Defensor Público Oficial Federal de Tierra del Fuego cuestionó la suspensión del proceso electoral vinculado a la reforma constitucional y sostuvo que la salida a la crisis “no es jurídica, sino política y de consenso”. “Estoy completamente indignado con el freno de las elecciones”, dijo el magistrado.

Ushuaia.- El Defensor Público Oficial Federal de Tierra del Fuego, José Bongiovanni, expresó su fuerte preocupación por el escenario institucional que atraviesa la provincia tras la suspensión del proceso electoral para la elección de convencionales constituyentes, y calificó la situación como “gravísima”.

En declaraciones públicas, el funcionario cuestionó duramente la paralización del cronograma electoral y defendió el derecho de la ciudadanía a expresarse en las urnas, particularmente en un proceso vinculado al poder constituyente.

“Estoy completamente indignado por el hecho de que se haya frenado un proceso electoral, este o cualquier otro. Presumir que la comunidad no tiene que votar porque es incompetente, o por los plazos, es una aberración”, sostuvo Bongiovanni.

El defensor federal remarcó que el voto popular debe prevalecer por encima de interpretaciones restrictivas y consideró que, cuando existen mecanismos de participación directa, estos deben priorizarse frente a las herramientas de representación tradicional.

“El valor del voto está por encima de todo, sobre todo en materia de poder constituyente”, afirmó.

En ese sentido, profundizó su mirada sobre la democracia representativa y el rol de la ciudadanía en decisiones trascendentales para la vida institucional de la provincia.

“Ninguna interpretación jurídica puede privilegiar mecanismos de democracia indirecta cuando son posibles los mecanismos de democracia directa. La representación es un mal necesario, no un fin en sí mismo”, sentenció.

Bongiovanni utilizó además un concepto particularmente duro para describir el momento político e institucional que vive Tierra del Fuego: “Estamos en un estado de anomia”.

Según explicó, existe una creciente percepción social de desorden institucional producto de decisiones contrapuestas entre distintos poderes del Estado y actores del sistema judicial y político.

“No se están respetando las normas. El Superior Tribunal suspendió un proceso electoral sin plazo, una Legislatura quiso revertirlo, la jueza electoral tomó decisiones sin que nadie se lo pidiera. La gente percibe esa anomia”, advirtió.

Las declaraciones del Defensor Público Oficial Federal se producen en medio de una fuerte controversia institucional generada tras la suspensión del proceso electoral para elegir convencionales constituyentes, convocado originalmente para el próximo 9 de agosto por el gobernador Gustavo Melella mediante el Decreto 0751/26.

El conflicto se profundizó luego de que la Legislatura provincial aprobara la derogación de la Ley Provincial Nº 1529 —norma que había declarado la necesidad de la reforma parcial de la Constitución fueguina—, abriendo un complejo debate jurídico y político sobre la continuidad o no del proceso constituyente.

En ese marco, distintos sectores políticos, jurídicos y académicos vienen manifestando posiciones contrapuestas respecto de la validez de las decisiones adoptadas tanto por el Poder Judicial como por la Legislatura y el Ejecutivo provincial.

Para Bongiovanni, sin embargo, la solución al conflicto no llegará exclusivamente desde los tribunales.

“El remedio a esta crisis no es jurídico, sino el consenso”, concluyó.