Durante una asamblea de la Federación Argentina de Municipios (FAM), intendentes de distintas localidades del país expresaron su respaldo a la decisión del Municipio de Río Grande de intervenir en la causa judicial contra la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas. El intendente Martín Pérez destacó la importancia de llevar el reclamo a los ámbitos nacionales y reafirmó que la defensa de la soberanía argentina sobre las islas también comprende la protección de los recursos naturales y del patrimonio ambiental del Atlántico Sur.
Río Grande, 8 de octubre de 2026.- El intendente Martín Pérez llevó a la Asamblea de la Federación Argentina de Municipios (FAM) el reclamo judicial impulsado contra la explotación de hidrocarburos en el área de las Islas Malvinas, obteniendo el acompañamiento de jefes comunales de distintos puntos del país a las acciones judiciales que acompaña el Municipio de Río Grande.
La posición fue expresada durante el encuentro de la entidad que reúne a municipios argentinos, donde se abordó la necesidad de fortalecer la defensa de los intereses soberanos del país y respaldar las iniciativas destinadas a impedir el aprovechamiento no autorizado de recursos naturales en el Atlántico Sur.
El acompañamiento institucional se produce luego de que la Justicia Federal de Río Grande admitiera la participación del Municipio en la causa vinculada con el proyecto hidrocarburífero que desarrollan las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum en la Cuenca Malvinas.
La intervención municipal se enmarca en una acción colectiva que cuestiona las actividades de explotación petrolera promovidas en aguas circundantes a las islas, bajo administración británica y cuya soberanía es reclamada por la República Argentina.
Martín Pérez: “Río Grande es referencia nacional en la defensa de la soberanía”
Tras la asamblea, el Jefe comunal valoró el respaldo recibido por parte de sus pares y destacó que la participación de los municipios permite ampliar el alcance institucional de un reclamo que involucra intereses estratégicos nacionales.
“Río Grande es referencia nacional en la defensa de la soberanía nacional y la Causa Malvinas. Tenemos la responsabilidad de poner voz a nivel nacional y marcar el rumbo en estos ámbitos”, expresó Martín Pérez.
El mandatario riograndense recordó que la decisión de intervenir en la causa judicial responde a una posición que el Municipio viene sosteniendo respecto de la protección de los recursos naturales del Atlántico Sur.
“Río Grande no puede ser indiferente frente a la explotación de los recursos naturales argentinos en el Atlántico Sur”, había manifestado al anunciar la presentación judicial.
En aquella oportunidad, también sintetizó la posición municipal al señalar que “defender Malvinas también es actuar”, remarcando la necesidad de acompañar los pronunciamientos institucionales con iniciativas concretas ante los organismos competentes.
El Intendente sostuvo además que la defensa de los derechos soberanos argentinos sobre Malvinas no debe limitarse a la reivindicación histórica, sino incorporar las problemáticas actuales relacionadas con la explotación de recursos naturales, la protección ambiental y los intereses de las futuras generaciones.
“Malvinas no es solamente memoria. Es presente. Es ambiente, recursos naturales, soberanía y futuro”, había afirmado al valorar la intervención de la Justicia Federal de Río Grande.
La FAM expresó su preocupación por las políticas nacionales sobre tierras
En el marco del encuentro, la Secretaría de Malvinas y Soberanía de la Federación Argentina de Municipios difundió un comunicado en el que reafirmó que la defensa de la soberanía debe comprender tanto a las Islas Malvinas como a la totalidad del territorio nacional.
El pronunciamiento también incluyó cuestionamientos a determinadas políticas del Gobierno nacional relacionadas con la propiedad y extranjerización de tierras.
En ese sentido, la entidad expresó su preocupación por lo que considera una utilización de la Causa Malvinas como una “cortina de humo” para avanzar con medidas que, según su interpretación, podrían afectar la soberanía y la integridad territorial argentina.
Asimismo, manifestó su rechazo a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, por cuestiones formales y procesales, dejó sin efecto una declaración de inconstitucionalidad vinculada con el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, referido a modificaciones en el régimen legal de tierras rurales.
Desde la Federación cuestionaron las consecuencias que, a su entender, podría tener la eliminación de restricciones a la adquisición de tierras por parte de personas y empresas extranjeras.
De esta manera, el organismo vinculó la defensa de los derechos argentinos sobre Malvinas con una concepción más amplia de la soberanía territorial y del control sobre los recursos estratégicos del país.
La intervención judicial del Municipio de Río Grande
La participación del Municipio en la causa judicial contra el desarrollo hidrocarburífero en la Cuenca Malvinas constituye uno de los ejes de la posición institucional sostenida por la gestión de Martín Pérez.
La presentación se relaciona con el avance del proyecto petrolero conocido como Sea Lion, impulsado por compañías que desarrollan actividades en el área de las islas sin autorización del Estado argentino.
La controversia comprende tanto los derechos soberanos de la Argentina sobre los recursos naturales como los posibles impactos ambientales derivados de la actividad hidrocarburífera en el Atlántico Sur.
En ese contexto, la admisión judicial de la participación municipal permitió que Río Grande se incorporara formalmente al proceso como parte interesada, acompañando los planteos impulsados contra las actividades cuestionadas.
Martín Pérez ha señalado en distintas oportunidades que la ciudad, por su ubicación geográfica, su historia y su vínculo con la Causa Malvinas, tiene una responsabilidad particular en la defensa de los intereses argentinos en el Atlántico Sur.
“Río Grande es un faro de soberanía”, había expresado al fundamentar el acompañamiento municipal a las acciones judiciales.
El respaldo recibido en la asamblea de la FAM incorpora ahora una nueva instancia de acompañamiento político e institucional al reclamo que se tramita ante la Justicia Federal.
Una entidad que representa a municipios de todo el país
La Federación Argentina de Municipios fue creada mediante una ley nacional en 1997 y reúne a más de quinientos municipios de distintas provincias argentinas.
Entre sus principales objetivos se encuentran constituir un ámbito de encuentro y articulación institucional entre los gobiernos locales, representar los intereses de sus asociados ante las autoridades nacionales y provinciales, y promover la defensa de la autonomía municipal.
La entidad también interviene en debates relacionados con el desarrollo territorial, las políticas públicas y distintas cuestiones de interés nacional que involucran a los municipios.
En este marco, el acompañamiento expresado durante la asamblea permite trasladar la discusión sobre la explotación hidrocarburífera en Malvinas a un espacio de representación municipal de alcance nacional.
Para la gestión de Martín Pérez, este respaldo representa una oportunidad de ampliar la participación de los gobiernos locales en la defensa de los derechos argentinos sobre las islas y los recursos naturales del Atlántico Sur.
La iniciativa se suma a las acciones institucionales que el Municipio de Río Grande viene desarrollando en torno a la Causa Malvinas, con el propósito de mantener vigente el reclamo soberano y acompañar las actuaciones judiciales destinadas a cuestionar la explotación de hidrocarburos sin autorización argentina.





















