El gobernador Gustavo Melella firmó el decreto que declara por un año la emergencia salarial docente en Tierra del Fuego, uno de los compromisos asumidos en la negociación que permitió encauzar el conflicto con SUTEF. La medida habilita a Educación y Economía a analizar la pérdida de poder adquisitivo, elaborar alternativas de recomposición salarial y efectuar adecuaciones presupuestarias. Tras la aceptación de la propuesta por parte de la docencia, comienza ahora una nueva etapa de mesas técnicas para instrumentar los distintos puntos del acuerdo.
Ushuaia, 20 de septiembre de 2026.- El gobernador Gustavo Melella formalizó la declaración de emergencia salarial docente en Tierra del Fuego por un período de 12 meses, convirtiendo en una herramienta administrativa uno de los principales compromisos asumidos por el Ejecutivo provincial durante las negociaciones con el Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF).
La medida surge de la Mesa Técnica realizada el 14 de septiembre y forma parte de la propuesta de acuerdo social y educativo integral impulsada por el Gobierno provincial para encauzar el prolongado conflicto con el sector docente.
La declaración había sido anticipada por el propio Melella durante la reunión con los representantes sindicales, cuando reconoció la existencia de una problemática salarial y sostuvo que la emergencia permitiría adoptar medidas excepcionales y avanzar en una reestructuración de recursos.
La propuesta fue posteriormente sometida a consideración de la docencia y aceptada por mayoría mediante los mandatos de las instituciones educativas de toda la provincia. SUTEF comunicó formalmente esa decisión al Ministerio de Educación el jueves 17 de septiembre y planteó la necesidad de establecer fechas concretas para comenzar a trabajar sobre cada uno de los compromisos asumidos.
Qué permite hacer la emergencia salarial
El decreto establece un marco de vigencia de 12 meses durante el cual los ministerios de Educación y de Economía podrán elaborar informes técnicos sobre la evolución del poder adquisitivo de los trabajadores de la educación y analizar los diferentes componentes que integran sus remuneraciones.
Sobre esa base, las áreas provinciales estarán facultadas para formular alternativas de recomposición salarial y efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias para instrumentarlas.
Sin embargo, la propia medida establece un límite concreto: esas modificaciones deberán realizarse dentro de los créditos presupuestarios autorizados y respetando la normativa vigente.
De esta manera, la declaración de emergencia no implica por sí misma la definición automática de un determinado incremento salarial, sino que genera el marco administrativo para elaborar y poner en práctica las herramientas de recomposición que se acuerden durante los próximos meses.
También contempla la posibilidad de implementar medidas excepcionales destinadas a fortalecer las remuneraciones docentes, en articulación con los distintos compromisos incluidos dentro del acuerdo integral.
“No es una medida aislada”
El ministro de Educación, Pablo López Silva, explicó que la decisión debe ser interpretada dentro del conjunto de medidas acordadas con el sector.
“Este decreto es parte del compromiso que asumimos para alcanzar un acuerdo con el sector docente. No es una medida aislada: es una herramienta que nos permite avanzar administrativamente en las soluciones que fueron planteadas en la mesa de diálogo”, sostuvo.
El funcionario remarcó además que la intención del Ejecutivo es comenzar a traducir los puntos negociados en medidas concretas.
“Estamos dando pasos concretos para transformar en herramientas de gestión los compromisos que asumimos. La responsabilidad es de todos: del Estado, de los trabajadores de la educación y de toda la comunidad. Nuestro objetivo es que este acuerdo nos permita mirar hacia adelante y trabajar por una educación pública fortalecida”, afirmó.
Una nueva etapa después del conflicto
La firma del decreto se produce después de varias semanas de conflicto docente y tras la aceptación de la propuesta oficial por parte de SUTEF, que permitió levantar el paro por tiempo indeterminado y avanzar hacia la recuperación de la actividad escolar.
El acuerdo, sin embargo, no cierra la discusión salarial. El propio sindicato sostuvo al comunicar su aceptación que comienza “una nueva etapa” y vinculó el proceso con su reclamo para alcanzar el Salario Mínimo, Vital y Móvil en el cargo de turno simple. Asimismo, reclamó la conformación de las mesas técnicas necesarias para determinar la instrumentación de los distintos puntos.
En ese marco, Gobierno y SUTEF acordaron una nueva reunión para este lunes 21 de septiembre a las 14 horas, destinada a planificar las distintas mesas de trabajo que deberán avanzar sobre los compromisos asumidos.
La emergencia salarial se integra además a una propuesta más amplia presentada por el Ejecutivo, que incluye la búsqueda de nuevas herramientas de financiamiento educativo, el abordaje de las condiciones laborales y de salud de los trabajadores y la recuperación de los aprendizajes afectados durante la interrupción de las clases.
“Este decreto es parte del acuerdo integral: convertir el compromiso en acciones concretas y avanzar, entre todos, en las soluciones que necesita la educación fueguina”, resumió López Silva.
Con la emergencia salarial ya formalizada, la discusión ingresa ahora en una instancia decisiva: determinar mediante las mesas técnicas cómo se traducirá ese marco excepcional en medidas concretas sobre los ingresos docentes durante los próximos 12 meses.





















