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El intendente Martín Pérez reclamó explicaciones al Gobierno nacional ante la denuncia sobre presencia de personal militar extranjero en Tierra del Fuego y pidió al Congreso verificar si existe la autorización constitucional correspondiente. Además, respaldó la continuidad de las obras de la Base Naval de Ushuaia, pero advirtió que esa decisión no puede convertirse en una vía para permitir la militarización del territorio argentino por parte de otras potencias. En paralelo, ratificó la presentación de Río Grande ante la Justicia Federal frente a la explotación petrolera británica en el área de Malvinas y confirmó gestiones para sumar a otros municipios de la costa patagónica.

Río Grande, 14 de septiembre de 2026.- El intendente Martín Pérez expresó su preocupación ante la denuncia sobre la presencia de personal militar perteneciente a una potencia extranjera en Tierra del Fuego y reclamó al Poder Ejecutivo Nacional que informe públicamente cuál es la situación, al tiempo que pidió la intervención del Congreso de la Nación para determinar si se están cumpliendo las exigencias establecidas por la Constitución Nacional.

“La presencia de personal militar de una potencia extranjera en Tierra del Fuego es preocupante. ¿Tienen aprobación del Congreso como exige nuestra Constitución Nacional?”, planteó Martín Pérez a través de sus redes sociales.

El Intendente hizo referencia a una información difundida por Agenda Malvinas y sostuvo que corresponde que las autoridades nacionales esclarezcan los hechos.

“El Poder Ejecutivo Nacional debe informar con precisión la situación denunciada por el medio Agenda Malvinas y, en el marco de sus competencias de control, el propio Congreso debe verificar el posible incumplimiento de lo dispuesto por la Constitución Nacional en el artículo 75 inciso 28”, señaló.

“Únicamente las Fuerzas Armadas Argentinas”

Martín Pérez vinculó su planteo con el reciente anuncio presidencial de dar continuidad a las obras de construcción de la Base Naval de Ushuaia y marcó una diferenciación entre la importancia estratégica de finalizar esa infraestructura y cualquier eventual utilización por fuerzas militares extranjeras.

“La decisión anunciada por el Presidente de dar continuidad a las obras de construcción de la Base Naval de Ushuaia, paralizadas tras casi tres años, no debe convertirse en un intento de meter por la ventana la militarización del territorio argentino por parte de potencias extranjeras”, advirtió.

En ese sentido, fijó una posición categórica: “Únicamente las Fuerzas Armadas Argentinas deben tener permitido el uso de la base”.

“Ninguna ley ni mucho menos la Constitución Nacional avalan la militarización de nuestro territorio por parte de otros países”, agregó Martín Pérez.

La presentación judicial por la explotación petrolera en Malvinas

Las declaraciones se suman a los conceptos que el Intendente había expresado durante una rueda de prensa realizada este lunes, donde volvió a referirse a la presentación efectuada por el Municipio de Río Grande ante la Justicia Federal en la causa relacionada con la explotación petrolera en el área de las Islas Malvinas.

Martín Pérez recordó que el viernes pasado el Municipio se presentó como parte interesada en la causa iniciada a partir de la demanda del CECIM La Plata y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas.

Explicó que la intervención municipal responde a las obligaciones establecidas por la Carta Orgánica de Río Grande tanto en materia de defensa de la soberanía como de protección ambiental.

“Entendemos que primero que nada tenemos una manda de la Carta Orgánica que establece que tenemos que no solo defender nuestra soberanía, como siempre lo hacemos, sino también proteger a Río Grande de posible daño ambiental”, afirmó.

El Intendente sostuvo que existe preocupación por una explotación de hidrocarburos que calificó como “completamente ilegal” y advirtió sobre los riesgos derivados de una actividad desarrollada en condiciones climáticas adversas y sobre la que, según expresó, existen interrogantes respecto de los mecanismos de control.

Buscan sumar a las ciudades de la costa patagónica

Martín Pérez reveló además que Río Grande inició contactos con intendentes de localidades costeras de la Patagonia para invitarlos a incorporarse a la presentación judicial.

En particular, confirmó conversaciones con el intendente de Río Gallegos y señaló que los equipos jurídicos de ambos municipios ya se encuentran en contacto.

“Somos las dos ciudades que estamos justo enfrente de lo que se está haciendo ilegalmente con nuestros hidrocarburos”, sostuvo Martín Pérez al referirse a Río Grande y Río Gallegos.

El mandatario municipal consideró que sumar ciudades al planteo permitirá darle mayor fortaleza institucional al reclamo y apuntó a que posteriormente la Cancillería argentina pueda impulsar las actuaciones correspondientes.

“Cuantas más voces seamos, más fuerza podemos generar”, expresó, y fue más allá al plantear cuál debería ser el objetivo respecto de las empresas que operan en el área: “Que se retiren, que se vayan. No tienen nada que hacer en ese lugar, ese lugar nos pertenece”.

Martín Pérez también valoró la decisión del Juzgado Federal de Río Grande de declararse competente en la causa, al considerar que abre una herramienta para intentar detener la explotación cuestionada.

Críticas a Milei y un reclamo por acciones concretas

Durante la rueda de prensa, Martín Pérez también cuestionó el cambio de posición del presidente Javier Milei respecto de la cuestión Malvinas. Consideró positivo que actualmente exista una reivindicación más enfática de la soberanía argentina, aunque atribuyó el giro presidencial a razones electorales.

“Por suerte recapacitó, por suerte comprendió que las Malvinas son argentinas, primero que nada”, manifestó Martín Pérez.

Sin embargo, reclamó que las expresiones políticas se traduzcan en medidas efectivas.

“Esperemos que se puedan llevar adelante acciones concretas y en ese camino estamos”, afirmó al recordar la presentación realizada ante la Justicia Federal y señalar que espera que posteriormente Cancillería tramite los exhortos correspondientes.

De esta manera, Martín Pérez reunió en un mismo posicionamiento dos cuestiones que considera directamente vinculadas con la soberanía en el Atlántico Sur: por un lado, el rechazo a la explotación británica de hidrocarburos en el área de Malvinas y, por otro, la exigencia de que la reactivación de la Base Naval de Ushuaia mantenga un carácter exclusivamente argentino y no habilite presencia militar extranjera sin las autorizaciones constitucionales correspondientes.