El proyecto de Presupuesto 2027 marca un giro en la política de personal del Gobierno provincial. Durante la gestión de Gustavo Melella ingresaron más de 6.500 trabajadores al Estado y alrededor del 65% de esas incorporaciones correspondieron al sistema educativo. Ahora, con un resultado financiero proyectado en rojo, el Ejecutivo propone retiros voluntarios, congelamiento de vacantes y la eliminación definitiva de los cargos que queden libres. El oficialismo buscaría además el acompañamiento del PJ para avanzar con el paquete en la Legislatura. Para el año que viene, la Provincia estima gastos por aproximadamente $2,74 billones frente a recursos del orden de los $2,60 billones, lo que arroja un resultado financiero negativo cercano a los $138 mil millones.
Ushuaia, 1 de septiembre de 2026.- El gobierno de Gustavo Melella incorporó al proyecto de Presupuesto 2027 una serie de medidas que apuntan directamente a contener y reducir la estructura de personal de la administración pública provincial, luego de años en los que la planta estatal experimentó un importante crecimiento.
Uno de los puntos centrales está contenido en el artículo 22, que crea un régimen de retiro voluntario destinado a trabajadores de planta permanente que cuenten con al menos diez años de antigüedad.
De acuerdo con el proyecto, el mecanismo podrá alcanzar hasta el 5% de los cargos presupuestarios vigentes, aunque contempla excepciones para determinados sectores considerados esenciales, entre ellos médicos y profesionales sanitarios, personal policial y del Servicio Penitenciario.
Pero el aspecto de mayor impacto no está solamente en la posibilidad de que los agentes abandonen voluntariamente la administración pública, sino en lo que ocurrirá posteriormente con esos puestos.
Los cargos correspondientes a quienes adhieran al régimen deberán ser eliminados y no podrán volver a utilizarse para futuras incorporaciones. Es decir, una vez concretado el retiro del trabajador, también desaparecerá el cargo de la estructura presupuestaria provincial.
Vacantes congeladas y reorganización del Estado
El proyecto de Presupuesto establece además, como regla general, restricciones para la cobertura de vacantes y otorga al Poder Ejecutivo herramientas para reorganizar, reestructurar o centralizar organismos y dependencias.
El argumento oficial apunta a evitar superposiciones administrativas, mejorar la utilización de los recursos y reducir gastos de funcionamiento.
En los hechos, el conjunto de medidas configura un cambio importante respecto de la política de personal desarrollada durante los últimos años.
Durante la gestión de Gustavo Melella ingresaron más de 6.500 trabajadores al Estado provincial. De ese total, aproximadamente el 65% correspondió al sistema educativo, lo que representa más de 4.200 incorporaciones vinculadas a ese sector.
Después de un período caracterizado por la expansión de la planta estatal, el Gobierno comienza ahora a incorporar herramientas destinadas a contenerla y, mediante el régimen de retiros, reducirla progresivamente.
Un presupuesto con resultado negativo
El giro encuentra parte de su explicación en los números proyectados para el próximo ejercicio.
Para 2027, la Provincia estima gastos por aproximadamente $2,74 billones frente a recursos del orden de los $2,60 billones, lo que arroja un resultado financiero negativo cercano a los $138 mil millones.
La composición del gasto también expone las dificultades estructurales: casi el 97% del presupuesto estará destinado a gastos corrientes, mientras que apenas alrededor del 3,3% corresponderá a gastos de capital.
En ese escenario, salarios, funcionamiento del Estado, transferencias y demás erogaciones corrientes absorben prácticamente la totalidad de los recursos provinciales, dejando un margen reducido para inversión.
La negociación política en la Legislatura
La discusión del Presupuesto 2027 tendrá además un componente estrictamente político.
El oficialismo necesitará construir los consensos necesarios dentro de la Legislatura para aprobar no solamente las proyecciones de ingresos y gastos, sino también los artículos que habilitan el régimen de retiro voluntario, la eliminación de cargos y la reorganización de estructuras administrativas.
En ese marco, el Gobierno buscaría obtener el acompañamiento del Partido Justicialista para avanzar con la aprobación del paquete.
Formalmente, el proyecto no establece despidos: quienes ingresen al régimen deberán hacerlo voluntariamente.
Sin embargo, el efecto buscado sobre la estructura estatal aparece expresamente definido. Cada retiro implicará la desaparición del cargo correspondiente, mientras que las vacantes quedarán restringidas y el Ejecutivo contará con mayores facultades para reorganizar dependencias.
El contraste político resulta inevitable.
Después de una gestión durante la cual ingresaron más de 6.500 trabajadores al Estado provincial, el Presupuesto 2027 muestra un cambio de dirección: el mismo Gobierno que amplió considerablemente su planta durante los últimos años comienza ahora a diseñar los mecanismos para reducirla.





















