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Juan Carlos Pino sostuvo que “la agenda de la gente no es la reforma constitucional” y pidió cerrar el debate

El legislador del Partido Justicialista respaldó la insistencia para derogar la Ley 1529 y aseguró que la provincia atraviesa una crisis social, económica y laboral que obliga a concentrar los esfuerzos en los problemas cotidianos de la población. También recordó el contexto político en el que fue aprobada originalmente la norma en diciembre de 2023.

Ushuaia.- El legislador provincial del Partido Justicialista, Juan Carlos Pino, respaldó la insistencia legislativa para dejar sin efecto la Ley 1529 de reforma constitucional y aseguró que la provincia atraviesa una situación social y económica que vuelve inoportuno continuar con el proceso impulsado por el Ejecutivo provincial.

Durante su intervención en el recinto, Pino sostuvo que gran parte del debate jurídico ya había sido suficientemente desarrollado por otros parlamentarios, aunque remarcó que la discusión no puede separarse del contexto político y social actual de Tierra del Fuego.

“Mucho de lo que se ha fundamentado tiene que ver también con la situación política que hoy se vive en la provincia”, afirmó.

El legislador peronista recordó además el escenario en el que fue aprobada originalmente la Ley 1529, en diciembre de 2023, y apuntó contra la composición política de aquella Legislatura y los acuerdos que existían en ese momento.

“Fue una Legislatura que sesionó el 13 o 14 de diciembre de 2023, con legisladores que ya estaban de salida de este recinto”, señaló.

En ese sentido, recordó que muchos de los dirigentes y sectores políticos que acompañaron aquella votación posteriormente integraron el oficialismo provincial.

“Si uno revisa las listas partidarias de 2023, muchos de los que votaron eso estaban conformados dentro de FORJA. Incluso muchos peronistas integraron esa lista y después fueron funcionarios del Gobierno provincial”, expresó.

No obstante, Pino aclaró que el Partido Justicialista no tiene inconvenientes en reconocer el contexto político de aquel momento.

“El Partido Justicialista no se esconde ante esta situación”, afirmó.

Sin embargo, remarcó que la realidad actual de la provincia es completamente distinta y que la discusión constitucional quedó desplazada por las urgencias sociales.

“La agenda de la gente no es esta. No es lo que estamos discutiendo hoy”, sostuvo.

El legislador describió luego el complejo escenario económico que atraviesa especialmente la ciudad de Río Grande, con cierres de empresas, suspensiones y despidos laborales.

“La agenda de la gente es cómo llega a fin de mes. Es lo que está pasando en Río Grande, donde las textiles han cerrado, donde hay suspensiones y despidos de trabajo”, manifestó.

También hizo referencia a los reclamos sociales vinculados al acceso al gas envasado y recordó que minutos antes de la sesión habían recibido a vecinos afectados por la reducción de subsidios.

“Hace un rato atendimos vecinos que están reclamando por los 240 y 440 kilos de gas y nosotros estamos discutiendo una realidad distinta”, cuestionó.

Pino señaló además que la Legislatura viene recibiendo permanentemente reclamos vinculados a educación, salud, salarios y asistencia social.

“Tenemos estudiantes reclamando por la situación edilicia, docentes reclamando salarios, problemas en la obra social y vecinos atravesando situaciones sociales muy complicadas”, enumeró.

En otro tramo de su exposición, recordó que en marzo de 2024 existió la posibilidad de avanzar con el proceso reformista, aunque finalmente no se lograron los consensos necesarios.

“El 25 de marzo de 2024 también se trató el tema en esta Legislatura, pero no estaban los consensos. Era otra situación totalmente distinta”, explicó.

Según consideró, en aquel momento el contexto político y económico permitía evaluar el avance de una reforma constitucional, aunque el escenario actual ya no lo hace viable.

“Se podría haber llamado tranquilamente en 2024. Hoy no es el momento de esta elección”, sostuvo.

El legislador insistió además en que la provincia necesita poner fin a una discusión política que se prolongó demasiado y comenzar a enfocarse en resolver problemas concretos.

“Parece que le tenemos que dar un corte final a esta discusión y empezar a buscar soluciones reales que hoy necesita la gente”, expresó.

Sobre el cierre, Pino destacó que ya existe una voluntad política mayoritaria dentro de la Cámara para dejar atrás el debate constitucional.

“Hoy ya estamos sobre un hecho consumado donde hay una voluntad de este cuerpo legislativo”, afirmó.

Y concluyó: “Me parece que estamos en condiciones de votar esta ley y ponerle otra agenda: la agenda de la gente”.

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