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La jefa de Gabinete del Municipio capitalino cuestionó la decisión del gobernador Gustavo Melella de vetar la norma aprobada por la Legislatura y alertó sobre el impacto financiero que generan las demoras en el envío de fondos coparticipables. “Si tenemos que avanzar judicialmente lo vamos a hacer”, advirtió.

Ushuaia.- La jefa de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Yesica Garay, expresó la “mucha preocupación” existente en el Ejecutivo capitalino luego del veto dispuesto por el gobernador Gustavo Melella a la Ley de Goteo automático de coparticipación aprobada por la Legislatura provincial.

Si bien reconoció que el veto “era una de las posibilidades” que manejaba el Municipio, la funcionaria sostuvo que la decisión provincial agrava la incertidumbre financiera y afecta directamente el funcionamiento cotidiano de la administración local.

“Este veto nos afecta y nos perjudica a todos por igual, al Municipio, a los vecinos y a los trabajadores municipales”, afirmó Garay.

En esa línea, explicó que las demoras en la transferencia de recursos impiden planificar con previsibilidad la gestión municipal y complican tanto el sostenimiento de servicios esenciales como la relación con proveedores y trabajadores.

“Por más buena voluntad que tengamos, si no llegan los recursos es imposible proyectar y garantizar pagos a proveedores, la prestación de servicios, la planificación de nuevos programas y sentarnos a una mesa salarial con números reales”, remarcó.

La funcionaria advirtió además que la situación vuelve a colocar al Municipio “en una posición de reclamo y de necesidad urgente”, ya que “la deuda del Gobierno provincial se mantiene, al igual que la demora en el envío de los fondos”.

Garay cuestionó especialmente que el veto a la norma no haya sido acompañado por medidas concretas para resolver la deuda que la Provincia mantiene con el Municipio capitalino.

“El veto no fue acompañado con la cancelación de la deuda y tampoco hubo un diálogo institucional que permita ponernos de acuerdo sobre cómo salimos de esta situación financiera compleja”, señaló.

Respecto de la modalidad actual de transferencia de recursos, explicó que si bien existen envíos semanales de fondos, el problema radica en la falta de previsibilidad y en el crecimiento sostenido de la deuda acumulada.

“Hay transferencias que son semanales pero lo que no podemos saber es cuándo van a llegar”, indicó, y agregó que la deuda provincial “supera los 30 días y no se achica por más transferencias semanales que realicen”.

Consultada sobre las razones detrás de las demoras en los pagos, Garay deslizó cuestionamientos políticos hacia el Ejecutivo provincial.

“Me parece que son más políticas que técnicas. Si fueran técnicas ya hubieran explicado por qué no pueden transferir ni saldar lo que deben al Municipio”, manifestó.

Finalmente, la jefa de Gabinete planteó la necesidad de abrir un espacio de negociación institucional entre la Provincia y los municipios para buscar una salida consensuada al conflicto financiero.

“Lo ideal sería tener una mesa técnica y también política para definir entre todos cómo llegamos a un equilibrio entre la Provincia y los municipios”, sostuvo.

No obstante, dejó abierta la posibilidad de avanzar por la vía judicial si no existen respuestas concretas del Ejecutivo provincial.

“Estamos dispuestos a tener una instancia de diálogo y vamos a agotar todas las instancias, pero si tenemos que avanzar judicialmente lo vamos a hacer”, concluyó.